UNA BATALLA CONTRA LA INFAMIA

14-02-13

UNA BATALLA CONTRA LA INFAMIA

El Estado no puede exigir rendición alguna de cuentas de recursos que no han sido desembolsados.

Esta verdad cristalina puede ser comprendida por un niño de 8 años e incluso por un minusválido, pero no es entendida por la Contraloría General del Señor Gabriel Herbas.

Hemos realizado este trabajo de análisis de los cargos levantados arbitraria y falsamente contra mi persona por parte de la Contraloría General del Estado, exonerando criminalmente a los verdaderos y únicos responsables de los manejos arbitrarios de los recursos de la UPEA, el señor Javier Sebastián Tito Espinoza y el Sr, Mario Virreira, el primero, actualmente alto funcionario del Viceministerio de Descolonización y el segundo Ministro de Minería del Estado Plurinacional.

Sin el menor conocimiento, los auditores y los asesores legales, falseando fechas y documentos intentan inculpar civilmente a mi persona que, como todo el mundo conoce, jamás fue reconocido como Rector Autonomista de la UPEA y por lo mismo jamás tuvo cuenta fiscal, jamás se reconoció mi firma ante el sistema bancario para cobrar las cuentas correspondientes de la UPEA y menos hacer las retenciones de los aportes de los trabajadores para las AFPs, omisión que correspondía a los rectores reconocidos por el Gobierno y que efectivamente manejaron sus fondos y saquearon vilmente a la UPEA. Esos señores, como tenemos indicado, son precisamente Javier Tito Espinoza y Mario Virreira.

En ese sentido, hemos recibido una notificación personal de la Contraloría del Estado con una Auditoría Especial de Gastos 2005 y pagos efectuados en las gestiones 2004 al 2008 por juicios laborales en contra de la UPEA. (Informe No. GL/EP12/L07 R4, seguido de un informe complementario No. GL/EP12/L07 C4).

El título mismo de la Auditoria 2004 y 2005-2008, resulta siendo impertinente en cuanto a mis gestiones parciales de 2002 y 2003. Empero este es un simple detalle frente a las anomalías que iré relatando.

Los señores auditores no se han enterado, por lo menos por la prensa que siguió pormenorizadamente la lucha autonomista de la UPEA contra el Gobierno neoliberal de Sánchez Lozada. (Subrayado autonomista porque los auditores y abogados de Contraloría la consideran Anti-autonomista). No se han enterado, lamentablemente que mi gestión como rector en las fechas indicadas no fue nunca reconocida por el gobierno de entonces y que los recursos de la UPEA fueron entregados a manos llenas al Señor Javier Sebastián Tito Espinoza que, según el Gobierno de entonces, el CEUB, y todas las autoridades, seguía siendo el Rector legal de la UPEA.

Paso a fundamentar mi denuncia frente al atentado criminal que se pretende cometer contra mi persona como el Primer Rector Autonomista de la historia de la UPEA y con la “responsabilidad” de $ 72 333 (Setenta y dos mil trescientos treinta y tres dólares americanos), por una “omisión” inventada por Contraloría.

Mi designación fue el resultado de una verdadera insurrección de los estudiantes,  docentes y trabajadores administrativos que expulsaron violenta y vergonzosamente a los Srs. Javier Sebastián Tito Espinoza y su Vice-Rector Chipana,  por sus flagrantes delitos y corrupción evidentes. Tito llegó a ser detenido y encarcelado. He aquí el testimonio del Director Jurídico de la UPEA:

“Mi persona como Director Jurídico y el señor Rector iniciamos acción penal por delitos de peculado y otros contra el señor ex Rector Javier Sebastián Tito Espinoza, hasta lograr su acusación y posteriormente su detención en el Panóptico Nacional de San Pedro, lamentablemente fui destituido y no sé cómo terminó ese proceso penal.”(Testimonio del Dr. José Antonio Núñez Velásquez, cursante en Auditoria de Contraloría)

El “Informe” preliminar livianamente dice que: «Una vez exonerado el Sr. Tito, por Resolución 019/2002 del 17 de julio (El CDI, NO tiene esas atribuciones lo cual y por lo mismo es ilegal), quedando acéfalo el cargo hasta la designación de Jorge Echazu Alvarado el 14 de septiembre de 2002 (Tampoco tenía el CDI atribución alguna para designar autoridades en la UPEA)». Mi designación provino de una Gran Asamblea General de la UPEA de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política del Estado- Art. 185.

