SER COOPERATIVISTA MINERO

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26-09-12

SER COOPERATIVISTA MINERO

Alfredo Zaconeta Torrico

Ni duda cabe que la reactivación minera ocasionada por la escalada de precios a partir del año 2003, trajo consigo no solo bonanza económica, empleos y reactivación de centros mineros que fueron silenciados con el DS 21060; también trajo consigo avasallamientos, enfrentamientos por intereses creados tal como se vivieron en Caracoles, Huanuni y hoy en Colquiri.

En los casos mencionados las circunstancias casi siempre fueron las mismas, cooperativistas en busca del dominio del yacimiento. En Caracoles (2004) lo lograron, en Huanuni (2006) no tuvieron éxito y hoy en Colquiri quieren medir fuerzas nuevamente.

Para entender mejor las causas de estos conflictos debemos inicialmente recordar que el cooperativismo tiene su origen en el sistema capitalista durante la primera fase de la industrialización, con el ideal de poder paliar la miseria provocada por este sistema mediante la “COOPERACIÓN” entre todos los afectados, organizándose en cooperativas de consumo, producción, ahorro y crédito.

En nuestro país; debido a su dependencia y atraso en el siglo XX, no pudo diversificar su economía y al ser un país donde predominaba la producción minera, no pudo absorber la mano de obra desocupada durante los periodos de crisis del sistema capitalista, los desocupados mineros recurren para sobrevivir a la caridad pública o la dotación de áreas mineralizadas para desarrollar trabajos como arrendatarios del Estado o el sector privado: así surgen las primeras cooperativas mineras en Bolivia.

En Bolivia la última crisis que repercutió de forma negativa en la minería fue la caída del precio de algunos minerales a partir de 1983, lo que dio posibilidad a que el MNR en 1985 ponga en marcha su “Nueva Política Económica” a través del DS 21060, despida a más de 20.000 mineros asalariados, cierre algunas minas y privatice otras. Además a través de este Decreto genocida da rienda libre a la libre comercialización y exportación de minerales, lo que hasta el momento se ha vuelto en uno de los principales incentivos para generar la informalidad en el sector minero a través de las cooperativas mineras y varios “empresarios” mineros.

En las primeras décadas del siglo XX el cooperativismo minero creció sin ley alguna. Esta ausencia de normas dejo librado crecimiento del cooperativismo. Este hecho es subsanado en alguna medida el 13 de septiembre de 1958, con la promulgación de la Ley de Sociedades Cooperativas, que recién entró  en vigencia el 1 de enero de 1959 y que paradójicamente, hasta la fecha no cuenta con una reglamentación, pese a varios intentos.

Esta Ley tiene entre sus principales objetivos: “Regular el funcionamiento autónomo de las Cooperativas y diferenciarlas de las personas, servicios y asociaciones de capital con fines de lucro”

También: “Limitar a las sociedades lucrativas que, con el nombre de Cooperativas, estaban lucrando con las ventajas, exenciones y privilegios que otorgaba el Estado a este tipo de organizaciones”.

Como ya es de dominio público, estos objetivos en la actualidad han quedado en el papel y solo son recurrentes al momento del discurso, debido que en la actualidad las cooperativas mineras, la mayoría de ellas, han llegado a constituirse en pequeñas empresas privadas y en varios casos, como las cooperativas que operan en el Cerro Rico de Potosí se aplica el subempleo por parte de los socios del sistema cooperativo.

Es vox pupuli que en varios distritos mineros los socios de las cooperativas mineras no son los que precisamente trabajan al interior de la mina; estos sólo cumplen funciones de administración a través del rol de eternos dirigentes en las federaciones regionales, departamentales y la nacional. La consulta debería ser entonces de los 100 mil trabajadores del sistema cooperativo que aseguran ser, ¿Cuántos son socios verdaderos? y, ¿cuántos son empleados de los cooperativistas?.

Y es que, ser cooperativista minero en estos días se ha constituido en un buen rédito, ya que las ventajas que los gobiernos de turno han brindado a este sector las hace atrayentes, ejemplo:

Ley 1786: (Sánchez de Lozada - 1997) autoriza la enajenación de los activos de la COMIBOL a favor de las cooperativas mineras y otros en calidad de ventas al crédito y/o arrendamiento financiero. (Hasta el año 2006 las cooperativas mineras debían a la COMIBOL 12 millones de dólares y tramitaban su condonación)

DS 25910 (Banzer - 2000) incluye a la FENCOMIN para poder efectuar evaluaciones técnicas y asistencia técnica en las transferencias de activos de la COMIBOL.

DS 26318, 26354 (Quiroga - 2001), 26812 (Sánchez de Lozada - 2002) y 27358 (Mesa - 2004), establecen la vigencia del Programa Minero de Empleo Productivo I, II y III, mediante el cual el Estado a través de COMIBOL subvencionó a fondo perdido a las cooperativas mineras y minería chica la caída del precio de los minerales. Entre el 2001 y 2004 la COMIBOL subvencionó con 8.7 millones de dólares, así mismo creó el Programa de Empleo Minero de Emergencia que entre los años 2002 y 2005 significó una erogación de más de 2 millones de dólares.

DS 27137 (Sánchez de Lozada - 2003) que extingue las deudas de  las cooperativas mineras con el ex Banco Minero de Bolivia y el ex Fondo Nacional de Exploración Minera.

