Las
detenciones-desapariciones forzadas es una larga historia que data desde las
décadas de los sesenta, setenta, ochenta, noventa durante los gobiernos
priistas, cifrándose en miles de detenciones-desapariciones.
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E
INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y
REVOLUCIONARIAS
A LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA, A LOS PADRES
DE FAMILIA,
A LOS FAMILIARES DE LOS ASESINADOS Y
DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡NO ESTAN SOLOS, SU DOLOR Y SU INDIGNACION
TAMBIEN SON NUESTROS!
¡HERMANOS,
HERMANAS, CAMARADAS!
Es inaceptable y por lo tanto merece el
rechazo popular el anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR)
sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos de
Ayotzinapa. Siguen sosteniendo la misma hipótesis de adjudicar autoría material
e intelectual a la omnipresente “delincuencia organizada”. Con el anuncio del
titular de la PGR sobre la captura de presuntos delincuentes y sus dichos se
pretende dar carpetazo al crimen de Estado, diluir la responsabilidad del
aparato represivo en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en
Guerrero y se están cometiendo en el país.
No estamos ante un problema de visión, ni
tampoco un problema de definiciones conceptuales, estamos de frente ante
crímenes de Estado consumados por las fuerzas represivas. El grito popular, la
voz de los familiares, los testimonios de los normalistas sobrevivientes de
este acto de terrorismo de Estado es fuerte y claro: ¡fue el Estado!, fue la
policía municipal, fue la policía federal, fue el ejército mexicano, todos bajo
el mando único quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad el 26 y 27 de
septiembre en Iguala Guerrero, tampoco es una crisis humanitaria, son crímenes
de Estado que los gobiernos neoliberales han estado cometiendo para defender
los intereses oligarcas y transnacionales.
Son
43 días de indolencia gubernamental; 43 días de mentiras y teatro mediático; 33
días que 10 mil elementos de las fuerzas federales participan en el teatro
mediático en una supuesta búsqueda y en la “transparencia de la investigación”.
Farsantes, hipócritas, criminales de Estado. Desde el pueblo no les creemos ni
un ápice, ustedes desde el poder no sienten dolor alguno por los crímenes
contra el pueblo, las expresiones del supuesto dolor que expresan es demagogia
pura y parte del escenario mediático para distorsionar la realidad.
Todo lo quieren diluir en una policía
municipal corrupta y “corrompida por los delincuentes”, por los “omnipotentes”
criminales, burdo montaje gubernamental para tratar desvanecer desde el
principio este crimen de Estado, para intentar eximir la responsabilidad
inocultable del aparato represivo. La policía municipal es parte de la
estructura del Estado, una institución de la “legalidad” por la que se
desgarran las vestiduras, una corporación más de la institucionalidad que
reprime, asesina y detiene-desaparece al pueblo, parte del andamiaje del
aparato represivo, parte de los cuerpos policiaco-militares para ejercer el
terrorismo de Estado contra el pueblo bajo un mando único, que en su cadena de
mando conduce hasta el jefe del Ejecutivo. La participación de la policía
municipal, la “complacencia indolente” y el cinismo del ejército, y la
presencia de la policía federal comprueba la aquiescencia del Estado mexicano.
Mentirosos, en estos crímenes de lesa
humanidad hubo participación directa del ejército mexicano, concretamente del
27 batallón de infantería con un largo historial en la guerra contrainsurgente
y el terrorismo de Estado. El montaje es tan burdo que no tiene diferencia con
los montajes mediáticos que escenificaron Genaro García Luna, Maricela Morales
y el chacal de Felipe Calderón para fabricar en caliente culpables y no manchar
el traje de las instituciones burguesas, verbigracia, el acto terrorista de
Estado con granadazos el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán,
perpetrado por una unidad especial del ejército mexicano y presentando
rápidamente a supuestos culpables que resultaron ser ciudadanos inocentes,
obligados a autoinculparse bajo tortura y “entregados por la delincuencia
organizada”.