Lo que no dice el informe es que mi designación provino también y por presión universitaria, de una determinación del CDI (Consejo de Desarrollo Institucional), que era solamente una instancia fiscalizadora de la UPEA creada por la Ley 2115; determinación que nunca fue reconocida por el Gobierno del MNR.

Los fondos del Presupuesto General de la Nación destinados a la UPEA no fueron entregados JAMÁS a mi persona, precisamente por el DESCONOCIMIENTO A MI RECTORÍA, que resultó siendo “revolucionaria” y “autonomista” y de “facto”. Las cuentas fiscales bancarias de la UPEA nunca estuvieron consignadas a mi nombre y mi persona jamás recibió reconocimiento de mi firma, como probaremos abundantemente más adelante.

La UPEA logró su autonomía por Ley No. 2556 de 5 de noviembre de 2003, tras larga y heroica lucha de estudiantes, docentes y trabajadores y de una gestión académica y administrativa de año y medio con normalidad, bajo mi dirección sin un centavo de parte del gobierno y en las condiciones más deplorables como se puede suponer.

El “informe” de Auditoria,  por irrisorio no necesita ningún DESCARGO, porque yo no he recibido como Rector “revolucionario” un solo centavo y todas las manifestaciones irresponsables del “informe” nos demuestran que los datos que se manejan con tanta ligereza son falsos de toda falsedad.

Los errores del informe iniciales son:

1. La primera gestión “de facto” fue del 14 de septiembre al 14 de diciembre del 2002 y no así, de julio a diciembre de ese año, como expresa falsamente el informe.
2. La segunda gestión del 2003, también de facto aunque producto de una elección democrática desconocida por el Gobierno) fue del 1º. de marzo a noviembre 04 (fecha de mi renuncia) y no así de enero a abril y de junio a septiembre, como igualmente expresa falsamente el informe. ¡Todo falso!

Estos errores garrafales que alteran toda conclusión, demuestran la poca seriedad del informe que sigue en la forma más irresponsable sosteniendo:

«Por lo expuesto, se establece que Jorge Echazú Alvarado, Rector de la UPEA no dio cumplimiento al pago mensual de contribuciones a los trabajadores de la Universidad Pública de El Alto, omisión que ha generado recargos adicionales al pago de contribuciones a las AFPs, causando daño económico el Estado, por el incumplimiento a deberes formales establecidos en la demanda judicial interpuesta por la AFP Futuro de Bolivia S.A. por el importe de bs. 582 276 equivalentes a $ 72 333»

Y a continuación en las conclusiones inc. b) se dice:

Jorge Echazú Alvarado en el ejercicio de las funciones de rector de la UPEA, por Bs. 582 276, equivalentes a dólares americanos 72 333.

Por su parte el también irrisorio Informe Legal que se respalda en los informes técnicos sin revisarlos, agrega:

«Que el cumplimiento del pago de cotizaciones y otros a la Administración de Fondos de Pensiones AFP- Futuro de Bolivia , dio lugar a que se generen importes por recargos, gastos judiciales y administrativos, expresados en los cuadros del informe preliminar de auditoría, toda vez que Jorge Echazú Alvarado, Rector de la UPEA no dio cumplimiento al pago mensual de contribuciones de los trabajadores de la UPEA, omisión que ha generado recargos adicionales al pago de contribuciones a las AFPs, causando daño económico al Estado por las gestiones de julio a diciembre 2002 y de enero a abril y junio a septiembre de 2003, por el importe de bs. 582 276 equivalentes a SUS 72. 333.»

Tanto los informes preliminar y complementario, cuanto el informe legal son completamente falsos de toda falsedad, irresponsables y lindantes con lo delictivo por las falsedades que contiene.

Para conocimiento de los auditores, los Lics. Juan Ordoñez Daza, Jaime P. Gutiérrez Guzmán y Julieta Nina Suárez, y los Drs. Vivian Chacón Auzza, Marco Alborta Valda y Daniel Pérez Orruel, quisiera hacer un punteo muy rápido para que comprendan el carácter de la lucha de una Universidad que por determinaciones autoritarias e ilegales del Gobierno de Sánchez Lozada fue reconocida como Universidad PUBLICA PERO SIN AUTONOMÍA, LO CUAL VIOLENTÓ EL ART. 185, parágrafo 2o. de la Constitución Política del Estado anterior que otorga la autonomía juntamente con su condición de PÚBLICA.