DS 27192 (Sánchez de Lozada – 2003) que modifica la estructura del directorio de COMIBOL de siete a ocho directores y se da la apertura – de manera inconstitucional- para el ingreso de tres directores nombrados por FENCOMIN.

DS 27206 : (Sánchez de Lozada – 2003) que determina la condonación de deudas por concepto de multas e intereses por aportes al Seguro a Corto Plazo de las cooperativas a la Caja Nacional de Salud y autoriza a la COMIBOL el desembolso a fondo perdido de 896 mil bolivianos por aportes devengados de las cooperativas.

A esta pequeña muestra de medidas que favorecen a las cooperativas, se debe sumar las ventajas que  el actual gobierno también les otorgó: regaló compresoras, perforadoras, volquetas, ambulancias, retroexcavadoras, canchas, sedes sociales, ingenios, etc., a las diferentes cooperativas mineras asentadas en el país.

Las cooperativas también encuentran ventajas en el régimen impositivo minero en actual vigencia; a  diferencia de los operadores privados y estatal, el sistema cooperativo se encuentra exenta de pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Alícuota Adicional al IUE, el IVA, además, en el caso de las regalías mineras del 100% estipulado por la Ley 3787 a cada mineral, las cooperativas solo llegan a pagar el 60% tras el proceso de comercialización al cual están sometidos, además de trabajar en yacimientos “marginales” (tal como ocurre con los yacimientos auríferos).

El tema de previsión, mitigación y remediación ambiental es otro tema pendiente en el sector minero cooperativo, pese a las reiteradas intenciones del gobierno por normar este aspecto.

En el caso particular de Colquiri, los intereses de fondo de los cooperativistas quedaron al descubierto. La primera: la declaración del Senador Andrés Villca que señaló: “La cooperativa 26 de febrero, que opera áreas de Colquiri busca una empresa extranjera para explotar la veta Rosario”, esta aseveración provocó una justificada reacción de parte los mineros asalariados, que con movilizaciones lograron la salida de la empresa Sinchi Wayra de este distrito; sin embargo, las cooperativas pretendían el ingreso de otra.

La segunda: las declaraciones del Presidente de FENCOMIN Albino García, quien ante las circunstancias afirmó: “Si hay una persistencia de parte de los trabajadores asalariados del distrito minero de Colquiri, no hay otra cosa que tomar también nuestra posición, indicando que esta será la cooperativización, ya existiendo un DS del año 1986, donde se establece la entrega total de yacimientos a las cooperativas”. Con ambas declaraciones los cooperativistas ratifican su posición de no estar en la línea del gobierno. Los cooperativistas socios de todos los gobiernos neoliberales y otros, solo pretenden fortalecer la presencia de las transnacionales mineras en calidad de socios a través de la reposición de la política económica del MNR dispuesta en 1986 con el DS 21060.

Las circunstancias están claras, las cooperativas mineras no son cooperativas, no cumplen las premisas del cooperativismo. Lenín decía: “La sociedad socialista es una cooperativa única”, de ahí que las cooperativas como expresión colectiva de la cooperación, simple o compleja e integral, serán predominantemente capitalistas dentro del sistema y deberían ser socialistas cuando se desarrollan dentro el socialismo, modelo del cual aún nos encontramos muy distantes.

Un último apunte, en diversas declaraciones, algunas autoridades de gobierno solo manejan algunos datos sesgados. Hacen referencia al aporte por concepto de regalías mineras del pasado año señalando que: La Minería Estatal aporto $us 9,5 millones, la Minería Mediana (privada) $us 114,8 y las  Cooperativas $us 43,7 millones.

Sin embargo las autoridades omiten los datos que reporta el Impuesto a las Utilidades Específicas (IUE) que en el 2011 reportó las siguientes cifras: Minería Estatal $us 15 millones, Minería Mediana $us 234 millones y las cooperativas 0, equivalente a nada.

Nos ratificamos en asegurar que si el gobierno continúa insistiendo en mantener a los dos sectores mineros en conflicto en Colquiri, solo estará alentando a futuros conflictos con fatales consecuencias humanas y políticas, además de una alta condena de la opinión pública en general.

Alfredo J. Zaconeta Torrico. Es periodista.    

SOBRE EL CARÁCTER DEL “COOPERATIVISMO” MINERO

24-09-12

SOBRE EL CARÁCTER DEL “COOPERATIVISMO” MINERO

 El enfrentamiento entre trabajadores mineros sindicalizados de la minería nacionalizada y los mineros de las llamadas falsamente “cooperativas”, ha llegado a un nivel intolerable al desenmascarar completamente el carácter de este llamado cooperativismo minero.

Las manifestaciones de protesta y de reivindicación de cualquier sector social son indudablemente legítimas, empero en cuanto se emplean armas letales como son los cachorros y las dinamitas para intimidar al Gobierno, a la población y a los enemigos del momento, no pueden ser toleradas en las actuales circunstancias.

Sabemos muy bien que el sector minero llamado “cooperativista” que existía en muy pequeña dimensión antes de la vigencia del neoliberalismo, ha ido creciendo de un modo incontenible a partir de la llamada relocalización de los trabajadores mineros de COMIBOL. El gobierno neoliberal de Sánchez Lozada dividió todo el complejo minero nacional entre el sector transnacionalizado (San Cristóbal), las empresas privadas, sus propias propiedades y un sector llamado “cooperativo”, reduciendo COMIBOL (sector estatal) a la mínima expresión.

