11/04/2003
A
partir de la fecha, “Maoístas Bolivianos” reproducirá una serie de artículos
sobre la “CRISIS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA Y SU AUTONOMÍA” Agosto, 10 de 2015.
El
presente artículo, como señala la fecha fue escrito en abril de 2003.
LA
CRISIS DE
LA
UNIVERSIDAD BOLIVIANA
UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA
I
Jorge Echazú Alvarado
1. UNIVERSIDAD Y
SOCIEDAD.
La profunda crisis
institucional y académica que sufre la Universidad Boliviana, junto al sistema
de la escuela boliviana, es reconocida por todos. En realidad ya resulta un
"lugar común" hablar y opinar sobre dicha crisis.
Lo importante ahora es comprender
y racionalizar la crisis, identificar las causas, para encontrar las
soluciones. En este terreno surgen las principales discrepancias de orden
teórico. El primer grupo de "críticos" internos y externos de la
Universidad, remiten dichas causas a factores endógenos de la misma, por
ejemplo: su "politización", su "negativa al
cambio", el mantenimiento de principios "obsoletos", entre
ellos la Autonomía y el co-gobierno, la Asamblea docente - estudiantil, etc,
etc.
Esta
corriente de pensamiento universitario está inscrita en la ideología política
dominante que ha hecho del funcionalismo más cavernario, su fuente de
inspiración. El "cambio" para los funcionalistas neoliberales de la
universidad, significa, en realidad, abandonar los "viejos
principios" y adoptar los principios actuales de la
"modernidad": es decir la competitividad, los consensos, el
"diálogo" (de sordos), etc, etc.
Este grupo debe ser identificado
como el de los enemigos frontales de la Autonomía Universitaria y el
co-gobierno paritario que dentro o fuera de la universidad, ya han levantado
muy alto sus cabezas.
En realidad estos grupos que
responden directamente a los partidos reaccionarios del sistema (MNR-ADN-MIR),
han tomado paulatina y sigilosamente nuestras Universidades y las administran
de acuerdo a sus intereses.
En este sentido tenemos la
opinión de Ramiro Velasco R.,
escribiente de "La Razón" y ex izquierdista arrepentido:
"Por hoy, la autonomía universitaria ha dejado de ser lo que fue
y es sólo una cáscara vacía que sólo con otros contenidos y con propuestas más
coherentes al país y a los nuevos tiempos podría legitimar su existencia.
Cuestiones de la democracia universitaria, entendida como democratismo, tales
como el voto universal para elegir rector o el co-gobierno docente-estudiantil,
se han convertido en rémoras que impiden el pleno desarrollo de la inteligencia
y del conocimiento. En cambio, los electoralismos y la cohabitación llamada
co-gobierno han desatado el reino de la mediocridad y la formación de
camarillas y de estructuras corruptas que llevan a mal traer a todas las
universidades del sistema público....
Cuando se ha hablado de educación se ha pensado siempre en una acción
de vaya de abajo hacia arriba. Hoy hay que pensar en una acción de arriba para
abajo, y para ello de un cambio radical en la esfera de la universidad
pública”. (1)
En primer lugar, el ataque a la
autonomía y el co-gobierno es, en este caso, directo. La acusación
fundamental, se refiere a que los principios universitarios son obsoletos
y se han convertido en rémoras que impiden el conocimiento y el desarrollo de
la ciencia. El autor, un ex -socialista y ex-comunista, así como ex-udepista,
además ex -embajador de Goni y otros ex, echa la culpa de la corrupción a la
autonomía, cuando todos sabemos que ella proviene directamente del
neoliberalismo al cual ha rendido su lealtad lacayuna.
En segundo término, se encuentra
el "electoralismo universitario".
No se puede desvalorizar un principio, por la mala administración que
eventualmente pudiera tener. Sabemos hasta la saciedad que los elementos
activos del proceso de enseñanza-aprendizaje son precisamente los estudiantes y
los docentes, entonces: ¿quiénes más que ellos tienen el derecho y la
obligación de elegir y ser elegidos en la Universidad?
Las
opiniones contra la autonomía y el co-gobierno docente estudiantil se
encuentran también en el seno de las universidades y se manifiestan de vez en
cuando y se mantienen ocultas en otras oportunidades.
La segunda corriente, a la que
adherimos, reconociendo la crisis, la remite principalmente a los efectos
devastadores que la política actual nacional e internacional globalizadora y
neoliberal, viene ocasionando en todo el sistema educacional y el desarrollo de
la ciencia en América Latina y el Tercer Mundo. La crisis universitaria no
puede ni debe ser considerada al margen de la crisis profunda que vive la
formación social boliviana como producto de su conversión acelerada en una
comunidad compradora del actual sistema mundial.
¿Cómo hablar, por ejemplo, de
participación de la Universidad en el desarrollo de la productividad del país
cuando todo el pequeño aparato productivo existente ha sido totalmente
desmantelado por la actual política
económica?
Ahora bien, desarrollando nuestro
punto de vista en torno a las causas de la crisis, debemos señalar que la misma
es estructural a toda la formación social boliviana que está alcanzando niveles
catastróficos, que se reflejan en el fenómeno de la educación en general que
hoy pretende ser diseccionada entre municipios y empresa privada, abandonando
el Estado una misión que la propia Constitución le había asignado con carácter
prioritario.