Hoy al igual que en los tiempos siniestros de
Calderón los supuestos culpables son conducidos en los “interrogatorios” a
través de preguntas a modo, para inducirlos a un guión preestablecido desde las
autoridades federales, en aquel tiempo fue desde la extinta Agencia Federal de
Investigación (AFI), hoy desde la PGR. Los “interrogados” son hasta incapaces
de memorizar el guión y éste se lo dictan a través de preguntas inductivas para
obtener el resultado incriminatorio.
Resultaría interesante que a esos supuestos
perpetradores los pusieran de frente a la prensa independiente, padres de
familia, normalistas agraviados y organizaciones populares en un cuestionario
público y sin restricciones protocolarias, seguro que caerían en infinidad de
contradicciones que evidenciarían el montaje perverso desde la PGR.
Han pasado cuarenta y tres días de consumado
el crimen de Estado en los cuales desde el gobierno federal se han administrado
los tiempos para “investigar y solucionar” la detención-desaparición de los
normalistas. Pero una verdad salta a la vista, todas las fuerzas federales,
estatales y municipales participan en el terror contra el pueblo, pero es en
los batallones de infantería del ejército mexicano donde recae operativamente
la ejecución de los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado y las
acciones criminales de contrainsurgencia, el actuar criminal del 102 y 27
batallones de infantería sólo son un pequeño botón de muestra.
Toda la información que ha estado vertiéndose
de manera formal e informal, a través de hipótesis oficiales y versiones
oficiosas conducen a una sola conclusión, el asesinato político en su modalidad
de ejecución extrajudicial, la masacre, la tortura y la detención-desaparición
de los 43 normalistas reafirman una y otra vez que fue un crimen de Estado, un
acto de terrorismo de Estado y una acción típica de contrainsurgencia. Lo sabe
el pueblo, lo sabe el mundo, sin embargo, desde el Estado se hace todo por negar
y ocultar la verdad histórica.
Los gobiernos panistas y hoy el priista no han
cejado en su guerra psicológica contra el pueblo por imponer una indolencia
social-colectiva que lleve al desprecio a la vida humana mientras no sea la
propia o la de un ser querido. Bajo el mote de que se es delincuente se han
justificado los más aberrantes crímenes de Estado, olímpicamente se dan
carpetazos apuntalados por la dictadura de opinión que se ejerce desde los
monopolios de la comunicación.
Responsables y corresponsables de todos los
crímenes de Estado son también los politicastros que firmaron el Pacto por
México; los políticos de oficio-empresarios embozados como representantes
populares que oxigenan y administran la crisis del régimen;y, todos aquellos
que desde una supuesta “izquierda moderna” le hacen el caldo gordo al Estado y
la oligarquía en la defensa de sus intereses mezquinos.
Llama la atención que aquellos que se
desgarraban las vestiduras desde la ultraderecha y la falsa sociedad civil
contra la violencia sin adjetivo hoy no muevan una sola cuerda bucal para
denunciar la violencia desde el Estado, para condenar el terrorismo de éste, en
esta lógica fascista vale más la vida de un apellido de abolengo que la vida de
miles de mexicanos sin fortuna ni apellido.
Una nueva maniobra político-mediática está en
curso para pretender dar carpetazo al caso de los 43 estudiantes normalistas
detenidos-desaparecidos de manera forzada por el aparato represivo
gubernamental, encarcelar a chivos expiatorios que en realidad son piezas
menores del aparato represivo y sostener contra viento y marea la hipótesis de
que es la “delincuencia organizada” la culpable, esa mentira desde el pueblo es
inaceptable, debe ser rechazada y condenada.
La movilización popular en solidaridad a los
normalistas de Ayotzinapa desenmascara el carácter represivo y antipopular de
la actual junta administrativa, ¿Quiénes se oponen a la movilización popular?,
¿Quiénes la condenan?, ¿Quiénes pretenden quitarle su filo político? Los
defensores del régimen y las plumas mercenarias. La respuesta la conocemos los
que padecemos la violencia del Estado, los defensores del régimen antipopular
son los que tratan por todos los medios de deslindar al Estado de estos
abominables crímenes de lesa humanidad. Y sí, las detenciones-desapariciones
por motivos políticos, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y los
crímenes de lesa humanidad solamente las comete el Estado.