 Es éste precisamente el origen de un verdadero engendro empresarial-sindical que amenaza con agredir directamente a toda la población en la disputa entre sindicalizados de la minería estatal y los falsos “cooperativistas”. El “cooperativismo”  minero que crece día a día, amenaza no solamente a sus creadores sino a toda la población.

Actualmente nos encontramos con un movimiento enorme que se acerca a los cien mil trabajadores explotados económicamente por un sector privilegiado de verdaderos empresarios que contratan mano de obra barata,  que trabaja del modo más primitivo que se puede imaginar, mientras los propietarios de las “cooperativas”, llamados “cabecillas”, amasan verdaderas fortunas con el trabajo sacrificado de sus trabajadores.

A decir verdad, la conducta del Gobierno ha estado completamente desacertada, pues ha ido concediendo paulatinamente una serie de beneficios y prebendas a ese sector que ya, a la fecha, tiene una gran capacidad de presión con la movilización de miles y miles de trabajadores que pueden desestabilizar a cualquier gobierno y no precisamente en el sentido revolucionario, sino en una ampliación del sector privado de la minería nacional con posibilidades de desnacionalizar toda la minería del país.

 Sabemos bien que el sistema general de la cooperación es una forma productiva reconocida plenamente en la actual Constitución Política del Estado, pero este reconocimiento no puede alcanzar a falsas “cooperativas” que en realidad no practican la cooperación, sino un vulgar y corriente sistema capitalista de propiedad privada pequeña y mediana que desarrolla la explotación del hombre por el hombre.

El criterio electoralista que parece conducir la política minera del Gobierno, ha ocasionado un problema mayúsculo que será difícilmente conjurado. Por de pronto lo urgente es impedir que el sector privado “cooperativista” siga creciendo en desmedro de la minería nacionalizada, pues es imposible que, en las actuales circunstancias, se logre que el “cooperativismo” minero se transforme en un auténtico sistema de cooperación de acuerdo con la Ley vigente del cooperativismo en general.

Los acontecimientos lamentables que ocasionaron estos trabajadores con su criminal lanzamiento indiscriminado de dinamitas, no puede pasarse por alto y debe ser identificado el asesino que lanzó dinamitas contra la sede sindical de los mineros asalariados. La vida del minero Choque debe ser investigada por el Ministerio Público.

Ahora el “cooperativismo” minero movilizado, amenaza con un bloqueo de caminos a nivel nacional que puede ocasionar nuevos enfrentamientos no solamente con el sector sindicalizado minero, sino con la población en general que tiene el derecho de circular normalmente por el territorio nacional.

PCBmlm

COLQUIRI 100% ESTATAL

10-09-12

COLQUIRI 100% ESTATAL 

El conflicto suscitado hace dos meses atrás en el centro minero de Colquiri, y la actual situación de hostilidad entre mineros asalariados y cooperativistas nos ratifica las marcadas diferencias entre ambos sectores.  

Cuando analizamos las causas que motivaron lo suscitado en Colquiri evocamos inmediatamente a octubre de 2006, cuando las cuatro cooperativas que operaban en la zona decidieron tomar por la fuerza las operaciones de la Empresa Minera Huanuni en el cerro Posokoni de ese distrito, que dejó como saldo lamentable 13 muertos y decenas de heridos.

Ya en ese entonces se veía con preocupación que este cruento episodio pueda replicarse en Colquiri, zona minera de similares características, que en sus entrañas cobija tanto a trabajadores asalariados de la empresa privada y cooperativistas mineros. No nos equivocamos, el avasallamiento a la Compañía Minera Colquiri por parte de los cooperativistas mineros fue cuestión de tiempo. 

Para hacer una recapitulación de los hechos que circundan a Colquiri, debemos partir del contexto de 1 985, cuando fruto de la Nueva Política Económica se dispuso la relocalización de miles de trabajadores incluyendo a este distrito. Liquidada la actividad minera estatal, en 1997 en claro afán privatista, Gonzalo Sánchez Lozada mandó a elaborar la Ley 1777 (Código Minero en actual vigencia) que con sus artículos 91 y 94 limitó el rol de la COMIBOL, autorizando incluso a la enajenación de su patrimonio.

El plan del ex mandatario se consuma el año 1999;  como regalo de noche buena, su empresa la Compañía Minera del Sur – COMSUR, a través del DS 25631 de 24 de diciembre (gobierno de Hugo Banzer), se adjudica la licitación del contrato de arrendamiento de Colquiri, ofreciendo un porcentaje de participación del 3,5% del Ingreso Neto de Fundición y una inversión de 2 millones de dólares en los dos primeros años, esto se consolida en abril del año 2000 fecha en la que la COMIBOL, Compañía Minera Colquiri, COMSUR y Actis, firman un Contrato de Arrendamiento de la mina Colquiri por 30 años, con posibilidades de ser ampliado por acuerdo entre partes, “si aun existieran reservas minerales”, para la explotación de zinc y estaño. Este contrato estableció un canon de arrendamiento de 2,8% del Ingreso Neto de Fundición por los primeros 4 años y luego el 3,5% por los otros restantes, esto incluía un goce de los activos de Colquiri que a tiempo de su arrendamiento tenía toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades mineras: campamento, caminos, energía eléctrica, así como un valor en reservas mineras entre zinc y estaño de $us 192.000.000 (positivo y probable al año 2000).

