Radiografía de los medios de comunicación en Bolivia

Radiografía de los medios de comunicación en Bolivia tras conflicto del TIPNIS

 *Rafo Artigas

Las coberturas a la marcha de los TIPNIS y las elecciones judiciales recientes de octubre nos han revelado las tendencias y las intencionalidades políticas que tienen los medios privados de comunicación. Tras un balance cuidadoso, reflejamos que se han evidenciado fuertes intereses económico-políticos en medio de ese conflicto sobre todo de medios privados de comunicación en Bolivia.

La radiografía que les presentamos parte de un análisis al manejo de la información que efectuaron tanto los medios privados, así como los mismos estatales para tipificar un mapeo actual cuyo escenario ya nos prepara el rol que jugarán si se activa un posible conflicto antes de una recomposición en la estructura gubernamental.

Es de verificar cuidadosamente el rol que jugaron los medios privados, la exclusividad de sus notas periodísticas, durante los 65 días, el manejo de los temas con vinculaciones directas de los periodistas con los dirigentes de la marcha y la gran disposición técnica, logística con todo su arsenal para “atender” las demandas informativas de los pueblos indígenas no fue tan casual.

Manipulación informativa de medios privados

Revisando toda la historia de las marchas desde 1990, nunca se vio el despliegue mediático y más aun de medios privados que en temas indígenas, hicieran una cobertura amplia como la que vimos en esta coyuntura. Diversos observatorios de medios revelaron que sí hubo manipulación informativa de los medios privados durante ese conflicto.

El doctor en política José Luis Exeni, en su libro Mediamorfosis, realizó una caracterización de la transición de los medios de información masiva el conflicto del TIPNIS y afirmó que en ello “se desnudó el perfil de algunos medios privados que “ocultaron mostrando”, desinformaron en franca vulneración de la Ley de Leyes y del Código de Ética de la prensa, inflamaron el conflicto y se transformaron en verdaderos actores político-empresariales”.

Exeni dijo que los medios privados “realizaron una espectacular cobertura periodística: reportajes, noticias, comentarios, intervención de opinadores, reacciones, despachos en directo.  Al menos unos 40 informadores fueron desplazados al lugar”.

Especialmente la televisión apuntó sus mensajes al corazón, al sentimiento de la audiencia antes que al razonamiento. Su objetivo era conmover al público y, al parecer, mostrar un gobierno indígena  insensible enfrentado a indígenas. En esa línea, los canales mostraron con prioridad a niños y mujeres embarazadas en situación de penuria.

En lo que pareció una puesta en escena, un menor fue filmado justamente cuando mostraba un bidón vacío. Los reportes no dijeron que había el líquido elemento en San Borja, que los dirigentes compraban agua embotellada —según el testimonio del periodista Clayton Benavides, enviado al lugar— que la llevaban en tanques, o que el río cercano estaba contaminado.

Sin embargo, el complejo mediático minimizó u ocultó la trascendencia de nueve comisiones de ministros que buscaron el diálogo con los indígenas, las esperas presidenciales destinadas a conversar, los pedidos para consultas sobre la carretera y, desde el lunes 26 de septiembre, casi dejó en el olvido la situación por la que atravesó el canciller David Choquehuanca o las amenazas indígenas con sus flechas a los policías.

Por otro lado, tras el violento operativo policial que terminó en excesos y vulneración de los derechos humanos de los marchistas, varios medios privados recurrieron a la mentira. Un periódico abrió su edición con el siguiente titular: “Muere un bebé en violenta represión contra indígenas”. Algunas agencias noticiosas y radios se refirieron a la existencia (falsa) de varios adultos muertos y desaparecidos.

Con esas falacias, esos medios vulneraron los principios de “veracidad y responsabilidad” establecidos en la Ley Fundamental (artículo 107, inciso II).

Tras esas informaciones no verdaderas se realizaron manifestaciones en varias urbes, con ataúdes blancos (en alusión a las supuestas muertes), se habló de “asesinato”. Aún hoy algunas personas siguen creyendo que hubo víctimas mortales en la intervención policial. 

Pese a ello, los medios no aclararon en similar espacio o tiempo lo que habían desinformado. Al no hacer esa aclaración fueron contra el artículo 9 del Código de Ética de la Confederación de Trabajadores de la Prensa, que indica que “los periodistas rectificarán espontáneamente e inmediatamente las informaciones inexactas o erróneas y concederán el derecho de réplica y rectificación a toda persona que lo solicite”.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), Boris Quisberth, admitió que en el conflicto del TIPNIS se evidenció la “manipulación de algunos medios que quieren inflamar el conflicto por intereses empresariales y por lograr la primicia”.