La hipótesis de la “equivocación y confusión”
tampoco es aceptable, son patrañas gubernamentales, ahora resulta que son tan
estúpidos los ejecutores que se “equivocaron y se confundieron” al detener a
los estudiantes, pero deslumbra su inteligencia para borrar las evidencias del
crimen de Estado. La detención-desaparición de los 43 normalistas y crímenes de
lesa humanidad en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre son parte de la
barbarie gubernamental que cimbra al país, desde el Estado se ha estimulado la
descomposición social, se ha desatado la violencia institucional a nombre de la
delincuencia y el narcotráfico para justificar la imposición del Estado
policiaco-militar, pruebas sobran, el “pelotón de la muerte”, “los matazetas”,
las míticas organizaciones criminales, los pelotones de fuerzas especiales de la
marina, son los botones de muestra de los asesinos del Estado con licencia para
asesinar a mansalva al pueblo.
Las movilizaciones populares que exigen la
presentación con vida de los detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa y que
gradualmente exigen alto al terrorismo de Estado de ninguna manera puede ser
una expresión de violencia en abstracto. Las marchas, los mítines, los bloqueos
de carreteras, la toma de edificios públicos, los bloqueos a los centros del
poder económico financiero son actos de eminente protesta política contra el
régimen, contra un gobierno represivo, contra un Estado policiaco-militar,
contra los símbolos del régimen. Lo acontecido en Iguala el 26 y 27 de
septiembre, no fue un acto bondadoso, tampoco un acto de fe cristiana, lo diremos
cuantas veces sea necesario fue un crimen de Estado en donde la violencia
institucionalizada constituye su esencia para imponer la voluntad de una
oligarquía depredadora que sigue exigiendo la imposición de un estado de sitio
permanente.
Preguntamos a nuestro pueblo ¿Qué sentido
tiene una protesta sin contenido político?, ¿Qué sentido tiene manifestarse sin
combatividad?, ¿Cómo enfrentar la barbarie, el cinismo y la demagogia
gubernamental? La protesta “civilizadora” no cuestiona al régimen, no lo desenmascara,
ni lo desnuda en su carácter profascista. Del tamaño de la agresión hacia el
pueblo debe ser la respuesta popular contra el régimen oprobioso.
La protesta popular, la denuncia política y
las acciones políticas de masas en tanto no se presenten con vida a los
detenidos-desaparecidos seguirán teniendo razón de ser, seguirán teniendo
legitimidad y constituyen una necesidad para que se sepa en el mundo que en
México existe un gobierno represivo y antipopular, y que los verdaderos
responsables materiales e intelectuales están enquistados en las diferentes
esferas gubernamentales, gozando de impunidad y confabulando nuevos crímenes
contra el pueblo.
Sobre la base de los crímenes de Estado se
pretende justificar bajo la tesis del combate a la delincuencia el estado de
sitio permanente, el Pacto por la seguridad y contra la corrupción y la
impunidades una exigencia más de la oligarquía mexicana, es decir, de los
“honorables hombres de negocios” que le exigen a la junta administrativa
reforzar el estado policiaco-militar, elevar el terror contra el pueblo. Es la
exigencia para que el país se siga inundando en un río de sangre y se sigan
diseminando por todo el país las fosas clandestinas que pretenden ocultar el
terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto de criminalidad gubernamental
se encuentran las filtraciones que hace el Cisen para vincular a luchadores
sociales ya sea con la delincuencia o con fuerzas insurgentes, esas
filtraciones constituyen una amenaza de futuros crímenes de Estado, es el
señalamiento directo contra luchadores sociales de las diferentes
organizaciones populares para que el aparato represivo se siga cebando contra
el pueblo indefenso.