Este contrato, junto al de Porco (Potosí, bajo dominio también de Sinchi Wayra), siempre fueron objeto de  crítica por los bajos ingresos que reportan para el Estado; además, en su oportunidad estos fueron acusados de dolo y lesivos contra el patrimonio del Estado; cabe mencionar que, dichos contratos nunca fueron enviados al Congreso para su consideración, aprobación o rechazo, como lo establecía la anterior Constitución Política del Estado. A esta serie de observaciones se debería sumar, ¿cuan facultada estaba COMSUR para subarrendar concesiones a favor de cooperativas mineras?, como lo hizo para asegurarse para cumplir con sus niveles de producción. El panorama se ensombrece más en febrero de 2005, cuando de forma sorpresiva a través de la prensa nacional se informa del traspaso de acciones de COMSUR a favor de la transnacional Glencore AG, que desde la fecha opera a través de su subsidiaria Sinchi Wayra en diferentes áreas mineras en el país.

Ante este complicado y doloroso panorama se suma las últimas determinaciones del Gobierno cuando determinaron revertir solo las concesiones de Sinchi Wayra, echo que fue considerado como un paliativo, a un asunto tan delicado.

Los desatinos continuaron, primero: cuando el gobierno a través de disposiciones gubernamentales entregó la veta Rosario, en mayor porcentaje al sector cooperativo lo que como era obvio causo molestia en el sector de los mineros asalariados. Segundo. como clara prueba de la verdadera actitud de los cooperativistas, Andres Villca actual senador y ex presidente de FENCOMIN, públicamente señaló que la Cooperativa Minera 26 de Febrero, que opera en áreas de Colquiri, busca una empresa extranjera para explotar la veta Rosario, que el Gobierno les otorgó junto con la estatización de ese yacimiento en junio. El parlamentario en cuestión justificó que su sector tiene “todo el derecho, todos los contratos que están firmados por las cooperativas con la Comibol tienen la opción de hacer (contratos de) riesgo compartido, tal es el caso de lo que sucede en la localidad de Poopó en Oruro, donde las cooperativas de la zona firmaron un contrato de Riesgo Compartido con la COMSUR y donde el Estado tiene una mínima participación. Pretender que una transnacional ingrese a Colquiri a través de las cooperativas, es una flagrante violación a las resoluciones firmadas (DS 1337 y DS 1264) que prohíbe a la cooperativa que subcontrate a una empresa transnacional o nacional para que realice explotación en la veta Rosario, así lo señala el texto en su inciso tercero del artículo 3, donde claramente señala: “La Cooperativa 26 de Febrero Ltda. realizará la actividad minera de explotación de las vetas Rosario, Rosario D y Rosario N de manera integral sobre la base de un proyecto minero, sin asociarse con empresas transnacionales o con empresas privadas organizadas en Bolivia”

Una vez más se ratifica que los mineros cooperativistas buscan velar solo por sus intereses, y es que en nuestra lógica es incomprensible esta actitud, debido a que fueron años en los que se lucho por sacar a la transnacional Glencore y su subsidiaria Sinchi Wayra de Colquiri y ahora los cooperativistas pretenden que ingrese otra.

Albino García presidente de FENCOMIN en días pasados dio otra clara prueba de la línea que siguen las cooperativas Mineras cuando afirmó: “Si hay una persistencia de parte de los trabajadores asalariados del distritito minero de Colquiri, no hay otra cosa que tomar también nuestra posición, indicando que esta será la cooperativización, ya existiendo un Decreto Supremo del año 1986, donde establece la entrega total del yacimiento a las cooperativas”, con esta declaración el dirigente con plena convicción dejo clara las cosas, que las cooperativas mineras no siguen la línea de lo que se denominó proceso de cambio y más al contrario siguen con la vieja mentalidad implantada por la “Nuevo Política Económica” impuesta por el MNR cuando dispuso el despido masivo de los trabajadores mineros, la enajenación de nuestros bienes y la privatización de nuestras minas.

La nacionalización de Colquiri y su actual manejo por parte de la COMIBOL, ratifica que es la vía que debemos seguir, la clara muestra de aquello es que a los dos meses de haber sido nacionalizada, generó 9 millones de dólares con ventas de estaño a la Empresa Metalúrgica Vinto en Oruro, ¿las cooperativas cuanto?

Argumentos sobran para exigir la nacionalización del 100% del yacimiento de Colquiri, ahora la decisión la tiene el gobierno, considerando que una decisión equivocada y de seguir empeñados de mantener a ambos sectores en Colquiri derivará en un mayor costo político. 

La Paz, septiembre de 2012

Célula Ho Chi-ming

PC-mlm

REVERSION DE MALLKU KHOTA

REVERSION DE MALLKU KHOTA

Ubicación e historia

El Proyecto Minero Malku Khota está ubicado en el Departamento de Potosí, a 4200 msnm a 100 km al Este de Oruro y 85 km al Sur de Cochabamba, entre el cantón Sacaca de la provincia de Alonso de Ibáñez, y los cantones de Toracari y San Pedro de Buena Vista de la Provincia de Charcas.

La minería en la zona de Malku Khota data de la época colonial, y se extiende durante el siglo XIX, donde se explotaban pequeñas vetas con mineralización de oro-plata con contenidos de 2 a 47 g/t de oro y 27 a 1500 g/t de plata.

Durante el 2004, la empresa desarrolla un programa de mapeo geológico y muestreo geoquímico cuyos resultados indicaron que el área de Malku Khota tiene el potencial para albergar mineralización de plata diseminada dentro de las areniscas que se extienden más de 15 kilómetros.

