UNITEL Y LA FAMILIA MONASTERIO

UNITEL Y LA FAMILIA MONASTERIO

Luis Alberto Echazú Alvarado


La formación del neolatifundismo en Bolivia, sobre todo en el oriente boliviano, es decir en Santa Cruz, Beni y Pando, tiene en la década del 70 e inicios del 80 del siglo pasado, durante las dictaduras de Banzer y García Mesa, su apogeo, aunque arranca desde el gobierno de René Barrientos y continúa en el gobierno de Jaime Paz Zamora.

Enormes extensiones de tierra fueron adjudicadas “legalmente”, la mayor parte por favores e influencias políticas, otras fueron obtenidas de modo fraudulento y las menos adquiridas.

La familia Monasterio Añez y Monasterio Nieme son una de las familias beneficiadas con estas adjudicaciones, después se comprobó que una buena parte de ellas las obtuvo utilizando documentación fraudulenta.

En el año 1967, con número de expediente 16.782 y  sentencia de fecha 28 de septiembre de 1967, Osvaldo Monasterio Añez, apodado “El Pato”, obtuvo la adjudicación de nada menos  46.462 .69 hectáreas en el predio “San Matías”.

En el año 1990, en el gobierno de Jaime Paz Zamora,  con número de expediente 55588, del Consejo Nacional de Reforma Agraria, y sentencia de 19 de julio de 1990,  Osvaldo Monasterio Nieme, hijo de Osvaldo Monasterio Añez y otros, obtuvo la adjudicación de dos predios, “Monterrey I y II” con una extensión de 10.0.85 hectáreas, en la provincia Ángel Sandoval, cantón San Matías.

Ambas adjudicaciones totalizan 56.516.54 hectáreas, otros predios de la familia Monasterio son “El Ensueño” con 500 hectáreas, adjudicada en el año 1972 y “Curupasí” con 2.482 hectáreas adjudicadas en el año 1991. Todas las propiedades de las familias Monasterio Añez y Monasterio Nieme sumarían  78.340 hectáreas, constituyéndose de esta manera en una de las familias latifundistas mas grandes de Bolivia.

En el gobierno de Evo Morales en cumplimiento a la ley de reconducción de la ley de Reforma Agraria y por incumplimiento a la función económico social, se revirtieron al estado  2.914 hectáreas en el Cantón El Carmen de la provincia Germán Bush y otras  496 hectáreas, en los predios “La Encrucijada” 2.356 hectáreas y “El Encanto”, 558 hectáreas,  de las tierras de la familia Monasterio y estaban en proceso de saneamiento el resto. Las tierras revertidas fueron entregadas a comunidades del pueblo Guarayo. En la actualidad es posible que la familia mantenga la propiedad de mas de 70.000 hectáreas.
La familia la componen, Osvaldo Monasterio Añez, fallecido en 2011, su esposa, Lesma Nieme. de Monasterio, Fernando Monasterio y los hijos del primero, Osvaldo, Fernando y Ernesto Monasterio Nieme.

Además de poseer acciones en la banca (Banco Ganadero y Banco de Santa Cruz) y en los medios de comunicación la agresiva y reaccionaria Red Unitel, y extensas tierras, en parte de las cuáles siembra soja, tiene varias propiedades ganaderas, - ya en el lejano año de 1976, Osvaldo Monasterio Añez figuraba  como propietario de  10.149 cabezas de ganado vacuno, y la propiedad “San Matías” en la provincia Ángel Sandoval de nada menos que  46.463 hectáreas (1), entre ellas, quizá la más importante sea la cabaña ”Sausalito” en la cual cría ganado Nelore, que figura a nombre de Osvaldo Monasterio, militante del MNR de su ala más conservadora y fascista. Se le acusa de haber desmontado a cadena cientos de hectáreas en el área de Monteverde sin contar con trámites, ni títulos ejecutoriales. Recientemente ha adquirido una buena parte del paquete accionario de la Cadena Televisiva A, de la ciudad de La Paz. Los asuntos del grupo los administra Ernesto Monasterio, hijo de Osvaldo y personaje muy vinculado a Carlos Sánchez Berzaín, el ministro gonista, y principal ejecutor de las masacres en la Ceja de El Alto, Ovejuyo, durante las luctuosas jornadas de octubre de 2003 y fanático anticomunista, ligado al Partido Republicano de norteamérica y a los diputados de la gusanería anticubana.