Si tenemos en cuenta que la
misión de la Universidad es doble: a) Investigación Científica y b)
Formación Profesional; lo primero que debe lograr es el conocimiento
científico de su "entorno" o en buen romance, el carácter mismo de la
"sociedad" que la sustenta. La Universidad no puede dejar de
racionalizar los problemas actuales de la pauperación acelerada de la mayoría
de la población, el aumento dramático de la desocupación, el crecimiento de los
niveles de mortalidad infantil, el hambre, la miseria, etc, etc.
Estas realidades indiscutibles
son simplemente ignoradas por la visión funcionalista que exige
"competitividad" entre microbios y gigantes, como si fuera
democrático y sobre todo justo, poner en un mismo nivel la miseria con la
opulencia. No podemos pues, ni siquiera con el pretexto de un
cambio de lenguaje, ignorar el carácter dependiente de la "sociedad"
en la que vivimos, si pretendemos abstraer dicha situación como si no
existiera, todos nuestros análisis pecarán de metafísicos, unilaterales y
empíricos.
En los marcos concretos de la
DEPENDENCIA, nos referimos ahora a la dependencia tecnológica y científica a
las que nos hallamos sometidos, aunque dicha situación sea reconocida solamente
por las corrientes democráticas.
La dependencia científica
significa que los centros imperiales y las corporaciones gigantes instalan
unidades de producción en los países pobres, imponiendo pautas de consumo que
se encuentran completamente desconectadas de las auténticas y efectivas
necesidades del país que recibe dichas instalaciones. De igual modo se impone
pautas de investigación "científicas" que no corresponden al grado ni
tipo de desarrollo del país recipiente. Se pretende pues no precisamente crear
un tipo de investigación cualquiera, sino precisamente lo contrario, bloquear
cualquier tipo de desarrollo de la capacidad investigativa científica propia.
Esta es una de las consecuencias más nefastas del funcionalismo en todos los
órdenes de la vida nacional. Es un funcionalismo al servicio de los intereses
de las transnacionales y no así del
país.
Esta moderna forma de la
dependencia cumple un doble papel: crear mercados pasivos de los sectores más
avanzados de la producción de las economías centrales y crear mano de obra
barata para esas mismas economías.
En este sentido transcribimos una
valiosa cita del escritor Amilcar
Herrera que nos dice:
«....Mientras el 75 % de la humanidad vive en o debajo -y a veces bien
abajo- del límite de la subsistencia, hay una cierta ironía en hablar sobre la
'contribución' de la ciencia al progreso social... Nos gustaría creer que la
ciencia contribuye al progreso humano, pero en la coyuntura actual la realidad
no coincide realmente con nuestros deseos. Digamos francamente que la ciencia
ha aportado, sin duda, más males que beneficios a la gran mayoría de los seres
humanos...» (Problemas de Ciencia Política. Paris OECD
1968)....(2)
La anterior nota nos está
mostrando hasta qué punto es peligroso no dilucidar el carácter que debe tener
la investigación científica y la actividad académica universitaria, sobre todo
en un país como el nuestro, tan vulnerable a la dependencia.
En síntesis, en torno al problema
de la causa fundamental de la crisis, señalamos que, en realidad, los poderes
centrales, sus prolongaciones nacionales y las fuerzas regresivas, intentaron
por todos los medios DESTRUIR la universidad en América Latina y en particular
los centros de investigación social que tendían, como es natural, a comprender
las razones mismas de la dependencia:
Primero fueron las agresiones
directas del militarismo latinoamericano a las universidades que, sin lograr
totalmente sus propósitos, los obtuvieron en parte debilitando sus
infraestructuras materiales e institucionales. Después vendría la agresión
económica que pretende estrangularla cercenándole sus recursos económicos y
finalmente el tercer asalto, el más peligroso, por que tiene carácter
ideológico, es un ataque desde dentro y está dirigido a su desarticulación con
los argumentos conocidos de su "atraso", su "desubicación",
su "obsolescencia", etc.,etc.
No es
pues extraño que ahora surjan "universidades" privadas como hongos en
el país. Si realmente los "modernizadores" quisieran institutos
universitarios como los que pregonan en sus "propuestas" para la Universidad
autónoma, podrían fácilmente emigrar hacia dichas "universidades" en
masa y poner allí sus "luminosas" ideas en la práctica. Pero no es
así, prefieren quedarse como verdaderas "quintas columnas" en el seno
de las universidades públicas con el claro propósito ya señalado de destruirlas
desde dentro.
La universidad pública boliviana
es actualmente criticada por los funcionalistas de no considerar la
incorporación de progreso técnico a la producción y de desempeñar un papel
marginal en la determinación de los niveles de crecimiento económico.
En realidad debemos decir que los
funcionalistas confunden todos los términos y haciendo honor a la especulación
más vacía pretenden que la universidad incorpore el progreso técnico a la
producción y al desarrollo económico. En primer lugar, es un despropósito
exigir de la Universidad funciones que están muy alejadas de sus reales
posibilidades. Esas exigencias, en rigor deben ser dirigidas sobre todo a los
actuales dueños del proceso productivo: la empresa privada y subsidiariamente
al Estado. En segundo lugar, nuestros funcionalistas no nos explican qué
entienden por desarrollo económico, no será, suponemos, un desarrollo de la
dependencia o como decía Andre Gunder
Frank, ¿un desarrollo del subdesarrollo?