Los años 2004 y 2005, la empresa completó el reconocimiento inicial del área concesionada de 4.125 hectáreas que incluye la cartografía geológica y la recolección de 1.120 muestras de astillas de roca a través de las unidades de arenisca que contienen plata.

El 2005, se completó un programa sustancial de muestreo de superficie y subterráneo, que confirmó la existencia de grandes anchos de mineralización de plata diseminada en la superficie y en los trabajos subterráneos antiguos.

Desde mayo 2007 hasta diciembre 2010 la Compañía Minera Malku Khota completó un total de 42.704 metros de perforación lineal en 121 pozos a diamantina.

Los minerales de plata identificados en afloramientos, galerías y pozos de perforación son en su mayoría sulfuros (acantita) y sulfosales complejas, óxidos, yoduros, bromuros y que a menudo incluyen hierro, plomo y antimonio en sus estructuras.

No se han podido identificar minerales específicos de indio pero hay evidencias de que el elemento indio se encontraría en los minerales Jamesonita y acantita.

De acuerdo al estudio de pre-factibilidad realizado por la empresa, se tenía planificado efectuar una inversión de 300 a 500 Millones de $us, existiendo un potencial de mina a rajo abierto de gran volumen y baja ley con un tamaño de mina en estudio de 20.000 a 40.000 toneladas/día, una ley media de plata de 30,5 g/t y una ley media de indio de 5,8 g/t; los recursos estimados hasta el momento son de 320.000 onzas de plata y 1.800 t de indio.

Reversión

El 1º de Agosto de 2012, mediante D.S. 1308 se revirtió a poder del Estado el prospecto minero “Mallku Khota”, esta medida parecería acertada, ya que en primera instancia se ve como si se estuviera revirtiendo el yacimiento de una empresa transnacional como la South American Silver al Estado para que sea explotado por la COMIBOL; sin embargo, es necesario realizar un análisis más profundo. Las comunidades que impulsaron esta nacionalización no saben en realidad que este es un prospecto y no un yacimiento minero, para que este prospecto pase a ser un yacimiento minero falta mucho, pues es necesario terminar de cuantificar los recursos que hasta ahora se han calculado, además de determinar el proceso metalúrgico de recuperación, etc. Por otro lado también se debe analizar que los principales impulsores de esta medida son algunos lugareños que estarían queriendo conformar una cooperativa con el fin de realizar la explotación de oro en el lugar; una explotación sin normas medio ambientales, desordenada y poco planificada, como generalmente trabajan las cooperativas que dicho sea de paso no realizan aportes al Estado.

El proyecto había sido trabajado desde el 2004 y se tenía planificado concluir con la fase de exploración el 2015, es decir que faltaban todavía unos 3 años de exploración, toda la etapa de prospección-exploración es la etapa en la cual se deben invertir recursos económicos sin generar ningún tipo de ingreso, en esta etapa se diseña incluso el modo de explotación, plantas metalúrgicas, etc. Así que la COMIBOL deberá invertir recursos económicos para continuar con la exploración por lo menos unos 3 años más, siempre y cuando consiga obtener la información ya generada por la South American Silver, de no ser así los 8 años de exploración realizados por la empresa deberán volverse a trabajar por la COMIBOL; otro punto a considerar es el tecnológico, COMIBOL no tiene experiencia en yacimientos de este tipo, puesto que, la metalogénesis de este prospecto es muy complicada y única, con minerales diseminados de plata, indio, galio, plomo, zinc y cobre.

No se ha realizado aun una estimación de reservas debido a que la extensión de la mineralización no está suficientemente definida. La información disponible es de carácter preliminar y no hay certeza de que la evaluación preliminar se hará realidad, esta es la situación de este prospecto, más aún si consideramos que estas empresas generalmente captan recursos de la bosa de valores, razón por la cual es posible que se haya sobre valorado algunos datos con el fin de hacer más atractivo el prospecto en la bosa.

Actualmente en Bolivia son muy pocas las empresas mineras que realizan exploración y en este caso se trataba de un proyecto interesante por el indio que abría muchas posibilidades para el país de entrar en este escenario.

Con todos estos datos queda claro que, la reversión de este prospecto fue apurada y poco meditada, tal vez lo más acertado hubiera sido plantear un contrato de Riesgo Compartido con mayoría accionaria para COMIBOL, asegurando la planta de recuperación de indio y plata metálicos en Bolivia; haciéndole ver a la empresa que era la única forma de garantizar su presencia en el lugar, bajo esta alternativa el Estado hubiera garantizado mejores ingresos y la posibilidad de generar un nuevo emprendimiento minero de clase mundial.

Ahora, una vez tomada esta decisión, se debe dejar en claro que el país debe hacer fuertes inversiones todavía para poder hacer realidad este proyecto, debe negociar de manera adecuada con la South Amercian Silver la información generada y finalmente será necesario hacer ver a la gente del lugar que este tipo de yacimientos (gran volumen y baja ley) de ser confirmados, no pueden ser trabajados por una cooperativa y debe ser la COMIBOL la encargada de su explotación, por otro lado se debe concientizar a la gente del lugar que los empleos a generarse en la etapa de exploración, es decir por lo menos en los siguientes 3 años, no son muchos, pues en esta etapa son suficientes algunos muestreos y el principal gasto es en análisis químicos, perforaciones y pruebas metalúrgicas y no en mano de obra.