También tiene intereses en el comercio importador con la empresa CEIBO LTda, importadora de alambre con los siguiente socios : CORAL Ltda, Corporación automotriz y Southern Holding Panamá, ha adquirido la empresa “Mendocina” al industrial Rafael Mendoza.

Osvaldo Monasterio Añez, fue presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz FEGASACRUZ en la gestión 1974/1975 e interventor de la misma organización en el año 1977.

Como se ve este emporio de riqueza y propiedades es el que maneja y define la Red Unitel, con una programación llena de enlatados y juegos, poco o nada de educación y cultura. Entrevista y tiene como panelistas a opinólogos y periodistas que practican la auto censura con el nombre de libertad de prensa, distorsionando hasta la mentira la información.

Tal parece, que la reversión de una parte insignificante de sus enormes propiedades fundiarias, ha encolerizado a la familia, que se ha constituido en furiosa enemiga de las conquistas sociales y las políticas de redistribución implementadas por el gobierno de Evo Morales y utiliza de modo poco ético a su red televisiva para mentir y engañar al pueblo.

Es actualmente uno de los medios acérrimos defensores del gobierno golpista, ignora las manifestaciones de protesta del pueblo, la persecución, el encarcelamiento injustificado, el asesinato en Sacaba y Senkata y oculta las denuncias de corrupción, nepotismo y uso indebido de bienes del estado.

Ahora sabemos porque lo hace, es bueno conocer quiénes son sus dueños y comprender porque y cómo defienden sus intereses privados y su enorme riqueza.

(1) Grupo de Estudios Andrés Ibañez, “Tierra, estructura productiva y poder en Santa Cruz”, La Paz, 1986, Librería Imprenta Offset Panamericana pag.75.

EN TORNO A LOS “AVASALLAMIENTOS” Y A LOS ACAPARADORES DE TIERRAS

11-12-13

N. No. 267.

EN TORNO A LOS “AVASALLAMIENTOS” Y A LOS ACAPARADORES DE TIERRAS

 

El llamado problema de los “avasallamientos” de tierras denunciados por los terratenientes de Santa Cruz y ratificados por el propio gobierno, no es una cuestión de fácil interpretación.

Y no lo es precisamente porque concurre un hecho delictuoso que proviene de las dictaduras militares de los 18 años, que hicieron verdaderos negociados con las tierras fiscales de Bolivia, regalando a diestra y siniestra inmensas extensiones de tierras a favor de militares, empresarios y latifundistas que se apoderaron de las tierras pertenecientes históricamente a las nacionalidades oprimidas sobre todo en las zonas amazónicas del país.

Otro elemento importante es el que se refiere a la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional que, en su artículo 399, dispone la irretroactividad de la limitación de tierras para empresarios agrícolas a las cinco mil hectáreas.

Es pues evidente que, al amparo de una legislación injusta se han ratificado “derechos” que en realidad no lo son, pues provienen de disposiciones atentatorias contra los derechos de los pueblos oprimidos.

Muchas de esas tierras pueden y deben ser revertidas al dominio de Estado por carecer de la  FES (Función Económica y Social), indispensable para la legalización y legitimación de la propiedad de la tierra. Otra de las verdades innegables es que latifundistas incluso extranjeros, como los brasileños  y peruanos, ante todo en el departamento de Pando, detentan tierras arbitrariamente amparados por el dominio político en Santa Cruz y el Beni de los empresarios privados cuyos “derechos” debían ser investigados exhaustivamente por el Gobierno.

Ahora bien, por otro lado existe el problema de las provocaciones que provienen de elementos delincuenciales, de los llamados loteadores de tierras que en nombre de los “sin tierra” pretenden apoderarse de tierras productivas que responden a interés “legítimos” dentro de la estructura capitalista de nuestro Estado.

Otra sería la situación en el caso de la planificación socialista de la propiedad de la tierra. Al  MAS no se puede pedir que aplique una política socialista de la tierra porque es un movimiento reformista, popular, democrático y antiimperialista y no un partido revolucionario. Por tanto el MAS se plantea una economía mixta con hegemonía de la economía privada capitalista.