Por lo expuesto, se puede concluir que varios integrantes del complejo mediático privado —que incluye especialmente a los propietarios de dichos medios—, en el conflicto del TIPNIS, se visibilizaron como verdaderos actores políticos.

Son los mismos que en el pasado tuvieron el poder real en sus manos y sienten que no solamente están perdiendo ese poder económico, el poder político, el poder institucional y el poder judicial, sino están perdiendo la fuente de generación de su poder, por eso han convertido a sus medios en una trinchera política.

Pero también esta claro que esos grandes conglomerados de medios privados, ese “trabajito” no lo hicieron a título de plena identificación con la causa del TIPNIS, su respaldo vino también de las ONGs que en directa relación con los medios recibieron su buena bonificación.

Es bueno refrescar la memoria y conocer que en Bolivia la propiedad de los medios está concentrada en manos privadas (85%). Hay multiplicidad de medios, pero las reglas de juego, el rayado de cancha de la competencia comunicacional, lo marca el modelo empresarial comercial, nos señala  Adalid Contreras, en su libro “De medios y enteros”, CEDLA, 2005.

Medios del estado y política comunicacional

La cobertura informativa de los medios del estado (BTV, Radio Patria Nueva, Cambio y ABI) se mantuvo reproduciendo a los actores que exigían que se concrete la carretera y a los portavoces del gobierno que estuvieron al inicio del conflicto.

En el proceso de la marcha como tal solo atinaron a reproducir las versiones de los dirigentes de la marcha y en otras ocasiones a dirigentes del TIPNIS (del lugar) y a los dirigentes interculturales, minimizando la trascendencia de hechos reales de la marcha.

“Al no haber política comunicacional y, además, al subordinar toda información a la agenda de provocación de los medios privados, el gobierno sólo responde de modo defensivo, y ello le obliga a no producir nada que no sea otra provocación”, observó el filósofo Rafael Bautista, en uno de sus artículos recientes referidos a los procesos de comunicación.

Si hay algo que muestra con claridad en todo el proceso y por los que el gobierno recibió una dura crítica, es la ausencia de una línea informativa que oriente y, que lejos de la confusión y el manipuleo de los privados, los medios estatales no manejaron una estrategia proactiva, de clara orientación a los sectores populares y sin intereses que hagan ver alguna intencionalidad.

Consideramos que todo ello se debe a la ausencia de una política de comunicación, que tras más de nueve meses de implementarse esa cartera de estado, hizo aguas antes, durante y después del conflicto del TIPNIS. Y es que una autoridad que maneja la información a mano debería tener el monopolio de la comunicación y ejercer ese derecho imponiendo una política de información dentro de su estructura de medios estatales coordinada y con coherencia en su tratamiento periodístico.

Alentábamos con optimismo que, con una estructura organizativa renovada (Viceministerio de Políticas Comunicacionales y Viceministerio de Gestión Comunicacional), tendríamos una información transparente, ágil, proactiva sobre la gestión gubernamental, tal como ellos nos dijeron pero no hay tal.

“El gobierno creó por decreto el Ministerio de Comunicación y alguien debería darle esa primicia al periodista Iván Canelas, pues no se ha enterado”, dice Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo, al lamentar las funciones del ex vocero “capaz de seguir el ritmo del Presidente, quien lo lleva de un viaje  a otro, como si siguiera siendo su portavoz o asistente personal”, aunque, observa,  “las funciones de un ministro a cargo del área estratégica de comunicación no pueden ser esas”.

Y hablando de estrategia de medios del estado, no creemos que el efecto mediático de exponer a Evo Morales signifique así ganar más adeptos y por consiguiente un canal oficial como el 7, esté pensando en recuperar audiencia siguiendo de “pe a pa” las transmisiones de los actos oficiales del primer mandatario del país.

No creemos que, en el marco de su nueva estrategia de comunicación de estado, si la tiene, se recomiende que la gestión gubernamental pudiera haber un gran repunte con que los medios estatales “exhiban” a Evo Morales, tal si fuese parte de una campaña de candidatos a elecciones presidenciales.

Seguimos machacando con eso que, la exagerada exposición del jefe de estado tiene otro efecto, los otros medios privados aprovechan sólo para denigrarlo, para sacar a luz sus “errores” o algún desliz en sus discursos y mofarse de ello.

Sin embargo, el redoblado monólogo del discurso oficial con la sustancial eliminación de los contenidos del adversario, sobre todo en TV, y el abuso de la propiedad pública, en un contexto de obsecuencia que los lleva hasta la irrupción de la intimidad del disidente, y la complacencia que se traduce en algo así como “tormento de transmisiones oficiales” matizadas con otras mas chauvinistas, en vivo o diferido.

