11-12-13
N. No. 267.
El llamado problema de los “avasallamientos” de tierras denunciados
por los terratenientes de Santa Cruz y ratificados por el propio gobierno, no
es una cuestión de fácil interpretación.
Y no lo es precisamente porque concurre un hecho delictuoso que
proviene de las dictaduras militares de los 18 años, que hicieron verdaderos
negociados con las tierras fiscales de Bolivia, regalando a diestra y siniestra
inmensas extensiones de tierras a favor de militares, empresarios y
latifundistas que se apoderaron de las tierras pertenecientes históricamente a
las nacionalidades oprimidas sobre todo en las zonas amazónicas del país.
Otro elemento importante es el que se refiere a la Nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional que, en su artículo 399, dispone la
irretroactividad de la limitación de tierras para empresarios agrícolas a las
cinco mil hectáreas.
Es pues evidente que, al amparo de una legislación injusta se han ratificado
“derechos” que en realidad no lo son, pues provienen de disposiciones
atentatorias contra los derechos de los pueblos oprimidos.
Muchas de esas tierras pueden y deben ser revertidas al dominio de
Estado por carecer de la FES (Función
Económica y Social), indispensable para la legalización y legitimación de la
propiedad de la tierra. Otra de las verdades innegables es que latifundistas
incluso extranjeros, como los brasileños y peruanos, ante todo en el departamento de
Pando, detentan tierras arbitrariamente amparados por el dominio político en
Santa Cruz y el Beni de los empresarios privados cuyos “derechos” debían ser
investigados exhaustivamente por el Gobierno.
Ahora bien, por otro lado existe el problema de las provocaciones que
provienen de elementos delincuenciales, de los llamados loteadores de tierras que
en nombre de los “sin tierra” pretenden apoderarse de tierras productivas que
responden a interés “legítimos” dentro de la estructura capitalista de nuestro
Estado.
Otra sería la situación en
el caso de la planificación socialista de la propiedad de la tierra. Al MAS no se puede pedir que aplique una política
socialista de la tierra porque es un movimiento reformista, popular,
democrático y antiimperialista y no un partido revolucionario. Por tanto el MAS
se plantea una economía mixta con hegemonía de la economía privada capitalista.
Nuestro Partido ha insistido en la necesidad de reformar los artículos
de la Ley agraria que actualmente favorece exclusivamente a los acaparadores de
tierras en detrimento los campesinos sin tierra o con poca tierra de todo el
territorio nacional.
PCmlm.
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