Lo más vergonzoso del “informe” de “auditoría” es que califica sistemáticamente nuestra lucha por la autonomía universitaria de UPEA, como una lucha ANTI-AUTONOMISTA. Es éste, no un lapsus que podría pasarse por alto, empero su reiteración denota una ignorancia que no tiene nombre. En fin…

En esta virtud, en cuanto se refiere a mi primea gestión (de 14-09-02 a 14-12-02), un Acuerdo Institucional dio curso a la Resolución 021/02 de 9 de octubre de 2002 del Consejo de Desarrollo Institucional, por la que se organiza la Comisión transitoria que posibilitará el descongelamiento de cuentas de la UPEA, en favor de Juan Melendres, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR); el Secretario de la Federación de Gremiales, Juan Escobar y el representante de la Iglesia, padre Tomás Cornejo. La Comisión de Notables conformada por los representantes de la APDHB, Sacha Llorenti y el Defensor del Pueblo Gonzalo Párraga, avalaron esta determinación del CDI. En cuanto se refiere a la intervención de la Iglesia católica, los sacerdotes Jesús Juárez, Obispo,  y José Subirats tuvieron intervención en esos acuerdos.

La Comisión Transitoria tendrá según el Acuerdo Institucional los objetivos de ADMINISTRAR MOMENTÁNEAMENTE LOS RECURSOS DE LA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS, HACERCE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD y velar porque en el lapso de un mes se tengan los instrumentos legales que posibiliten la institucionalización de la UPEA.  El acuerdo de los cinco puntos está firmado por Isaac Maidana, Ministro de educación, José Luís Harb, viceministro de Régimen Interior, Oscar Heredia, viceministro de Educación Superior y otras autoridades.  (El Alteño, 10 de octubre-02, pág. 4).

«La Comisión deberá administrar los recursos, lo que implica cancelar los servicios básicos, energía eléctrica, agua y teléfono, y otros gastos administrativos debidamente justificados y pagar los salarios a todos los docentes y administrativos, incluidos los contratados por anteriores gestiones, previa justificación de las labores desempeñadas». (El Alteño, 10 de octubre-02. Pág. 4.)

En cumplimiento del Acuerdo Institucional de 9 de octubre 2002,  «la Comisión Transitoria se encargará de los recursos, ante los Ministerios de Trabajo, Hacienda y Educación, de este modo quedan habilitadas las firmas del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) Juan Melendres, del representante de los gremialistas Juan Escobar, mientras que la contrafirma estará a cargo de Rafael Flores, Director Financiero-Administrativo de la UPEA». (El Alteño, 19 de octubre de 2002. Pág. 8.)

El director Financiero Administrativo Rafael Flores denunció la desaparición de Bs. 825 000 con el cheque No. 00001772, correspondiente al mes de junio 2002, es decir antes de la expulsión violenta de las autoridades desconocidas y el inicio del conflicto, dinero que no figura en el libro de cuentas ni en el registro diario de ingresos. En esa misma fecha el Alteño informa que la defensora del Pueblo, Ana María de Romero y el Dr. Waldo Albarracín Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, abandonaron la reunión de institucionalización de la UPEA por la intransigencia de los líderes sindicales, (El Alteño, 6 de noviembre de 2002.)

Todos estos datos que deben ser autenticados y certificados por los personeros de gobierno de esa época y particularmente por Contraloría General del Estado, prueban del modo más fehaciente que mi “autoridad” reconocida solamente por el CDI y la comunidad universitaria en su inmensa mayoría, no manejó jamás cuenta alguna de la UPEA, las mismas que fueron manejadas por el CDI en 2002 y en el 2003, además por el Lic. Rafael Flores, director Administrativo y Financiero de la UPEA.

La falsa “auditoria” sostiene ridículamente que era el CDI (Consejo de Desarrollo Institucional), el que tenía como  atribución la designación de autoridades universitarias de UPEA. ¡¡Completamente falso!! El CDI era un organismo solamente fiscalizador de la UPEA (Art. 2º. Parágrafo III. Y sus tres incisos. Ley 2115 de 5 de septiembre de 2000).