Finalmente es justo mencionar algunos de los motivos que impulsaron la reversión del prospecto, en primera instancia un perforista de una empresa peruana sub contratada por la South American Silver, fue denunciado por los comunarios de haber violado a una menor de edad del lugar, este hecho no fue bien manejado por la empresa que como siempre sucede subestimó este hecho y actuó de manera prepotente frente a la comunidad negando el hecho, que hasta donde se sabe ocurrió; esta fue la chispa que inicio el conflicto y dio lugar a posteriores acciones violentas por parte de los lugareños (tomas de campamentos, destrozos de maquinarias, etc.), luego la empresa no pudo controlar el desmedido crecimiento de una supuesta cooperativa, que incrementó el número de “socios” atraídos por la fiebre del oro; en ese momento el Estado intentó mostrar la contaminación ambiental que estaban produciendo estos supuestos cooperativistas y el motivo por el cual se oponían a las labores de exploración de la empresa, ante la situación de convulsión imperante en el lugar, la empresa debió haber paralizado toda sus actividades en el área; sin embargo, peor aún envío a dos de sus técnicos en calidad de espías a tomar fotografías de un cabildo disfrazados de comunarios; lógicamente estos técnicos fueron descubiertos y dieron lugar al desenlace que todos sabemos en el cual la posibilidad de negociar de manera adecuada era imposible.

 La Paz, Septiembre, 2012

PCBMLM

BOLIVIA Y LA MINERÍA DE HOY DIAGNOSTICO, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE

BOLIVIA Y LA MINERÍA DE HOY

DIAGNOSTICO, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE

Desde la ascensión al gobierno por parte del c. Evo Morales en enero de  2006, la política minera del país tuvo un giro de 180 grados. Lo que era un ministerio, e instituciones mineras dedicadas a la administración de contratos, hoy son instituciones productivas, que de poco cambian esta situación con esfuerzos importantes por devolverle al Estado un rol protagónico en las actividades mineras, es así que se han tenido hitos importantes en los últimos años como:

·       Firma del contrato con el Mutún (el contrato más grande de la historia minera del país, $us 2100 millones )

·       Implementación de la planta de Recursos Evaporíticos en el Salar de Uyuni con una inversión de $us 8.4 millones

·       Reactivación de operaciones mineras y refinación del azufre en la mina Capuratas

·       Implementación de la planta de acido sulfúrico  de Eucaliptus

·       Activación de la planta Hidrometalurgica Corocoro

·       Reactivación del ingenio de Machacamarca y mejoramiento del ingenio de Santa Elena que permitió incrementar de 680 t/d a 1300t/d

·       Modernización e Instalación del Horno Ausmelt en Vinto con una inversión de $us 25 millones

·       La creación de la Empresa Boliviana del Oro, que será la encargada de comercializar el oro que se explota en el país tanto del sector privado, cooperativista y estatal, generando así divisas al Estado Plurinacional de Bolivia.

1.     MINERIA SIN VALOR AGREGADO

Durante estos años se ha tropezado con problemas que han impedido un avance más significativo en materia de política minera, los cuales pasamos a desarrollar para una mejor comprensión:

·       Se mantiene el patrón primario exportador. A excepción de Vinto, y Corocoro, no se han desarrollado otras plantas de fundición que puedan darle un valor agregado a nuestros minerales que se extraen actualmente del país. Si bien se espera que esta situación a futuro cambie con la implementación de dos plantas de zinc y la puesta en marcha de Karachipampa; sin embargo esto tarda debido a la burocracia administrativa, puesto que el aparato del ejecutivo continuo trabajando bajo leyes y las normas heredadas por el neoliberalismo.

Exigimos agilizar todas las gestiones para la instalación de plantas hidrometalurgicas para  zinc, plomo y plata.

·       Los factores de relación comercial en desmedro del país como exportador de concentrados. Mientras no se cambie esto, en el país seguiremos viendo como la mayor parte de las ganancias por la explotación minera enriquece a las transnacionales,  comercializadores, fundiciones o ingenios privados; esta situación debe cambiar, para ello será necesaria una fuerte voluntad política que concrete la política minera con visión de generar valor agregado a través de la fundición, siderurgia plantas de Cemento. A esta política deberá sumarse una norma que obligue a que las empresas mineras vendan su producción al Estado para garantizar el funcionamiento de estas plantas.

·       Falta de políticas de prospección y exploración. El desmantelamiento que sufrieron las instituciones del Estado por parte de gobiernos neoliberales, derivó en que esta labor geológica quedara en manos  privadas. A  esto hay que sumarle la  dificultad que se tiene para retener a personal calificado respecto a la oferta de la empresa privada.  Como Estado se debe tener la voluntad de crear una entidad estatal fortificada lejos de las injerencias sociales y políticas que hasta el momento no permitieron un desarrollo técnico de las instituciones encargadas de la prospección y exploración en el país.

·       No hay acceso a los mercados terminales (bolsa de metales). Es penoso ver, que pese a ser productores mundiales de minerales como  antimonio, plomo, estaño, bismuto entre otros, no tenemos incidencia al momento de decidir la cotización internacional de minerales. Habrá que definir políticas y estrategias, además de establecer alianzas para lograr incidir en las cotizaciones internacionales de minerales. En este factor debemos tomar en cuenta que Bolivia detenta el mayor reservorio de litio a nivel mundial; sin embargo deberá definirse cómo utilizar esta fortaleza para incidir en la cotización internacional de este metal.

