¿Transnacionales Petroleras Indigenistas?
La derecha internacional se ha disfrazado de indigenista, no sólo para acercarse a su histórica víctima, sino además para infiltrarse en sus organizaciones hasta lograr dirigir sus movimientos.
El aporte millonario de transnacionales petroleras para el bienestar de los indígenas es una de las varias manifestaciones que están apareciendo en Bolivia de un fenómeno catastrófico a nivel mundial. Es la materialización de la vieja pesadilla de un mundo manejado por las corporaciones, donde los gobiernos pierden la capacidad de decidir en su territorio ante el poder global de las transnacionales. Es el mundo que David Rockefeller explicó en el año 1999 en un artículo publicado en Newsweek: “Alguien tiene que remplazar al gobierno, y la empresa me parece ser la entidad lógica para hacerlo.” Lo más trágico del caso boliviano sería olvidar que el imperio Rockefeller ya nos ha hecho sufrir en carne propia la falta de lealtad y compasión de las transnacionales para con el país que explotan.
El imperio Rockefeller llevó a Bolivia a la hambruna cuando instigó una guerra con Paraguay, para luego robarse el petróleo boliviano y vendérselo a ese país, obligando a Bolivia a importarlo del Perú. Por difícil que sea creerlo, Paraguay le ganó la guerra a Bolivia con carburantes bolivianos, y todo era “legal” porque se trataba de negocios privados de una cadena de empresas de propiedad de Rockefeller. Pudo haber sido legal en el sentido perverso de ajustarse a leyes imperfectas, pero era moralmente inaceptable. De ese dolor surgió el sentimiento patriótico de defender al pueblo boliviano, y se nacionalizó a la Standard Oil.
En gran medida, las corporaciones transnacionales petroleras siguen violando la soberanía de Bolivia, al vender su gas a Chile a través de Argentina, mientras Chile mantiene su soberbia actitud de enclaustrar a Bolivia lejos del océano Pacifico. Hay muchos ejemplos de la forma en que el gobierno mundial de las corporaciones anula los esfuerzos de los pueblos para defenderse del saqueo y el sometimiento.
La historia del lobo vestido de cordero, sería la perfecta analogía para describir la forma en la que la derecha internacional se ha disfrazado de indigenista, no sólo para acercarse a su histórica victima, sino además para infiltrarse en sus organizaciones hasta lograr dirigir sus movimientos.
El añejo separatismo que el oriente boliviano tiene ya grabado en la mente, le permite a la derecha el monumental atrevimiento de intentar apoderarse nuevamente del gas boliviano; ésta vez, formando republiquetas autónomas de indígenas de derecha en las áreas de las reservas estratégicas de recursos naturales.
Las leyes bolivianas que fueron sancionadas en la época del neoliberalismo, simplemente deben ser abrogadas para compatibilizarlas con el espíritu de unidad multicultural de la nueva constitución. Con el mismo objetivo, la constitución quizá deba pasar por un proceso de ajuste en este período de compatibilización para aclarar sus conceptos y evitar que la derecha reinvente la plurinacionalidad cultural, con la acepción “política” del término nación, que incluye soberanía.
Esos vacíos interpretativos permitieron que USAID, NED, una legión de ONG, transnacionales petroleras, la derecha regional, y los medios de comunicación, articularan un frente unido y poderoso para hacer posible la fragmentación de la nacionalidad boliviana a través del indigenismo de derecha que antagoniza el proceso de cambio.
Los casos del Tipnis y del pueblo guaraní no son aislados, porque forman parte de todo un entramado de largo alcance muy bien planificado y financiado. Recientemente, el Comité pro Santa Cruz le dio otra cara a las republiquetas que pretende controlar, fundando “ciudades productivas” mediante un programa que ha denominado Bolivia Hambre Cero, para diferenciarlo del Hambre Cero implementado por el gobierno de centro izquierda de Lula en Brasil. Tras esa máscara indigenista, la derecha pretende controlar, sólo en su plan piloto, dos millones de hectáreas en la zona petrolera del Chaco Boliviano. Lo haría mediante un programa de producción agrícola en el cual la tierra que el Estado cede al campesino con títulos de propiedad, caería en un modelo de producción forzada controlado por empresas privadas especializadas, a través de otro acuerdo (Tratado) de “alianza estratégica con los indígenas”.
Tanto los bonos de carbono ofrecidos en el Tipnis, como el control productivo en el plan Bolivia Hambre Cero y el Fondo de inversiones de Repsol, son mecanismos para crear dependencia en el indígena, porque se deja su bienestar, salud, educación, cultura y alimentación en manos de la empresa privada transnacional. Los programas para organizar productivamente al campesino son una necesidad imperiosa, pero deben respetar la nacionalidad y la unidad del pueblo boliviano. Deben ser diseñados por el pueblo, patrocinados por el Estado, y complementados con la participación armoniosa de la empresa privada nacional comprometida con el país. Bajo ningún concepto, diseñados por ONG capitalistas, financiados por USAID, apoyados por la NED y controlados por la voracidad transnacional. Eso equivaldría a dividir al Estado boliviano en dos regiones con rumbos totalmente opuestos.
El sectarismo es el mecanismo utilizado por el imperialismo para destrozar las nacionalidades y apoderarse de los recursos naturales. Eso lo hemos visto en la historia desde los tiempos bíblicos hasta el presente, cuando el separatismo entre chiítas y sunitas les está permitiendo a los imperios occidentales destrozar el Medio Oriente y el norte de África para tomar control absoluto de la región que contiene la primera reserva mundial de petróleo.
Quizá éste año, el gobierno deba empezar la segunda fase de la nacionalización de los hidrocarburos, tomando control del 100 por ciento de las transnacionales que atenten contra la integridad y seguridad nacional. En el año 2006, cuando la nacionalización era una necesidad ineludible y un mandato del pueblo boliviano, el presidente Morales optó por hacerlo en forma gradual. Fue una salida prudente ante la anunciada reacción internacional en el primer año de su gobierno, pero seis años después, ha demostrado ser insuficiente para defender la nacionalidad.
Afectar a las transnacionales, y dejarlas en el país conspirando indefinidamente contra el proceso de cambio, sería un error fatal para el pueblo boliviano. Ese error lo cometió Germán Busch cuando ante la necesidad de nacionalizar la industria minera, cedió a las presiones en contrario y decidió simplemente regularla. Dejó conspirando en el país a sus poderosos enemigos, pero pagó el error con su vida, y el pueblo boliviano sufrió otro largo ciclo de saqueo y sometimiento.
Para motivarnos a legislar con urgencia lo que haga falta, recordemos que terminada la Segunda Guerra Mundial, el poderoso banquero James Paul Warburg, quien fuera años antes asesor financiero del presidente Roosevelt y miembro de su gobierno, dijo ante el Senado de Estados Unidos el 17 de febrero de 1950 “Nos guste o no nos guste, tendremos un gobierno mundial. La única pregunta es si ese gobierno mundial será alcanzado por conquista o por consentimiento.” Por la fuerza no pudieron con la tenaz resistencia del pueblo boliviano. No permitamos la ironía de que, por artificios jurídicos, la nueva capitulación sea por consentimiento.
www.juancarloszambrana.com
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