Seguidamente, en este punto, una
otra cuestión, en torno a las propuestas de los funcionalistas. Se dice que:
«Son insostenibles los intentos de mantener un concepto de autonomía
basado en el aislamiento de las universidades con respecto a sus compromisos
con su medio....» (3)
Si existe una institución
nacional que ha hecho a lo largo de su existencia más esfuerzos para, primero,
comprender el entorno y segundo, ligarse y comprometerse con el medio social,
es precisamente la Universidad Boliviana. Esto es indiscutible. Lo que tenemos
que observar y replicar es que la actual ideología dominante es la más
interesada en ignorar "sistemáticamente" o sistémicamente si se
quiere, el entorno real y concreto: la realidad social, para adecuar la
Universidad a los intereses del mercado libre, de la iniciativa libre, de la
empresa privada.
Se debe abordar, igualmente, el
problema planteado de la pérdida de prestigio de la universidad nacional.
Es este un argumento falaz que
tiende a presentar una crisis real, cuyos orígenes y causas ya conocemos, como
una desvalorización de los propios principios de la universidad ante la
sociedad. La crítica es pues deshonesta y está inscrita en los planes generales
de la destrucción de la universidad. Son los aparatos ideológicos del Estado,
controlados todos por las clases dominantes, los que manejan y propalan la
especie del "desprestigio" de la universidad, por que ella no acepta
sumisamente esa ideología dominante.
Esa misma propaganda deshonesta e
interesada trata de mostrar una universidad ineficaz, ineficiente, no moderna,
«una universidad del desperdicio» (4).
Veamos con algún detalle estos
asuntos:
Desde hacen diez años se nos
habla profusamente de eficacia, pero ella en el contexto nacional no aparece
por ninguna parte. Por el contrario, lo único que constatamos diariamente es
una ineficacia alarmante en todos los niveles de la realidad nacional. No es
pues suficiente hablar de eficacia para ser eficaz. Igualmente con la
eficiencia y también con la modernidad. No basta hablar hasta la saciedad de
modernidad, para ser moderno o modernista. El prestigio de una institución no
se mide por la opinión de sus detractores, que es la única opinión que aparece
en los medios de comunicación de masas. El prestigio de la universidad, lo que
no constituye, en efecto, ninguna defensa de sus errores y defectos, aparece en
su indeclinable apego a los intereses fundamentales de la nación y el pueblo.
La articulación de la universidad
con la sociedad es problemática, porque la universidad no es responsable de la
deformación, por ejemplo, de la economía nacional. En el pasado se exigía de
las universidades una priorización de la enseñanza técnica y tecnológica.
Recogiendo el desafío, la Universidad Boliviana implementó carreras, institutos
y universidades íntegras como las de Oruro y el Beni. Empero, la llegada del
neoliberalismo, originó una verdadera des-industrialización del país, una
universalización de la economía pequeña y marginal, una desocupación creciente,
al extremo de que, por el momento, parece inútil, dedicarse por ejemplo, al
estudio de la minería o la metalurgia, ya que estas actividades están
desapareciendo. ¿Se puede, por ventura, culpar a la universidad por el fenómeno
de la destrucción del aparato productivo del país?
Justamente cuando el país sufre
los efectos de una política económica de ajuste estructural que tiende a la
reducción del Estado, todo en beneficio de la empresa privada, se exige
planificación del desarrollo económico de la universidad con el Estado. Esta es
una total contradicción que no podemos pasar por alto y la denunciamos como una
verdadera demagogia.
El funcionalismo cuyo contenido
está presente en el Proyecto de Reforma Universitaria (documento del C.E.U.B.),
nos habla también de la construcción de los consensos y se dice:
«La problemática de la educación superior necesita de políticas y
estrategias globales en cuya concepción y aplicación se otorgue un papel
principal a todos los actores sociales...» (5)
Una verdad de Perogrullo....
«En el nivel de las responsabilidades colectivas, lo primero y más
estratégico será la construcción de un consenso básico que permita desencadenar
diversos procesos de cambio simultáneos. El consenso nacional debe girar en
torno de políticas marco orientadoras del futuro, de criterios guías
prioritarios para la satisfacción de las múltiples demandas, de instrumentos
esenciales para viabilizar la implementación de los cambios básicos propuestos,
de tiempos para eliminar las barreras que más atrasan o impiden la
modernización.....» (6)
Aparte del lenguaje confuso,
general y hasta ridículo, tenemos la falta de explicación, por ejemplo, de cómo
se deben "desencadenar procesos simultáneos" de cambios (en qué
sentido), cuáles son las múltiples demandas, cuáles los instrumentos esenciales,
para la implementación de cambios básicos (cuáles), etc, etc.
Lo único claro es la posición
desarrollista expuesta que planteaba la eliminación de barreras que atrasan la
modernización (dualismo estructural), posición ampliamente desbordada en el
presente en todas las ciencias sociales.