Nuestro Partido ha insistido en la necesidad de reformar los artículos de la Ley agraria que actualmente favorece exclusivamente a los acaparadores de tierras en detrimento los campesinos sin tierra o con poca tierra de todo el territorio nacional.

PCmlm.

GRAVES DENUNCIAS QUE DEBEN INVESTIGARSE

23-08-11

Pronunciamiento Político No. 165

GRAVES DENUNCIAS QUE DEBEN INVESTIGARSE

El presidente Morales acaba de hacer una serie muy grave de denuncias sobre el tráfico, esta vez no solamente de tierras sino incluso de territorios indígenas

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La denuncia concreta se refiere a que algunos dirigentes indígenas habrían vendido partes de los territorios Comunitarios de Origen (TCOs) a personas particulares y madereros.

Como pruebas pre-constituidas se presentan varios recibos, por diversos montos de dinero como adelanto por determinadas cantidades de hectáreas de tierra en medio de las TCOs.

En esos documentos que todavía no han sido legalizados ni reconocidos, .aparece el nombre de Severiano Abacay que habría recibido la suma de 77 000 bolivianos por la venta de 1200 hectáreas dentro de la comunidad Itagwasu, en la provincia Guarayos del Departamento de Santa Cruz. Uno de los recibos corresponde al 16 de noviembre de 2009 y otro al 11 de marzo de 2010. Según el Presidente, las informaciones provienen de la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras).

Por de pronto no podemos afirmar definitivamente que esas transacciones, que de todo punto de vista son ilegales y criminales contra la propiedad comunitaria, estén plenamente probadas, sin embargo lo menos que se puede pedir y exigir, proviniendo la denuncia del Presidente Morales, es una profunda investigación para dar, en su caso, con los culpables de tamaños delitos.

Bien sabemos que hace un tiempo atrás se ha denunciado, igualmente, otro tipo de tráfico de tierras por parte de algunos funcionarios de Gobierno. Ambas denuncias deben ser esclarecidas para darse con los culpables. Acá no se trata de introducir el problema político de que serían estos o aquellos los culpables. Se trata de hacer una imparcial investigación y sancionar drásticamente a los culpables.

El problema de las tierras y más aún las de los territorios indígenas, es una cuestión de la mayor importancia y no puede pasarse por alto las denuncias concretas.

PCmlm..

SIGUEN LAS DENUNCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE TIERRAS

05-08-11

Pronunciamiento Político No. 162

SIGUEN LAS DENUNCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE TIERRAS

La cuestión agraria es uno de los problemas sociales y políticos de la mayor importancia en cualquier proceso de cambio o transformación en cualquier país del mundo. De ahí deriva su carácter sensible y susceptible de ser interpretado de cualquier modo.

En el actual proceso de cambio que vivimos, se confunden efectivamente dos derechos inalienables de las fuerzas campesinas de nuestro país. Por un lado se encuentra los pueblos y naciones indígenas que tienen derechos milenarios no solamente a la tierra sino fundamentalmente al territorio de sus ancestros. Por otro lado se encuentran los campesinos de las tierras altas que con el proceso de minifundización se llegó a extremos inconcebibles de parcelación de la tierra, estos campesinos de origen quechua y aymara, tienen también pleno derecho a la concesión de tierras en las amplias zonas de la amazonía boliviana que son tierras del fisco boliviano.

Existe pues, en realidad, una superposición de dos derechos legítimos y su solución pasa por una conciliación entre los dos sectores populares como “contradicción en el seno del pueblo”, que debe solucionarse amigablemente compartiendo las tierras entre ambos sectores.

No es posible que uno de esos sectores que tiene efectivamente más poder y más influencia en las altas esferas de gobierno pretenda imponer solamente su voluntad. Es necesaria una conciliación de acuerdo a los derechos de ambas partes.

Desde hace algún tiempo atrás, se viene denunciando sistemáticamente que algunos militantes y dirigentes del MAS, incluida una ministra, se encontrarían implicados en tráfico de tierras en su condición de autoridades del sector.

Estas denuncias no pueden ser pasadas por alto y se precisa una profunda investigación al respecto. No es que ya de antemano, estuviéramos acusando directamente a nadie, se trata de que desde las esferas de gobierno se investigue exhaustivamente esas denuncias que, por el momento, son eso: simples denuncias. Empero tratándose de un asunto de la mayor importancia y del cual depende el futuro de todo el proceso de cambio, conviene que se investigue profundamente el caso para establecerse las correspondientes responsabilidades.