·       Escasa diversificación de la minería. Al haberse reducido el aparato minero estatal durante el neoliberalismo, la diversificación de la actividad minera se ha estancado. La actividad minera estatal sigue como hace décadas, cuando se creó la COMIBOL. Se sigue trabajando en los mismos yacimientos, explotando los mismos minerales y procesando  poco de ellos.

Para cambiar esto, es necesario incidir en la investigación minera metalúrgica, para recuperar nuevos elementos, tales como el Indio, etc., también se deberá pensar en la exploración de recursos no tradicionales como los  elementos del grupo de los platinoides en el precámbrico boliviano, piedras semipreciosas en el sector de la Gaiba, etc.

·       No se cuenta con un marco jurídico actualizado que se adecúe a la nueva política de gobierno. En 5 años de gestión no se logró consensuar la nueva Ley Minera que este acorde con la política nacional, ejercerciendo un rol protagónico por parte del Estado. Se hizo diferentes intentos, sin embargo es difícil contentar a todos los sectores involucrados, que en su mayoría, anteponen sus intereses sectoriales antes que los intereses del país. Salvo la declaración del territorio nacional como reserva fiscal y modificación tributaria, además de restitución de facultades productivas a la COMIBOL, es poco lo que se ha avanzado en este tema y los únicos beneficiados son los cooperativistas mineros y empresarios privados, que siguen tributando ínfimas cantidades, cuando la coyuntura de precios es inmejorable para potenciar al sector minero a través de una política impositiva acorde a las grandes ganancias de estos operadores.

2. UNA MINERÍA ESTANCADA

Los tropiezos del sector minero no solamente son externos, sino también  internos, los cuales derivan en un mayor atraso en la implementación de medidas que generen de una vez por todas, el despegue de nuestra minería.

·       Lenta y débil transición estatal en la producción. A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno de transformar el aparato estatal minero, hasta la actualidad no se avanzó prácticamente nada y en el mejor de los casos la reestructuración y reingeniería estatal de las entidades son lentas.

Por otro lado, el abandono del Estado en la producción minera ha generado baches y pérdida de recursos humanos especializados, los cuales en su mayoría están de paso en las empresas del Estado, es decir, solamente hasta encontrar la posibilidad de migrar a la empresa privada, que siempre se hace más atractiva económicamente hablando.

·       La minería no cuenta con fuentes de financiamiento. Es necesario que el gobierno central y gobernaciones departamentales asignen  mayores recursos al sector. Se debe tomar en cuenta que la gran mayoría de emprendimientos mineros requieren una inversión económica fuerte. Esta inversión podría ser de parte del Estado con la reinversión de impuestos y regalías que se generen por la actividad minera.

3. LA MINERÍA Y SUS FACTORES NEGATIVOS

A estos problemas generales e internos se tiene que sumar los problemas relacionados con el impacto de la actividad minera.

·       Daños medioambientales. Existe complejidad en la adecuación de la actividad minera a las normas ambientales. Al ser un sector que explota los recursos naturales, se quiera o no, existe un impacto negativo en el medio ambiente y más por la informalidad en los métodos de explotación  de mineros chicos y cooperativistas. Lo que se debe tratar, es que este impacto por la actividad minera sea lo menor posible.

·       No existe una adecuada seguridad social e industrial. Los trabajadores mineros, no cuentan con una adecuada seguridad social e industrial, este efecto es mucho más notorio en el sector cooperativo,  donde no se tiene clara la situación de los trabajadores, no existen planillas, ni aportes para jubilación o seguridad social. Será necesario entonces redactar una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y normas laborales que garanticen estos derechos para los trabajadores del sector cooperativo.

·       Poca articulación del sector minero con las economías locales. La región poco se beneficia con el crecimiento de la empresa u operación minera. No se generan políticas de fomento. Debería establecerse  mecanismos que logren una interrelación entre comunidad y empresa, para que se pueda dotar de algunos servicios o insumos y así generar un efecto multiplicador que amplíe el beneficio de la actividad minera.

·       Falta de concepto verdadero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Tradicionalmente se menciona que la actividad minera trae desarrollo a las regiones en las que se encuentran los yacimientos mineros; sin embargo en el país esta historia ha sido diferente, ya que las empresas mineras llegan, realizan su actividad, se llevan los recursos y al agotarse el yacimiento se van sin haber dejado nada a la región más que  pobreza y contaminación. Para que esta historia cambie, el Estado deberá normar y exigir que las políticas RSE de las empresas mineras se cumplan fielmente, las mismas que deberán de dejar de ser de corte paternalistas y más al contrario deberán apuntar a un desarrollo integro de la comunidad.

·       Avasallamientos y conflictos sociales. Ante la falta de una política clara que regule al sector y principalmente debido a una mala interpretación de la Constitución Política del Estado, se produjeron   diferentes avasallamientos y conflictos sociales. Para evitar ello deberá incluirse en las políticas y normas a desarrollar por parte del Estado, la participación de la comunidad. Además abrirse la posibilidad de la  constitución de Empresas Sociales Comunitarias amparados en el art. 351 de la CPE.

4. PROPUESTAS HACIA UN DESARROLLO MINERO ESTATAL

Ante este panorama, realizamos algunos planteamientos los cuales creemos pueden ayudar al Estado a avanzar en la construcción de un sector minero estatal potenciado y fuerte.