2. UNIVERSIDAD Y ESTADO
La Universidad solamente puede
ser autónoma respecto del Estado. No es concebible una Universidad sin
autonomía. La "universidad" privada es cualquier
institución, menos una verdadera universidad. El concepto de universidad
proviene del vocablo latino "universitas" que significa universal,
universalidad, de modo que pensar una universidad confesional, es decir que
responda a una iglesia, a una confesión, a una secta, a un partido, a una tendencia
determinada, está restringiendo drásticamente y, en verdad, quitándole el
carácter de instituto independiente y autónomo de la ciencia y de la
adquisición de conocimientos sin limitación alguna, sin preconcepto
alguno.
Desde Durkheim sabemos que para la adquisición de un verdadero
conocimiento, la primera regla del método sociológico, es justamente el rechazo
de los pre-conceptos, de las pre-nociones que constituyen una nebulosa que
impide el acceso del sujeto cognoscente a las esencias más profundas de los
fenómenos sociales.
Vamos a pensar por un momento en
la posibilidad de la pérdida de autonomía de la Universidad Boliviana.
¿Quién o quiénes, en nombre de la famosa privatización, podrían hacerse cargo
de la conducción universitaria? ¿Sería el Estado, a través del gobierno o de
una de sus secretarías o Ministerios?
En este caso, ¿no es acaso una
evidencia que el actual modelo privatista justamente pretende liberar al Estado
de toda ingerencia en la educación básica e intermedia? Entonces, ¿en qué
queda el tan mentado criterio de hacerse cargo de la educación superior?
Si por otra parte se piensa en la
entrega de la universidad y todos sus activos y bienes a la famosa
"empresa privada", preguntamos: ¿cuál sería la "empresa"
que podría hacerse cargo de tamaña responsabilidad? ¿Quién, por ejemplo,
designaría a los docentes, a las autoridades académicas?, ¿cuál sería el
criterio para dichas selecciones? Naturalmente, una vez surge más el criterio
confesional, unilateral, sectario y profundamente anti-universitario; el
de la "empresa privada". Habría muerto,
pues, uno de los pilares fundamentales de la formación boliviana independiente,
nacional y popular. La universidad, en nuestro país, solamente
puede ser AUTONOMA, SIN AUTONOMIA NO HAY
UNIVERSIDAD.
El paso de la universidad
confesional --la misma que corresponde a la edad media-- a la universidad
nacional de los tiempos modernos, es irreversible y cualquier esfuerzo por
encontrar alternativas a la Universidad Autónoma o pretender un retorno
imposible al medioevo, resulta siendo un anacronismo completo.
La autonomía significa que la
sociedad civil, en el concepto de Gramsci, organiza un espacio independiente
que tiene carácter científico y como objetivos fundamentales: a) la adquisición
del conocimiento de la realidad en todos sus órdenes, y b) la formación de
elemento humano que munido de tal conocimiento encare la solución de los
problemas en un ambiente completamente soberano. Cualquier dependencia,
cualquier sometimiento de la universidad a un poder "superior" es
inconcebible.
Si la universidad es la
institucionalización del conocimiento, ¿quién podría, desde una posición
"superior", pretender conducirla y dirigirla? Es pues el
principio del auto-gobierno el único principio válido y pensable para una
verdadera y auténtica universidad nacional.
Nuestra posición de principio con
respecto a las universidades privadas es por ello mismo muy clara. Al carecer
de independencia, pues son institutos sometidos ya sea a una religión y a una
jerarquía eclesiástica, a una secta (católicos, mormones, evangelistas, etc), a
una empresa privada, a una organización no gubernamental, etc., etc., su propio
carácter "universal" desaparece y es sustituido por un
"conocimiento" interesado. Por ejemplo, ¿cómo se podría cuestionar en
las ciencias naturales y biológicas el origen del hombre divino en una
"Universidad Católica"? No nos imaginamos una contradicción más
absoluta.
Se sostiene en algunos círculos
que la universidad pública tiene "miedo" a la competencia que
significa la presencia de las universidades privadas y que en rigor se opone al
desarrollo de la "competitividad". Es esta una verdadera falacia que
debe ser frontalmente rechazada.
La Universidad Boliviana es el
resultado del trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el empeño de las
generaciones más destacadas de la nación boliviana desde los tiempos de la
Colonia. Se ha ido constituyendo en un largo proceso de formación que se inicia
justamente en la Universidad absolutamente confesional de los tiempos de su
creación (1624, La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca). Ha pasado los momentos gloriosos de la lucha por la
independencia (1809-1825), cuyos lauros corresponden, en primer lugar al pueblo
altoperuano combatiente y en segundo y destacado lugar a la Universidad
Boliviana. Ha seguido el proceso de la conquista de su autonomía (1928) que
germinó junto con los postulados nacionales de la Reforma Agraria, la
Nacionalización de las Minas y el Voto Universal, hasta llegar a la Revolución
Universitaria de 1971 y finalmente la valerosa resistencia anti-dictatorial que
tuvo la enorme virtud de derrotar a las infames dictaduras fascistas de Bánzer,
Natusch, y García Mezza. (1971-1982)
¿Cómo una Universidad de esta
envergadura podría "temer" una confrontación académica y científica
con institutos liliputienses conducidos por empleados de la empresa privada,
centrillos de capacitación media o cenáculos de teologías diversas?
El Estado, sobre todo el Estado
boliviano no es un órgano que represente a la sociedad en su conjunto. En
realidad el Estado boliviano es un apéndice de intereses muy complejos que
distan mucho de representar el interés "común". En estos contornos,
la Universidad está obligada a tomar distancia de cualquier Estado para cumplir
plenamente sus funciones universales.