El gobierno creó por decreto el Ministerio de Comunicación y “alguien debería darle esa primicia al periodista Iván Canelas, pues no se ha enterado”, dice Alfonso Gumucio Dagrón, especialista en comunicación para el desarrollo, al lamentar las funciones del ex vocero “capaz de seguir el ritmo del Presidente, quien lo lleva de un viaje  a otro, como si siguiera siendo su portavoz o asistente personal”, aunque, observa,  “las funciones de un ministro a cargo del área estratégica de comunicación no pueden ser esas”.

“Pecaría de ignorancia el Ministro Canelas si no entendiera que las responsabilidades que tiene en sus manos son mucho más importantes e interesantes, que traducir el pensamiento de Evo o arreglar los entuertos que producen sus precipitadas y poco reflexivas declaraciones”, agrega Gumucio en “El misterio del Ministerio”.

Agrega Gumucio, “Peca de ingenuo por no tener política comunicacional (porque ésta no la asegura el tener un ministerio de comunicación); por no saber cómo proponer alternativas al uso perverso que hacen los medios del entretenimiento y la información”, concluye el también  estudioso  de la descolonización.

Mapa Mediático

El mapa mediático puede quedar ideológicamente dividido en dos grandes bandos”. Uno corresponde al conformado por los emporios periodísticos del ex grupo Líder, disuelto en julio pasado, pero que no ha perdido en conjunto su influencia nacional a la cabeza de: El Deber en Santa Cruz  y Los Tiempos en Cochabamba, cabeza de una serie de diarios menores publicados por Editores Asociados, de la familia Canelas: El Potosí, Correo del Sur y otros. Sin dejar de nombrar a los matutinos más radicales que cuentan con respaldo económico de empresarios nuevos vinculados a las gobernaciones del oriente: El Día, El Mundo, en Santa Cruz, El País en Tarija y La Patria en Oruro.

Junto a ellos, la “televisión privada”, en manos de grupos empresariales cruceños: Monasterio, (UNITEL) Kuljis, (RED UNO), Daher (PAT) y Mercado (CADENA A).

Seis meses después, el régimen de propiedad comenzó a cambiar, por partes. En enero del 2009, el consorcio español Prisa comunicó que vendía a la sociedad Akaishi Investments su participación del 25% en la compañía propietaria de la red ATB, por 4,1 millones de dólares. No se ha podido verificar si Akaishi es aún propietaria de la porción o la ha transferido a algún grupo venezolano.

En octubre de ese año, la prensa local difundió la versión del diario venezolano Últimas Noticias según la cual Jordán Silva y Joaquín Livanello eran los representantes del consorcio venezolano que adquirió las acciones de la red ATB. Sin embargo la Red ATB después de su screening reciente y la propuesta que nos muestra en la línea informativa mantiene su mesurada posición equilibrada sin carga de sensacionalismo como los hacen sus otros colegas medios privados de televisión.

La postura que asumieron algunas redes de radio como Fides, Panamericana y Erbol es de un disimulado rostro ecléctico, pero que en coyunturas mas conflictivas como las que vivimos, aprovechan para sacar a luz su ácida crítica al gobierno aprovechando en sus revistas a los ya conocidos “analistas” que a más de uno, ya no son creíbles.

El nuevo matutino “Página Siete”, entra en este grupo de medios, no obstante haberse comprobado que este agitó a la población con una información que fue desmentida respecto a la muerte de un bebé y otros poco creíbles a lo largo del conflicto. 

De los resultados de estas prácticas hay sobrados ejemplos, bien en momentos de conflictos como los ocurridos en América Latina, o cualquier otro lugar del planeta, o contra países que soberanamente han decidido romper con la fórmula capitalista.

La información publicada sobre Cuba es un ejemplo de cómo se tergiversan los hechos y las realidades mediante una guerra mediática que se ha prolongado por más de 50 años, y que incluye diversas variantes con el objetivo de desvirtuar lo que ocurre en el primer país socialista de América Latina, a 90 millas del imperio norteamericano.

Resulta que los mercenarios que EE.UU. reclutan en Cuba, para ellos son “disidentes” y hasta se confabulan para otorgarles premios, como por ejemplo los concedidos a la tristemente célebre bloguera Yoani Sánchez, por la corporación mediática PRISA, de conocidos vínculos con otros consorcios norteamericanos. Se encargan así de fabricar una “disidencia” y utilizarla mediáticamente para atacar a Cuba y tratar de lesionar su prestigio.

Esta es la verdadera esencia del poder mediático, fabricar hechos o “personajes” y/o manipular información. Eso también está pasando en Bolivia.

*Rafael Artigas es comunicador e investigador orureño