 Por lo mismo si bien el reconocimiento de mi autoridad por parte del CDI, implicaba un reconocimiento extraoficial, simbólico y académico, no constituía un reconocimiento oficial con atribución de manejo de cuentas de UPEA, todo lo que ya había sido adjudicado al Señor Tito Espinoza. Por lo mismo, esto corrobora mi versión en el sentido de no haber recibido ningún recurso público de las cuentas de la UPEA.

En cuanto se refiere a mi segunda “gestión” (1º. De abril- noviembre-04-2003) que igualmente fue desconocida está vez incluso por el CDI y el Gobierno del MNR de Sánchez Lozada y que fuera producto de una elección universal en la comunidad universitaria alteña, se debe considerar  la postura oficial del Ministerio de Educación a cargo del Sr. Hugo Carvajal Donoso, que en fecha 31 de marzo de 2003, certifica que el Dr. Echazú no es el rector de la UPEA y que el Rector legal y titular es el Señor Javier Tito Espinoza. Se pidió Ministerio de Educación una certificación de esa determinación ministerial, sin embargo misteriosamente esa resolución se ha extraviado o ha sido destruida y en consecuencia me ha sido negada. (En mis “descargos” consta el documento del Min. Educación al que hago referencia y que no fue considerado en el Informe preliminar y menos en el complementario y por el contrario fue RECHAZADO sin ningún argumento y que adicionalmente Contraloría se niega a devolverme)

Las cuentas bancarias de la UPEA durante todo el año de 2003, que oficialmente aparecían congeladas, ( y que recién fueron real y oficialmente descongeladas cuando se dictó la Ley 2556 de autonomía), sin embargo subrepticiamente se descongelaban periódicamente en favor de Tito Espinoza cuando ese señor lo solicitaba (El Diario, 24 de abril de 2003), es decir que mientras mi autoridad era elegido rector autonomista en el Claustro Universitario y posesionado el 1o, de Abril, las cuentas de la UPEA eran abiertas para el señor Tito con el siguiente detalle:

“Cuatro cheques que suman 5 607 570 bs. Lo prueban los extractos de cuentas fiscales

201-3714181 del Banco de Crédito, el primer desembolso de 1 600 000 bs. Mediante cheque 00002151 fue librado el 28 de febrero de 2003, el segundo de bs. 2 000 000 mediante cheque 00002152 correspondiente al 6 de marzo y otro desembolso de bs.

2 000 000, con cheque 0002153 y finalmente un cuatro cheque de 7 570 000 bs., mediante cheque 0001840 del 11 de marzo del mismo año”.  (“La Prensa”, 29 de abril de 2003. “Lupe Cajías investigará corrupción en la UPEA”. “El Diario” 29 de abril de 2003).

Además tenemos la siguiente declaración del señor Ministro de Educación  Hugo Carvajal Donoso que indica:

“El TGN ya entregó 18.6 millones de bolivianos al sector de Javier Tito”. (“El Alteño, 30 de julio de 2003”.

Si el señor Tito recibió oficialmente estos ingentes recursos, preguntamos a la famosa Contraloría: ¿Cuáles han sido los recursos asignados al Dr. Echazú, en su condición de Rector autonomista?, pues NINGÚN RECURSO. Estos desembolsos se pueden fácil y claramente certificarse con documentación del Banco de Crédito y necesariamenteieron figurar en la llamada falsamente “Auditoria” de la Contraloría.

El cargo principal contra mi persona se refiere concretamente a la presunta “omisión” de mi parte de no haber hecho la retención mensual de los fondos de cada trabajador a favor de las AFPs, tanto en 2002 (seis meses, cuando en realidad fueron tres meses además desconocidos) como en 2003 (nueve meses).

El Informe Legal dice que mi gestión se extendió de julio a diciembre de 2002. ¡Falso! Mi gestión revolucionaria duró de 14 de septiembre a 14 de diciembre, oportunidad ésta en que recién se descongelaron las cuentas de la UPEA a nombre del CDI. En esas circunstancias, ¿cómo podría yo ordenar retención alguna mensual? Naturalmente el asesor legal despistado no leyó mi “descargo” aclarando estos hechos.