No se trata de que la universidad
tenga la "verdad" y que por ello necesite una autonomía. Se trata,
por el contrario, de que la verdad sólo puede ser conquistada por el conocimiento
autónomo, no dirigido, menos manipulado.
En los tiempos actuales, El
Estado tiene sus planes, sus programas y sus puntos de vista que, para la
universidad son puntos de vista particulares, junto a otros puntos de vista
igualmente válidos. Nadie puede decir entonces, ni sostener, que la universidad
no sirve a la "modernidad", o que está anclada en el pasado. Ese
juicio, precisamente, es el cuestionado. Como la universidad, además es
acumulación de conocimientos, para ella no existe el conocimiento de
"moda" y en consecuencia tienen igual jerarquía los conocimientos más
diversos que pugnarán por su mejor reconocimiento en la prueba cotidiana de la
práctica, no precisamente en un momento determinado, sino
permanentemente.
La universidad precisa, pues, una
autonomía muy clara frente al Estado. En la actual coyuntura es preciso que
todas las tendencias al interior de la Universidad, hagan conocer, con toda
precisión sus puntos de vista en torno al concepto de la Autonomía
Universitaria, sin ningún tipo de eufemismos: o estamos CON LA AUTONOMIA
UNIVERSITARIA O ESTAMOS CONTRA LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA.
Por último, abordamos una
cuestión fundamental: visualizamos la universidad autónoma como un verdadero
ámbito independiente con respecto al Estado y sobre todo al gobierno. Esto
significa que la universidad no puede limitarse a reproducir la ideología del
Estado, ni menos el discurso hegemónico de los sucesivos gobiernos. Su alta
misión consiste precisamente en cuestionarlos y someterlos a la prueba del
análisis científico y crítico y a la prueba de su consistencia en la práctica.
En realidad la Autonomía
Universitaria garantiza la existencia de un auténtico "territorio"
soberano de la ciencia, la conciencia, la investigación, el espíritu crítico,
la competencia sana, la igualdad de oportunidades para todos. Una garantía para
el desarrollo de la actividad investigativa al margen y fuera de las
imposiciones de empresarios o funcionarios corruptos, pragmáticos y tecnócratas
encerrados en sus números sobre todo de papel moneda verde.
La Autonomía Universitaria
superada, la nueva autonomía universitaria que planteamos y que construiremos
sobre la base de la vasta experiencia acumulada, resurgirá sobre sus
ocasionales adversarios auténticos y de conveniencia.
3. UNIVERSIDAD Y GOBIERNO
Ya
sabemos que existe una confusión lamentable entre los conceptos de Estado y
Gobierno. Nosotros comenzamos haciendo esta distinción muy importante porque
dicha confusión crea, efectivamente, serias dificultades teóricas. El Estado
brevemente definido es la totalidad política, en tanto que el Gobierno es una
parte, un órgano técnico-administrativo del Estado.
Desde los tiempos de la Autonomía
Universitaria (1928), las relaciones de la Universidad Boliviana con los sucesivos
gobiernos nacionales, han sido conflictivas, por decir lo menos. Esto se debe,
en gran parte, a que los diferentes partidos políticos gobernantes veían la
universidad como un peligro para sus mezquinos intereses de partido y de grupo.
Los
gobiernos de la oligarquía anterior a 1952, la llamada
"feudal-burguesía" no tienen nada que ver con la consecución de la
Autonomía Universitaria, como ignorantemente lo sostienen los algunos
desorientados.
Por el contrario, fueron las
corrientes socialistas emergentes, influenciadas por la revolución bolchevique,
el movimiento de Córdova (1918) y el pensamiento de Mariátegui, los que
hicieron realidad --después de una enconada lucha contra el silismo
reaccionario--, la autonomía. Recuérdese que la generación del 28 (con don José
Antonio Arze a la cabeza), sostuvo las consignas progresistas de "minas al
Estado y tierras al indio". La Autonomía Universitaria desde su cuna fue
una consigna y finalmente una conquista progresista ligada a las luchas
sociales del pueblo boliviano.
Es cierto que años después,
algunos grupos reaccionarios lograron penetrar la Universidad a través de la
Masonería que, efectivamente, controló la Universidad. Después de 1952, el
nacionalismo "revolucionario" representado por el MNR, visualizaba la
Universidad como el refugio de sus dos enemigos, la rosca masónica y el llamado
extremismo de izquierda. Esta que la razón de la conocida intervención
universitaria de 1956. El MNR tenía y tiene una verdadera fobia
anti-universitaria. Para probar esto no hace falta sino consultar la obra de
Augusto Céspedes y Carlos Montenegro que atacan a la Universidad en forma
atrabiliaria.
Después llegarían los gobiernos
militares. La Universidad sufrió las agresiones más alevosas de parte de
Barrientos, Ovando, Bánzer, Natusch y finalmente Garcia Mezza. El militarismo
fascista pretendió acabar con la Universidad, pero la Universidad, junto al
pueblo, rechazó la infamia y finalmente derrotó a las dictaduras.
