08-10-13
CONTINÚAN LAS INFAMIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Con fecha 30 de septiembre he recibido un nuevo documento de
Contraloría General ratificando tozudamente una serie de cargos fraudulentos y
delincuenciales contra mi persona.
A continuación detallo todos los errores que tienen carácter
criminal contra mi persona por su total falsedad comprobada:
1.
Se
dice que la Auditoría trata específicamente del Proceso
Ejecutivo Social Instaurado por la AFP –Futuro de Bolivia contra la UPEA por
deudas al seguro social obligatorio, por un total de bs. 5 540 559.
Este
punto, no tiene en cuenta maliciosamente, que ya ha sido zanjado por el Acuerdo
de Conciliación de Deudas No. 9043722 entre el exRector Virreira y quién debió
hacer las retenciones correspondientes, la UPEA a cargo de Dámaso Quispe y la AFP, la misma que cobró ilegalmente
montos por el año 2000 cuando no funcionaba la UPEA. Contraloría ocultando
dicho acuerdo cuya copia legalizada en Notaría Pública cursa en mi poder,
pretende, de todos modos y criminalmente involucrarme injustamente en un asunto ya concluido.
2.
Se
comprende en la Auditoría maliciosamente
los períodos de enero a octubre de 2002,
cuando mi persona ejerció el Rectorado interino por designación de Asamblea
General de septiembre/14 a Diciembre/14. Por lo mismo la inclusión de los meses
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto es completamente
fraudulenta, pues nada tenía que ver mi persona con la UPEA, durante ese
tiempo, con eso se demuestra el carácter tendencioso de la imputación.
3.
Se
levanta el cargo al Sr. Mario Virreira
precisamente por aquel Acuerdo conciliatorio, pero, otra vez maliciosamente se
me excluye de dicho acuerdo que comprende precisamente los períodos de mi
Rectorado autonomista.
4.
Se
insiste mañosamente que mi rectorado duró 14 meses, cuando en otro párrafo se
aclara que fueron dos períodos: el primero de tres meses en 2002 y el segundo
de ocho meses en 2003, con un período intermedio en el cual estuve apartado
completamente de la UPEA, empero sin un poco de vergüenza se insiste en los 14
meses.
5.
Se
dice que mi nombramiento de 19 de agosto de 2002 fue decidido por el CDI,
cuando por Ley se sabe que el CDI, no es más que una entidad social fiscalizadora
de la UPEA y que únicamente el Ministerio de Educación, a través de una
Comisión especial, puede designar y sustituir rectores en la UPEA (Ley 2115).
Contraloría no ha leído esta Ley de fundación de la UPEA y livianamente afirma
que “No era atribución del Gobierno
Central la designación de autoridades de UPEA, sino del CDI de la UPEA.” Un grandísima falsedad, que el CDI, como
fiscalizador lo único que hizo fue aprobar la designación mía de parte
de la Asamblea Universitaria de acuerdo a los principios fundamentales de la
Universidad Autónoma boliviana.
6.
No
obstante reconocer haber considerado y documentado los extractos bancarios del
Banco de Crédito de que mi persona no
fue firma autorizada en el período de
mi Rectorado, y que por lo mismo no figura importe monetario alguno a
mi nombre, insisten machacona y con fines ocultos en que no es una información
nueva y que ya fue considerada, pero al
mismo tiempo desconocida e ignorada como si no se tratara de una información y
prueba concluyente de mi inocencia completa en la administración de los recursos
de la UPEA. Acá la malignidad de los cargos tiene carácter cósmico.
7.
Admitiendo
que mi autoridad no tuvo firma autorizada, insólitamente se afirma: “que este es un aspecto que no le (me)
libera de su (mi) responsabilidad, debido a que estuvo en calidad de Rector por 14 meses (¿?) ¿Se puede
comprender semejante incoherencia?
8.