En cuanto a los nueve meses de 2003, las cuentas de la UPEA estaban consignadas a nombre del “rector” Tito Espinoza y jamás fueron consignadas a mi nombre. Otra prueba está en que recién en 2004, en la rectoría legal de Mario Virreira se descongelaron esas cuentas precisamente a esa autoridad que procedió a cancelar los salarios devengados de los nueve meses como consta en las papeletas. (Papeletas de pago de abril, mayo y junio de 2003, cancelados en fecha 08 de noviembre de 2004)

Si bien en la gestión 2002 existe alguna confusión por el hecho de figurar mi nombre en las planillas de pago y en las papeletas de pago de los tres meses, que como indicaba recién se cancelaron el 17 de diciembre, precisamente cuando concluyó mi gestión un 14 de diciembre; en cuanto se refiere al año 2003, NO HAY NINGUNA CONFUSION PORQUE RECIÉN EN 2004 SE DESCONGELARON LAS CUENTAS A FAVOR DE VIRREIRA.

El Director Jurídico de Virreira señala:

“La Contraloría General de la República en un informe de recomendaciones emergentes del Informe especial sobre procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios y personal por el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001, observa graves fallas en la UPEA que naturalmente nunca fueron rectificadas ni menos se hizo caso a dicho informe (adjunto como prueba a efectum videmdum por no contar con originales que seguramente se encuentran en la Contraloría General del Estado).

La Contraloría General del Estado tenía los antecedentes de la Contraloría General de la República, sobre los malos manejos de Tito Espinoza ya en la gestión de 2000 y 2001, pero dicho informe duerme el sueño de los justos en la actual Contraloría y no sirve para nada.

Sigue el testimonio del asesor jurídico de Virreina, que ya lo transcribimos líneas arriba, pero que lo volvemos a mencionar para la menguada compresión de algunas autoridades.

“Mi persona como Director Jurídico y el señor Rector (Virreina) iniciamos acción penal contra el señor ex Rector Javier Sebastián Tito Espinoza, hasta lograr su acusación y posteriormente su detención en el Panóptico Nacional de San Pedro, lamentablemente fui destituido y no sé cómo termino ese proceso penal”

Cabe insistir que durante todo el año 2003, las cuentas de la IPEA estuvieron congeladas para nosotros, pero estaban descongeladas para el señor Tito como hemos probado líneas arriba con las fechas de los cheques y sus numeraciones durante esa gestión, empero en el famoso informe no figura por ninguna parte la responsabilidad del señor Javier Tito.

¿Puede existir una infamia semejante en mi contra?

Por otro lado tenemos las planillas de pago por mis salarios de Rector desconocido de la Universidad (julio a octubre de 2003, por bs. 9 668.35, mensuales, con una retención de bs. 1 509.77 para las AFPs). Esas planillas y las papeletas de pago por todo el año de 2003 en mi gestión recién fueron canceladas en 2004 por el Rector titular Mario Virreira que resulta siendo el responsable de remitir a las AFPs, los recursos correspondientes. Entonces, ¿cómo es posible que se me responsabilice de una “omisión” de retención mensual y de no hacer cumplir el pago de los fondos retenidos, si recién en 2004, fui reconocido (ex-post) como Rector por cuanto recién se me cancelaron los haberes atrasados?

Finalmente como prueba de descargo, tenemos la Auditoría Interna que elaboró la UPEA en torno a mis sueldos de septiembre-diciembre 2002 y abril-octubre – 2003, que resultaban siendo incompatibles con mi pensión jubilatoria que me canceló el SENASIR por esos mismos meses. La explicación correspondiente consistía en que esos pagos no fueron simultáneos y cuando se produjo la superposición, se llegó a un acuerdo con SENASIR para hacer los descuentos correspondientes a esos meses que resultaban duplicados, lo que se cumplió rigurosamente.

¡¡Esta constatación demuestra de modo irrefutable que si no recibía ni siquiera mi salario como Rector durante 8 meses, cómo iba a ordenar descuentos a los trabajadores!!

¡¡Más claro que esto es imposible!!

Resulta pues, irrisorio que se pretenda cargar sobre las espaldas del autor de la Autonomía e la institucionalización de la UPEA, las irregularidades en el manejo de las cuentas universitarias, primero por parte de Tito Espinoza (2002) y después por parte de Mario Virreira (2003).