Reconquistada la democracia
liberal, por obra en gran parte de la Universidad y con la llegada del
neoliberalismo, se inicia el nuevo tipo de ataque a la Universidad. Ahora es el
discurso hegemónico del modernismo que de tal no tiene nada, el que amenaza la
existencia misma de la Universidad Boliviana. Desde su seno se mueven los
arcaicos modernistas que, utilizando un lenguaje barroco y fatuo, utilizando
palabras en lugar de conceptos en la típica postura del diablo predicador que
no cumple lo que promete, exigen competencia cuando jamás la han demostrado,
exigen modernidad cuando el país, en la realidad, se está sumiendo cada día más
en la miseria y en la pobreza. Haciendo caso omiso a una realidad dramática de
desajuste social, pregonan modernidades que no entienden ni ellos mismos.
El gobierno Sánchez al haber
hecho abandono de sus funciones de planificación de la economía nacional,
dejando a la lógica del mercado todas las determinaciones, no puede pues exigir
de las Universidades ningún planeamiento, porque justamente su filosofía se
basa en el rechazo del plan. Caen por su base todas las críticas insinceras del
funcionalismo que deshonestamente "interesado" propugna el desarrollo
o el crecimiento económico, pero no de la totalidad social, sino de sus
intereses particulares reflejados en los parámetros conocidos de la
econometría.
Igualmente debemos referirnos
brevemente a la llamada "Reforma Educativa" (7) del Gobierno
movi-gonista. Acá veremos únicamente el aspecto relativo a la Universidad. En
efecto, se trata de los artículos 21 (Conamed y Sinamed), 22 y 23 de la Ley ya
aprobada por el parlamento que hace referencia a la acreditación y evaluación
de la labor propiamente académica de la Universidad Boliviana.
Con el criterio propio de quiénes
no conocen ni comprenden el carácter mismo de una verdadera universidad,
pretenden crear un organismo burocrático que "acredite" si la
universidad en sus múltiples y diversas carreras científicas, cumple con los
requerimientos del avance científico y tecnológico. Sin embargo, quiénes
podrían ser los elementos humanos que se encuentren habilitados para catalogar
y juzgar el trabajo, la investigación y la cátedra de decenas y centenas de
campos de la ciencia? Constituye realmente una osadía, un
atrevimiento y una pretensión muy grandes las de los presuntos "genios"
que según el gobierno serán nombrados en mayoría por el Presidente y el
Parlamento.
Si nosotros, -la universidad-,
sabemos muy bien que el poder legislativo está compuesto por parlamentarios
incluso analfabetos y sin estudios universitarios de ninguna clase, ¿qué
podemos esperar? ¿Serán los Ipiña que pueden saber de Teología (pero nada más),
los Sandoval Morón que si saben de masacres de universitarios y obreros, las
Anaya, los Hoz de Vila, los Maidana, los Cárdenas que si saben de vendimias,
los del ETARE que ya se han llevado millones de dólares?, ¿será el Goni que
apenas balbucea el español? ¿Serán ellos los que pretenden nombrar, con la
varita mágica de los "dos tercios", a los árbitros de la labor
académica de la universidad? ¡¡No faltaba más!!
Definitivamente decimos NO. La
universidad se evalúa y se acredita a sí misma, por ello es autónoma, y no
permitiremos que los eternos enemigos de la cultura y la autonomía, como son
todos los movimientistas, metan sus manos corruptas en la Universidad Autónoma.
Las relaciones
Universidad-Gobierno deben ser normales y de mutuo respeto y deben basarse en
la observancia plena y total de la Constitución Política del Estado. En un
documento especial nos referiremos al problema de la subvención de la sociedad
a las Universidades a través de los impuestos universitarios que deben ser
cobrados directamente por agentes de retención universitarios.
Por otro lado, el gobierno
neo-liberal de Sánchez (1993-1997), promulgó otra ley especial (7),
favoreciendo directamente a la "Universidad Católica". Dicha ley (No.
1545 de 21 de marzo de 1994), violentando flagrantemente la Constitución
Política del Estado, reconoce como universidad pública a la Universidad
Católica.
El art. 2° dispone que la U.
Católica: "dependiente de la Conferencia Episcopal es una institución de
derecho público que goza de autonomía académica y económica, forma parte del
sistema universitario boliviano...y está facultada para extender....... títulos
en Provisión Nacional sin limitación ni restricción alguna".(8)
Pasemos a analizar este artículo
desde el punto de vista de los principios y de la propia Constitución Política.
En primer lugar, al reconocer la dependencia de la UC con respecto a la
Conferencia Episcopal (Iglesia Católica), se está determinando su carácter
privado, entonces, ¿de qué autonomía se habla? ¿No era un constante acaso de la
prédica anti-universitaria precisamente su carácter público y la necesidad
justamente de su privatización? ¿En qué quedamos? En segundo lugar
se habla de derecho público, pretendiendo ocultar el carácter privado y de
lucro de la UC, que en realidad es una empresa privada. La CPE, en su art. 185,
dice:
"Las Universidades públicas son autónomas e iguales
en jerarquía...", y en el
art. 188 expresa que: las universidades privadas....etc".(9) La
distinción que hace la CPE entre universidades públicas y privadas es
sencillamente vulnerada por el art. 2° de la Ley 1545.