La solidaridad de nuestro Partido está compartida con los campesinos interculturales de las tierras altas que tienen derecho a la tierra y con el derecho de las naciones originarias al territorio.

PCmlm-Bolivia

LA GRAN LUCHA AGRARIA ANTI-LATIFUNDISTA CORRE SERIO PELIGRO

06-05-11

Escritos agrarios No. 6

LA GRAN LUCHA AGRARIA ANTI-LATIFUNDISTA CORRE SERIO PELIGRO

La cuestión agraria en Bolivia no deja de tener primordial vigencia en cuanto a la eliminación del latifundio, las relaciones servidumbrales y el tráfico de tierras. El avance en la confiscación de los grandes latifundistas sobre todo del oriente y el sudeste no puede detenerse y menos revertirse.

La reforma agraria de 1953, inauguró el movimiento campesino de recuperación de las tierras comunitarias de origen detentadas por la vieja oligarquía terrateniente. La marcha victoriosa de las naciones originarias de las tierras bajas, determinó la incorporación de esas formaciones históricas a la lucha general de los pueblos bolivianos por romper la hegemonía imperialista.

La llegada del proceso de cambio y la “Agenda de Octubre”, determinó la incorporación de campesinos e indígenas en el quehacer político del nuevo Estado Multinacional. La nueva constitución política reconoció y reconoce oficialmente la existencia de 36 naciones y nacionalidades como sustento orgánico del nuevo Estado.

Como consecuencia lógica se reconoció también el derecho inalienable de las naciones antes oprimidas y ahora en rebelión, de poseer sus tierras ancestrales con ayuda técnica del Estado. Este panorama se nos mostraba idílico porque parecería que no había inconvenientes en la prosecución victoriosa del proceso, toda vez que las fuerzas latifundistas y terratenientes perdieron efectivamente el poder real de defender sus espurios intereses.

Sin embargo, lamentablemente, ha surgido un nuevo y grave problema con la corrupción que se está descubriendo en los altos niveles de la administración y distribución de la tierra por parte del Vice-Ministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Inopinadamente han surgido denuncias muy graves contra dirigentes nacionales del MAS que estuvieran comprometidos en el tráfico de tierras. Las denuncias contra senadores como Jurado y Berzaty, fueron reconocidas por ellos mismos aceptando la reversión de las tierras en favor del Estado para su distribución entre los campesinos e indígenas.

Lo más grave es la comprobación de la existencia de una verdadera oficina paralela del INRA instalada en la ciudad de Santa Cruz que distribuía tierras en forma ilegal y fraudulenta. Según Xavier Albó en la intervención fiscal de la oficina falsa se incautó un vehículo asociado a la ministra, inmediatamente el conductor detenido hizo una sospechosa llamada telefónica directa a la ministra Achacollo. Todas estas denuncias son públicas y tratándose de altos funcionarios del Gobierno, no cabe sino una profunda y exhaustiva investigación con la previa renuncia de los mencionados funcionarios que aparecen en las denuncias, comenzando por la Ministra.

Por otro lado, es muy sugestiva y sospechosa la destitución injustificada del director nacional del INRA, después de la anterior destitución del Vice-ministro Almaráz; dos funcionarios de la administración agraria que estaban cumpliendo valerosamente la lucha antilatifundista en Santa Cruz y el Chaco.

Empero las denuncias contra la ministra Achacollo, no parecen tener el mismo destino, es decir la destitución inmediata como en el caso de los anteriormente nombrados.

Por otra parte tenemos las declaraciones de Alejandro Almaráz que denuncia a un senador muy influyente como “traficante” de tierras. Esta denuncia, por su gravedad, debe ser esclarecida con las consecuencias lógicas tanto en el caso de ser verdaderas o en el caso contrario, igualmente.

La destitución sorpresiva de los dos funcionarios que estaban cumpliendo una tarea heroica de lucha antilatifundista, nos parece otro signo gravísimo de deterioro del proceso de cambio.

¡¡Exigimos una investigación a fondo de estas denuncias porque la cuestión agraria es FUNDAMENTAL para el avance o retroceso del proceso de cambio!!

PCmlm-Bolivia