·       Promulgación de una nueva ley minera. Es de suma urgencia y gran necesidad la promulgación de una ley minera que delimite las reglas y lineamientos que conduzcan al sector durante los próximos años y haga realidad el despegue definitivo de la minería estatal, que permita incrementar el cobro por regalías e impuestos y de esta forma apoyar al aparato productivo del país, con el fin de generar fuentes de empleo que tanta falta hacen.

Ejecutar una política de prospección y exploración agresiva. Se habla mucho de la necesidad de tener nuevos emprendimientos mineros en el país; sin embargo a la fecha no se ha hecho mucho o casi nada en materia de prospección y exploración, a excepción del trabajo hecho por  la Comibol en los yacimientos de Yarvicoya, Cobrizos y Abaroa.

Para cambiar esto será necesaria  la asignación de un presupuesto que provenga de las nuevas regalías e impuestos que pueden ser creados, fortaleciendo así las instituciones claves para este fin, (COMIBOL y el Sergeotecmin).

·       Migración de concesiones mineras a contratos mineros con objetivos y plazos claros. A partir de la promulgación del decreto 29117 de reserva fiscal, el Estado ha asumido un papel de perro del hortelano; no decimos que la política de reserva fiscal sea mala, al contrario, pensamos que es una parte de lo poco que se ha hecho por recuperar nuestra minería.

Para no dejar pasar la oportunidad de la actual coyuntura de precios, será necesaria la reglamentación de la misma, para que los actuales concesionarios mineros comiencen a trabajar con planes de trabajo y plazos claros; también la creación de un banco de datos donde se deposite todos los estudios e informes de toda actividad de prospección exploración realizados en territorio nacional, sean estas hechas por el Estado (COMIBOL y Sergeotecmin) o por operadores privados.

·       Inserción de las comunidades a la actividad minera. De acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, se tiene a las comunidades como actores importantes en el desarrollo de las regiones. Bajo este marco en el sector minero la consulta pública y la conformación de empresas comunitarias será importante para el desarrollo de las regiones a partir del descubrimiento de nuevos yacimientos. Creemos también que esta inserción de las comunidades a esta actividad extractiva evitara los continuos avasallamientos que se vinieron registrando en los últimos años, donde múltiples operaciones mineras se vieron afectadas.

·       Implementación de fundidoras y plantas hidrometalurgicas. La implementación de nuevas plantas hidrometalurgicas y de fundición serán  importantes en el nuevo rol del sector minero, ya que estas harán posible cumplir con el objetivo de incrementar los ingresos por la explotación de nuestros recursos minerales, principalmente tomando en cuenta el valor agregado que estas pueden generar.

·       Fortalecimiento en el control de producción, comercialización y exportación de minerales. Conocer a exactitud la producción nacional  minera es una incógnita. No se sabe cuánto se produce a exactitud de minerales (en el caso del oro, se espera revertir esta situación con la creación de la Empresa Boliviana del Oro). A excepción de las empresas productivas mineras estatales como Huanuni, en la mayoría de los casos, los valores de producción no están sujetos a una verificación, si bien con la creación del SENARECOM, se intenta revertir esta situación a la fecha aún no se tienen resultados importantes.

·       Emisión de normas que garantice la provisión de concentrados para las plantas metalúrgicas. A través de la emisión de normas se permitiría  garantizar el aprovisionamiento de concentrados, para el funcionamiento de las plantas fundidoras, evitando similitudes de lo que paso con la Planta de Karachipampa.

·       Alargar la vida útil de las minas en desarrollo. Con el fin de que las operaciones mineras otorguen beneficios al Estado por un tiempo mayor y de manera más sostenida, se deberá emitir normas para establecer límites de producción para alargar la vida útil de los yacimientos mineros, especialmente en yacimientos grandes (San Cristóbal, Inti Raymi) que generalmente son operados por transnacionales, las cuales con el objetivo de recuperar sus inversiones a corto plazo, someten a nuestros yacimientos a una explotación desmedida e irracional.

• Uso y abuso de los recursos hídricos. El Estado deberá normar el uso de agua para operaciones mineras. Actualmente se tiene el caso de la Minera San Cristóbal, que hace uso indiscriminado de grandes volúmenes de recursos hídricos de la región sin pagar un solo centavo por este concepto, a la larga esta región que de por si es ya bastante árida, verá incrementada esta preocupación por el agotamiento de sus recursos hídricos, sin tener si quiera, la opción de recurrir al agua subterránea por el agotamiento de sus acuíferos. Lo mismo sucede con la actividad aurífera que utiliza el agua para la recuperación del oro que  posteriormente la deja contaminada, la misma sin la posibilidad de usarla con otros fines y sin pagar por el uso de este recurso.

·       Eliminación del decreto 21060. Debemos comprender que para lograr una verdadera reactivación y potenciamiento de la actividad minera se debe erradicar definitivamente el decreto 21060. Medida política que aun vigente, es considerada como la piedra fundamental del neoliberalismo en el país, que va  en desmedro de la mayoría de los bolivianos. Con la eliminación de este decreto, el Estado debe volver a asumir el control en la comercialización de minerales y regular su posterior exportación, además que brindaría la oportunidad de reactivar el aparato productivo de otros rubros industriales como sucedida antes de la liquidación de la COMIBOL, cuando empresas como Manaco, Zamora, Ferrari Guezzi, Hilbo y el mismo servicio de ferrocarriles proveían de sus productos y servicios a la  minería estatal, generando así un efecto multiplicador que repercutía en la industria y economía nacional.  

Centro de Estudios: Ho Chi Minh