El
Pacto por la seguridad, contra la corrupción y la impunidad, es un pacto
cupular entre politicastros y las cúpulas empresariales para reforzar la
dictadura del capital. Desde los monopolios de la comunicación y a través de la
dictadura de opinión se insiste en abonar a la hipótesis del crimen organizado
como el autor de los crímenes de lesa humanidad no sólo en Guerrero sino en
todo el país, sin embargo, esta información es perniciosa, peligrosa, porque
políticamente se pretende deslindar al Estado de la autoría material e
intelectual de la violencia que se ejerce contra el pueblo, ahora resulta que
los actos de terrorismo de Estado contra los normalistas sólo es un banal acto
de venganza de un ex presidente municipal pueblerino y carente de todo sentido
político.
Las detenciones-desapariciones forzadas es una
larga historia que data desde las décadas de los sesenta, setenta, ochenta,
noventa durante los gobiernos priistas, cifrándose en miles de
detenciones-desapariciones; pero fueron los gobiernos panistas de Vicente Fox y
Felipe Calderón quienes exponenciaron esta política de Estado que arroja la
cifra de más de setenta mil detenidos-desaparecidos; y hoy con el retorno del
PRI a la administración federal se reafirma la detención-desaparición por
motivos políticos y sociales como una política de Estado transexenal donde la
cifra del terror sigue aumentando en miles de ciudadanos en esta condición, el
caso de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado, es
producto de un actuar sistemático del Estado mexicano.
Desde la trinchera de la crítica política de
las armas, nuestro partido y ejército, el PDPR-EPR, expresamos a los familiares
de los normalistas asesinados, torturados y detenidos-desaparecidos que su
dolor es también nuestro, esos sentimientos de indignación y coraje también los
hemos vivido con la detención-desaparición de dos de nuestros militantes
–Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya- sin embargo, no debe ser
motivo para desmoralizarnos, para la impotencia, para el cansancio, para la
desesperanza, por el contrario todo agravio contra el pueblo debe alimentar la
conciencia proletaria para desplegar con combatividad acción popular y acción
revolucionaria.
La lucha por la presentación de los
detenidos-desaparecidos de manera forzada debe continuar, abarcando las
diferentes modalidades de la acción política, para que a fuerza de movilización
y lucha popular se obligue a este gobierno antipopular presentar con vida a
todos los detenidos desaparecidos. Está claro que por su propia voluntad nunca
lo harán.
¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS! El agravio por
los más de setenta mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales
nos lacera a todos; la detención-desaparición de 43 estudiantes normalistas es
el símbolo fehaciente del terrorismo de Estado, del odio de clase hacia nosotros
los desposeídos; la pretensión de endosar este crimen de Estado a la
delincuencia nos llena de indignación. Para el pueblo y sus organizaciones no
son tiempos de desesperanza, tampoco de impotencia, mucho menos de
desmovilización y apatía política, no hay lugar para el cansancio, para el
desgaste, para abdicar en la lucha por la presentación con vida de los
detenidos desaparecidos. Son tiempos de movilización popular, de dignidad y
resistencia combativa, es tiempo de salir a la calle a poner en alto nuestro
grito de indignación y de repudio a este gobierno represivo y antipopular. ¡Que
retiemble ese grito de resistencia y dignidad combativa en todo el país!
Estamos
de acuerdo con todos aquellos que desde el pueblo plantean arribar a formas de
lucha más complejas y superiores, para hacer efectiva la defensa de los
intereses populares, que cada quien en su trinchera de lucha despliegue
iniciativa, creatividad y capacidad.
¡VIVOS
SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡PRESENTACION
CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA DETENIDOS-DESAPARECIDOS POR EL
ESTADO!
¡A
SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DE AYER Y HOY!
¡A
CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR
LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER
O MORIR!
¡POR
NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS
A VENCER!
¡CON
LA GUERRA POPULAR!
¡EL
EPR TRIUNFARA!
COMITÉ
CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA
GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año
50.
República
mexicana, a 7 de noviembre de 2014.
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