COLQUIRI 100% ESTATAL

10-09-12

COLQUIRI 100% ESTATAL 

El conflicto suscitado hace dos meses atrás en el centro minero de Colquiri, y la actual situación de hostilidad entre mineros asalariados y cooperativistas nos ratifica las marcadas diferencias entre ambos sectores.  

Cuando analizamos las causas que motivaron lo suscitado en Colquiri evocamos inmediatamente a octubre de 2006, cuando las cuatro cooperativas que operaban en la zona decidieron tomar por la fuerza las operaciones de la Empresa Minera Huanuni en el cerro Posokoni de ese distrito, que dejó como saldo lamentable 13 muertos y decenas de heridos.

Ya en ese entonces se veía con preocupación que este cruento episodio pueda replicarse en Colquiri, zona minera de similares características, que en sus entrañas cobija tanto a trabajadores asalariados de la empresa privada y cooperativistas mineros. No nos equivocamos, el avasallamiento a la Compañía Minera Colquiri por parte de los cooperativistas mineros fue cuestión de tiempo. 

Para hacer una recapitulación de los hechos que circundan a Colquiri, debemos partir del contexto de 1 985, cuando fruto de la Nueva Política Económica se dispuso la relocalización de miles de trabajadores incluyendo a este distrito. Liquidada la actividad minera estatal, en 1997 en claro afán privatista, Gonzalo Sánchez Lozada mandó a elaborar la Ley 1777 (Código Minero en actual vigencia) que con sus artículos 91 y 94 limitó el rol de la COMIBOL, autorizando incluso a la enajenación de su patrimonio.

El plan del ex mandatario se consuma el año 1999;  como regalo de noche buena, su empresa la Compañía Minera del Sur – COMSUR, a través del DS 25631 de 24 de diciembre (gobierno de Hugo Banzer), se adjudica la licitación del contrato de arrendamiento de Colquiri, ofreciendo un porcentaje de participación del 3,5% del Ingreso Neto de Fundición y una inversión de 2 millones de dólares en los dos primeros años, esto se consolida en abril del año 2000 fecha en la que la COMIBOL, Compañía Minera Colquiri, COMSUR y Actis, firman un Contrato de Arrendamiento de la mina Colquiri por 30 años, con posibilidades de ser ampliado por acuerdo entre partes, “si aun existieran reservas minerales”, para la explotación de zinc y estaño. Este contrato estableció un canon de arrendamiento de 2,8% del Ingreso Neto de Fundición por los primeros 4 años y luego el 3,5% por los otros restantes, esto incluía un goce de los activos de Colquiri que a tiempo de su arrendamiento tenía toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades mineras: campamento, caminos, energía eléctrica, así como un valor en reservas mineras entre zinc y estaño de $us 192.000.000 (positivo y probable al año 2000).

Este contrato, junto al de Porco (Potosí, bajo dominio también de Sinchi Wayra), siempre fueron objeto de  crítica por los bajos ingresos que reportan para el Estado; además, en su oportunidad estos fueron acusados de dolo y lesivos contra el patrimonio del Estado; cabe mencionar que, dichos contratos nunca fueron enviados al Congreso para su consideración, aprobación o rechazo, como lo establecía la anterior Constitución Política del Estado. A esta serie de observaciones se debería sumar, ¿cuan facultada estaba COMSUR para subarrendar concesiones a favor de cooperativas mineras?, como lo hizo para asegurarse para cumplir con sus niveles de producción. El panorama se ensombrece más en febrero de 2005, cuando de forma sorpresiva a través de la prensa nacional se informa del traspaso de acciones de COMSUR a favor de la transnacional Glencore AG, que desde la fecha opera a través de su subsidiaria Sinchi Wayra en diferentes áreas mineras en el país.

Ante este complicado y doloroso panorama se suma las últimas determinaciones del Gobierno cuando determinaron revertir solo las concesiones de Sinchi Wayra, echo que fue considerado como un paliativo, a un asunto tan delicado.

Los desatinos continuaron, primero: cuando el gobierno a través de disposiciones gubernamentales entregó la veta Rosario, en mayor porcentaje al sector cooperativo lo que como era obvio causo molestia en el sector de los mineros asalariados. Segundo. como clara prueba de la verdadera actitud de los cooperativistas, Andres Villca actual senador y ex presidente de FENCOMIN, públicamente señaló que la Cooperativa Minera 26 de Febrero, que opera en áreas de Colquiri, busca una empresa extranjera para explotar la veta Rosario, que el Gobierno les otorgó junto con la estatización de ese yacimiento en junio. El parlamentario en cuestión justificó que su sector tiene “todo el derecho, todos los contratos que están firmados por las cooperativas con la Comibol tienen la opción de hacer (contratos de) riesgo compartido, tal es el caso de lo que sucede en la localidad de Poopó en Oruro, donde las cooperativas de la zona firmaron un contrato de Riesgo Compartido con la COMSUR y donde el Estado tiene una mínima participación. Pretender que una transnacional ingrese a Colquiri a través de las cooperativas, es una flagrante violación a las resoluciones firmadas (DS 1337 y DS 1264) que prohíbe a la cooperativa que subcontrate a una empresa transnacional o nacional para que realice explotación en la veta Rosario, así lo señala el texto en su inciso tercero del artículo 3, donde claramente señala: “La Cooperativa 26 de Febrero Ltda. realizará la actividad minera de explotación de las vetas Rosario, Rosario D y Rosario N de manera integral sobre la base de un proyecto minero, sin asociarse con empresas transnacionales o con empresas privadas organizadas en Bolivia”

Una vez más se ratifica que los mineros cooperativistas buscan velar solo por sus intereses, y es que en nuestra lógica es incomprensible esta actitud, debido a que fueron años en los que se lucho por sacar a la transnacional Glencore y su subsidiaria Sinchi Wayra de Colquiri y ahora los cooperativistas pretenden que ingrese otra.

Albino García presidente de FENCOMIN en días pasados dio otra clara prueba de la línea que siguen las cooperativas Mineras cuando afirmó: “Si hay una persistencia de parte de los trabajadores asalariados del distritito minero de Colquiri, no hay otra cosa que tomar también nuestra posición, indicando que esta será la cooperativización, ya existiendo un Decreto Supremo del año 1986, donde establece la entrega total del yacimiento a las cooperativas”, con esta declaración el dirigente con plena convicción dejo clara las cosas, que las cooperativas mineras no siguen la línea de lo que se denominó proceso de cambio y más al contrario siguen con la vieja mentalidad implantada por la “Nuevo Política Económica” impuesta por el MNR cuando dispuso el despido masivo de los trabajadores mineros, la enajenación de nuestros bienes y la privatización de nuestras minas.

La nacionalización de Colquiri y su actual manejo por parte de la COMIBOL, ratifica que es la vía que debemos seguir, la clara muestra de aquello es que a los dos meses de haber sido nacionalizada, generó 9 millones de dólares con ventas de estaño a la Empresa Metalúrgica Vinto en Oruro, ¿las cooperativas cuanto?

Argumentos sobran para exigir la nacionalización del 100% del yacimiento de Colquiri, ahora la decisión la tiene el gobierno, considerando que una decisión equivocada y de seguir empeñados de mantener a ambos sectores en Colquiri derivará en un mayor costo político. 

La Paz, septiembre de 2012

Célula Ho Chi-ming

PC-mlm