Se
afirma que se “realizaron los pagos a
todo el personal de UPEA a partir del mes de diciembre (17), correspondientes a
los meses de septiembre, octubre y noviembre y que, por tanto, hubo entrega de
recursos para el pago de sueldos, también era necesario prever el cumplimiento
con los aportes a las AFPs.”. Efectivamente
los recursos de UPEA -1 (*), se descongelaron a partir del día 17 de diciembre 2002,
cuando varios días antes (14) había concluido mi gestión como Rector por tres
meses (NO 14, POR FAVOR). Esos
recursos se descongelaron a favor de los personeros del CDI, señores Mauricio Cori, Juan Meléndrez y Juan Escobar, como
consta en los extractos bancarios y JAMÁS A MI NOMBRE como Uds., mismos lo
reconocen. Fueron ellos quienes procedieron al pago retroactivo incluyéndome a mí
como rector saliente. Es necesario hacer
constar que el Gobierno de Sánchez, prometió descongelar esos fondos para UPEA
a nombre del CDI, con la condición sine
quanon de que el Rector Echazú
dejara el cargo definitivamente lo cual se cumplió rigurosamente, pues mi
renuncia y conclusión de los tres meses posibilitó al pago a los docentes y
trabajadores impagos por largos tres meses.
9.
Sin
un poco de rubor ni vergüenza, Contraloría sale a la defensa aguerrida del
delincuente prontuariado Javier Tito Espinoza cuando, sueltos totalmente del
cuerpo, afirman: “NO A LA ADMINITRACIÓN DE TITOESPINOZA”. Ahora bien, si la
Auditoría se refería a los periodos de 2002 y 2003, ¿cuál es la razón de haber
excluido expresamente al señor Tito, cuando todos sabemos también por los
extractos bancarios que seguía recibiendo periódicamente todos los recursos
fiscales de parte del Estado durante la totalidad de los años 2002 y 2003?
Esta
afirmación COMPRUEBA EL ENCUBRIMIENTO CRIMINAL
de Contraloría para el señor Tito Espinoza.
10.
Finalmente,
la acusación de Contraloría ya no se refiere a la omisión presunta y falsa de
retenciones de aportes de los trabajadores a la AFP, sino a un supuesto “pago inoportuno de cotizaciones laborales y
patronales, hecho que generó, etc.…” De modo que ahora Echazú habría hecho
un pago inoportuno a las AFPs. ¿En qué quedamos? ¿Pagué o no pagué?, ¿tenía
cuantas o no tenía?, ¿fueron 14 u 11 meses? ¿fui Rector o no? Contraloría se ha
hecho, por maliciosa, todo un barullo que tendrá que explicar en los estrados
judiciales.
vvvvvvvvvvvvvvv
(*)
Hablamos de UPEA-1, porque siempre desde 2000 a 2003, existió una UPEA-2, a
cargo de Tito, que funcionaba en una escuela particular con un puñado de
docentes sin título y estudiantes pagados, recibiendo todos los recursos
económicos de las cuentas de UPEA y ampliamente reconocido por el Gobierno, el
Ministerio de Educación a cargo de Hugo Carvajal Donoso, el Ministerio de
Hacienda a cargo del señor Comboni, la prensa escrita, radial y televisiva, la
iglesia Católica a cago del Obispo Juárez, la UMSA, el CEUB y los grupos delincuenciales
capitaneados por Tito Espinoza, todos
contra Echazú, reconocido éste ampliamente por la Comunidad Universitaria
alteña y la población alteña en su conjunto. Empero contra aquel rectorado
apócrifo de Tito, no existe ninguna Auditoría de la genial (¿?) Contraloría
General del Estado a cargo de Gabriel Herbas que tendrá que rendir cuentas
tarde o temprano.
Dr. Jorge Echazu Alvarado.
Primer
Rector Autonomista de la UPEA
Rector
Vitalicio de la UPEA,
Doctor
Honoris Causa.
Docente
Honorífico.
(Resolución del H,C,U, No, 003/ 2002, Sesión extraordinaria ER-003)
Fundador
de la primera Carrera de Ciencias Políticas.
Director
de la Carrera de Ciencias Políticas en dos gestiones.
Decano
a.i. de la Facultad de Derecho-UMSA.
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