Veamos cual es el criterio
constitucional para hacer dicha distinción. Básicamente el hecho de que la
universidad nacional es obligatoriamente sostenida por la sociedad a través del
Estado, en tanto que la universidad privada es sostenida justamente por las
personas privadas que son sus propietarias y por el pago de una matrícula que
excede con mucho la prestación del servicio y alcanza los límites del lucro, la
ganancia y el beneficio.
La propia dictación de esta Ley,
violatoria de la Constitución nos muestra el criterio del Gobierno de ir
desconociendo paulatinamente la Autonomía Universitaria en beneficio de las
Universidades privadas.
El proceso indirecto y disimulado
de privatización de las universidades públicas se ha dado desde 1985 más o
menos. Se ha ido avanzando poco a poco, primero con ataques teóricos a la
Autonomía, al co-gobierno docente-estudiantil paritario y finalmente a las
Asambleas generales docentes y estudiantiles. Con una insistencia digna de
mejores causas, los enemigos de la Autonomía que sumaban millares y se
manifestaban en los órganos de difusión recibiendo apoyos desde todos los
ángulos del "pensamiento único", taladraban la mente de todos con sus
prédicas
anti-autonomistas.
La ofensiva consiguió muchos
logros entre ellos, principalmente, un desarrollo muy grande de la corrupción,
pues una vez "consensuado" el criterio que la educación superior era
una mercancía. Todo debía tener su precio, las notas, las calificaciones, los
exámenes, los títulos, los valores universitarios tenían sus tarifas. ¿Se puede
negar que esta realidad domina actualmente en las universidades del sistema?
Ahora y finalmente,
abordamos el problema de la Universidad Pública de El Alto.
4.
LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO (UPEA)
La Universidad Pública de El
Alto, ha sido creada por Ley No. 2115 de fecha 5 de septiembre de 2000, como
una universidad pública, empero sin respetarse todas y cada una de las
disposiciones de la Constitución Política del Estado que proclaman que las
Universidades Públicas son autónomas, se la declara sin Autonomía, la misma que
podrá ser concedida recién dentro de cinco años. Es pues ésta una violación
flagrante de la Constitución, pues crea un tercer tipo de universidades al
margen de la Ley. La Ley 2115 fue obra del entonces Ministro de Educación Tito
Hoz de Vila que, ante la presión social alteña no tuvo más remedio que fundar
la Universidad de El Alto, pero introduciendo la piedra de la discordia al
negarle la necesaria autonomía para su normal funcionamiento. Empero, además,
propició un engranaje complicado para hacer elegir como rector y vice-rector a
los representantes del Gobierno y la Iglesia católica en ese mismo Comité de
Implementación de la Universidad.
Esos representantes fueron
precisamente los señores Javier Tito Espinoza y Edgar Chipana Vargas que
tomaron la Universidad como su hacienda, realizando la gestión universitaria
más vergonzosa que recuerda la historia de la Universidad Boliviana. La
elección fraudulenta fue avalada también vergonzosamente por los
"notables" Carlos Toranzo y el Dr. Aguirre de la Academia de Ciencias.
Decimos vergonzosa porque avalaron la elección y el nombramiento de dos señores
que carecían de títulos
universitarios.
La Ley de creación de la UPEA,
determina en su art. 2°, parágrafo III, la existencia de un:
Consejo de Desarrollo
Institucional (CDI) constituido por:
El Rector de la Universidad.
El Obispo de El Alto o su
representante.
Un representante de la Central
Obrera Regional de El Alto.
Un representante de la Federación
de Gremiales de El Alto.
Un representante de la Junta de
Vecinos del Alto.
Un representante de los Artesanos
de El Alto.
Un representante de los Padres de
Familia.
Un representante de los Docentes
Un representante de los
estudiantes. (Parágrafo IV)
El CDI tiene las siguientes
atribuciones: fiscalización de la UPEA, considerar el plan de desarrollo y los
planes anuales de gestión universitaria y su presupuesto, además de otras que
señale el Estatuto
Orgánico.
El Art. 2°, parágrafo II,
es el más importante pues determina textualmente:
II. La Universidad de El
Alto estará bajo la tuición académica del CEUB por el lapso de cinco años, a
partir del inicio de sus actividades académicas, tiempo en el cual se
consolidará como institución de educación superior con parámetros de calidad
académica aceptados internacionalmente. Cumplido este lapso la Universidad de
El Alto cobrará la calidad institucional plena de Universidad Pública y
Autónoma bajo las normas y parámetros de la presente Ley y de pleno derecho,
formará parte integrante de la Universidad Boliviana, en el marco de la
previsión contendía en el parágrafo II del art. 185 de la Constitución Política
del Estado.
Sugestivamente la Ley 2115,
hace mutis en cuanto al parágrafo I del art. 185 que establece con toda
claridad que: Las universidades públicas son autónomas e iguales en
jerarquía....
La Constitución no reconoce
entonces lapsos en los cuales las universidades públicas floten en una
atmósfera extraña, dirigidas nadie sabe por quiénes ni en qué condiciones,
sujetas nadie sabe a qué normatividad, etc, etc.
El art. 2°, parágrafo II es un
verdadero atentado jurídico que ha ocasionado todos los conflictos que ha
tenido que sufrir esa Universidad con las agresiones de las fuerzas públicas
contra sus estudiantes que reclamaban precisamente la Autonomía para superar
los mismos. Nunca como esta vez para calificar la Ley como una trampa tenebrosa
que superarla costó grandes sacrificios al movimiento universitario
alteño.