El nombrado Director Jurídico de Virreina, el Dr. Núñez Velásquez finalmente señala:

“En última instancia se tendría que responsabilizar a todos por estos actos y curiosamente el responsable principal ex Rector Javier Tito Espinoza que no pagó los aportes, ahora resulta limpio de polvo y paja” (citado por el Informe de la Contraloría)

Es realmente muy curioso, curiosísimo, que el señor Javier Sebastián Tito Espinoza, citado insistentemente por todos los informes, recibiendo oficial y sistemáticamente todos los recursos del TGN y reconocido expresamente por el Gobierno, resulte siendo TOTALMENTE IGNORADO POR EL FAMOSO INFORME DE CONTRALORÍA.

Aquí ocurre un caso clarísimo de  ENCUBRIMIENTO CRIMINAL (art. 171 del Código Penal) del verdadero responsable de todos los daños ocasionados a la UPEA. Teniéndose como si hiciera falta, el antecedente de la acusación comprobada de la comisión del delito de peculado y su reclusión en San Pedro. ¡Nada de eso tiene valor para la Contraloría!!

(El art. 171 del Código Penal:

“El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho  estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años”).

Finalmente hago referencia a un ACUERDO DE CONCILIACIÓN DE DEUDAS AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO suscrito por Futuro de Bolivia, La Universidad Pública del El Alto y el Sr. Mario Virreira de 11 de febrero de 2011 años ante Notario Público, cuya copia legalizada fue presentada a la Contraloría por el Sr. Virreira, razón por la cual dicho señor fue excluido de responsabilidad alguna, estableciéndose que NO HUBO DAÑO ALGUNO AL ESTADO y ha hecho posible su designación como Ministro de Estado. Incluso ese Acuerdo conciliatorio, debiera favorecerme, en último caso, empero ni eso tiene valor para Contraloría que insiste machaconamente en responsabilizar al inocente y proteger y ENCUBRIR A LOS DELINCUENTES.

Es pues, como se puede evidenciar, una gran infamia POLITICA LA QUE SE ESTÁ GESTANDO CONTRA MI PERSONA, en la forma más ladina y más delincuencial.

En el presente me encuentro en la condición de INDEFENSIÓN, pues todos mis alegatos, todos mis argumentos, todos los  documentos no son tomados en cuenta ni siquiera como indicios que en cantidad pueden constituir plena prueba-

Por ejemplo, se pide una información del Banco de Crédito, que certifica que efectivamente se inició de nuestra parte un  trámite para el reconocimiento de firmas para la acreditación a mi nombre de las cuentas de UPEA. EMPERO ESE TRÁMITE QUEDÓ ANULADO POR ORDEN SUPERIOR y, en consecuencia, reiteramos, jamás se desembolsaron recursos a mi nombre. Nada de eso fue considerado por Contraloría General en un claro intento de encubrir a los verdaderos desfalcadores de UPEA. Los sistemáticos rechazos de plano de mi defensa, demuestran la mala fue con la que ha actuado Contraloría.

En consecuencia me veré obligado a hacer pública mi denuncia en todas las instancias que se me permitan, incluso ya denuncie ante el propio señor Presidente del Estado, simplemente para su conocimiento de las irregularidades cometidas contra mi persona y de ninguna manera para pedir una “intervención” que es impertinente y que no corresponde. Solamente pretendo que esa suprema autoridad este enterada de este ingrato problema.

En última instancia tendré que recurrir a los tribunales ordinarios en la vía criminal para probar mi inocencia plena y la CULPABILIDAD DE PERSONEROS DEL ACTUAL GOBIERNO QUE GOZAN DE TODOS LOS PRIVILEGIOS.

Mi lucha por el esclarecimiento pleno de todo lo que se refiere a la economía de la Universidad Pública y Autónoma de El Alto, a la que considero “mi” Universidad, tiene por objeto restablecer la verdad histórica de las jornadas heroicas que hicieron posible la derrota del neoliberalismo y el inicio de un proceso de cambio que todos los revolucionarios anhelamos tenga una continuación profundizada para bien de los pueblos bolivianos oprimidos y sus clase proletarias explotadas.

Dr. JORGE ECHAZÚ ALVARADO

Primer rector Autonomista de la UPEA (Desconocido por el Gobierno)

Dirigente político marxista-leninista.

Fundador de la primera Carrera de Ciencias Políticas en Bolivia.

Director de la Carrera de Ciencias Políticas en dos gestiones.

Decano Interino de la Facultad de Derecho de la UMSA.

jechasqui@gmail.com   

www.maoistasbolivianos

C.I. 10002356- Chuquisaca.

Tel. 2-72-14-23.