El CDI, anterior al actual,
dominado y domesticado por los señores Tito y Chipana, lejos de cumplir sus
obligaciones en torno a la fiscalización, se convirtió en el verdadero
"dueño" de la UPEA y sus integrantes, ajenos a la gestión académica
propiamente dicha, se convirtieron en consejeros "universitarios" que
designaban docentes, cargos administrativos y percibían y cobraban sueldos y
dietas altísimas sin responder por sus actividades.
La gestión rectoral se
deslegitimó pues, como señalamos, ni el propio Rector, ni el ViceRector
tenían títulos académicos habilitantes para la función rectoral y en su
propósito de ocultar estos hecho propiciaron una gestión sumamente conflictiva
e irregular que arrasó con toda legalidad e institucionalidad universitaria.
Fue pues la propia Ley la piedra de toque en torno a los conflictos. Se sumó la
corrupción más extendida, la misma que ha sido denunciada por el propio
Ex-Rector.
El cúmulo de irregularidades, la
prepotencia de las "autoridades" ilegítimas, la intervención abusiva
de la fuerza pública que agredía a los estudiantes, el conocimiento y la
evidencia en cuanto a la corrupción generalizada, determinó la reacción del
movimiento estudiantil que pasó directamente a la solución definitiva del
conflicto, la lucha por la Autonomía universitaria a partir de la elección de
nuevas autoridades académicas por selección directa de docentes y
estudiantes.
Este paso profundamente
democrático universitario había sido sugerido por el propio Secretario
Ejecutivo del CEUB, Sr. Juan Cuevas que, en varias entrevistas con
representantes de la UPEA, declaró taxativamente que el CEUB no la reconocería
mientras sea dirigida por un señor que carecía de legitimidad por no tener
título universitario habilitante.
El Sr. Cuevas aconsejo que los
universitarios, haciendo uso de su derecho legítimo, destituyeran a esas
autoridades fraudulentas y eligieran por sí mismos sus rectores los mismos que
serían reconocidas por el CEUB e incorporada la Universidad al Sistema
Nacional de Universidades. El Sr. Cuevas, faltando a su palabra se
retractó, censurando y combatiendo junto a Chipana contra el movimiento
autonomista alteño, amparándose fraudulentamente en las resoluciones de las
Conferencias Nacionales Universitarias que ordenaban la abstención total del
CEUB en el conflicto alteño. El Sr. Cuevas tendrá, tarde o temprano que
explicar su nefasta intervención en el conflicto de la UPEA.
Por otra parte, extraña a la
Universidad alteña la exigencia perentoria de autonomía y auto gobierno previos
para el ingreso al sistema de parte de la UPEA, cuando en su seno ha sido
recibida y cobijada la Universidad Católica que a pesar de una Ley fraudulenta
es, en realidad, una Universidad privada, sin autonomía y sin co-gobierno
docente-estudiantil paritario.
Seguidamente se plantea el
problema económico que necesariamente debe contemplar la aplicación del art.
187, sobre la universidad pública, que dice:
"Las Universidades públicas serán obligatoria y suficientemente
subvencionadas por el Estado con fondos nacionales...etc. (10)
En el breve período de tres meses
que nos cupo desempeñar el Rectorado interino, no logramos la derogatoria o
abrogatoria de la Ley 2115, ni su sustitución por otra Ley autonomista. Lo que
que si se logró fue la regularización de las actividades académicas, la
constitución del H. Concejo Universitario, la organización de las Carreras y la
realización de Jornadas Académicas en cada una de ellas. Hemos cumplido la
primera etapa de la recuperación de la Universidad Alteña, ahora enfrentamos la
segunda y definitiva etapa que no puede sino concluir con la Autonomía plena.
En estos contornos, podemos decir
que se ha abierto un frente de lucha universitario muy importante que tiene que
ver con la heroica resistencia de los universitarios alteños que pretenden
rescatar la Autonomía Universitaria, no solamente para la UPEA sino para todo
el sistema de la Universidad Boliviana que la ha ido perdiendo paulatinamente.
El movimiento autonomista universitario alteño se ha constituido ya en la
vanguardia nacional por la reconquista de la Autonomía Universitaria y también
por la conquista de la nueva Autonomía Universitaria revolucionaria.
Notas BIBLIOGRAFICAS.
1.
Velasco, Ramiro. La Razón. “La Universidad en el desarrollo”. Sábado
17-08.00.
2.
Herrera, Amilcar. “Ciencia y política en América Latina”. Página 14. Siglo
XX, editores.
3.
Reforma Universitaria (Documento de discusión).
4.
Documento de ASD “aprobado” en el X
Congreso de la COB, por Oscar Salas y
Camargo.
5.
Reforma Universitaria. Citada.
6.
Ibid.
7.
Ley No. 1545. Universidad Católica. Art.
2. 21 de marzo de 1994.
8.
Ley No. 1565. Reforma Educativa. 7 de
julio de 1994.
9.
Ley No 2115. Universidad Pública de El
Alto. 5 de septiembre de 2000.
10.
Constitución Política del Estado. Arts.
185, 1286, 1987 y 188.
El Alto, abril
de 2003.
Dr. Jorge
Echazu Alvarado
exRector de la UPEA (Autónoma)
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