13-03-14
N. No. 290
SEPARATISMO
TERRORISTA Y CASO SOZA
Con motivo de la vergonzosa huida del ex-fiscal de materia Marcelo Soza
Álvarez, que fuera designado para llevar adelante uno de los casos más
importantes desde el punto de vista del peligro que corrió la unidad de la Patria
ante un conato terrorista de separatismo fascista preparado desde el exterior
para dividir Bolivia como parte de los planes criminales del imperialismo; se
ha puesto nuevamente en la mesa del debate, el carácter de los procesos Terrorismo
I y Terrorismo II, ante la justicia ordinaria boliviana..
Consecuentemente es preciso refrescar un poco la memoria histórica de
aquellos acontecimientos frente a los intentos de la derecha cavernaria de
ocultar, hacer invisible y hacer “olvidar” que se cometieron crímenes de Lesa Patria que deben ser bien
conocidos por las nuevas generaciones. Viene pues al caso la recapitulación de
aquellos acontecimientos trágicos y al mismo tiempo heroicos de la victoria
popular y la derrota del plan imperialista de destruir Bolivia.
La investigación de la Comisión Especial Multipartidaria que organizó
la Cámara de Diputados en noviembre de 2009, estableció con entera claridad que
el grupo del mercenario Eduardo Rozsa Flores, (El grupo forma parte de la “nación”
Szekler, una secta de racistas rumanos, húngaros y croatas), fue contratado por
un Comité especial organizado por la derecha reaccionaria boliviana radicada en
Santa Cruz y que estaba constituida por Rubén Costas Aguilera, Branco
Marincovic, Eduardo Paz, Mauricio Roca y Germán Antelo, junto a un grupo
numeroso de fascistas y racistas cuyo propósito era separar la llamada “Nación
Camba” o “Media Luna”, de la integridad de Bolivia.
El grupo mercenario compuesto por un grupo de profesionales del crimen,
estaba constituido por un nutrido conjunto de asalariados del delito encabezado
por Rozsa, seguido por Eloy Toaso, Daniel Gaspar, Michael Dwyer, Ivan Pistovak,
Tibor Revesz, Gabor Dudog, Mario Tadic, Arpad Magyarosi y Tamas Lajos Nagy, recibiendo
de la oligarquía cruceña todo el respaldo logístico, económico y político para
organizar meticulosamente la separación del oriente y el sur boliviano de la
Patria.
Toda la infraestructura cruceña a cargo de la entonces Prefectura del
Departamento, del Comité Cívico, de la ExpoCruz, de Fegazacruz, etc, se puso a
la entera disposición del operativo fascista, separatista y anti-indígena
racista, el mismo que comenzó a trabajar
ardorosa y meticulosamente con todo el respaldo de la élite cruceña que
pagaba públicamente los pasajes desde Europa, todo a cargo de Alejandro Melgar
Pereira, actualmente prófugo de la justicia, lo que prueba su culpabilidad. Los
hoteles, alojamientos en residenciales de lujo como el Buganvilias, Las
Américas, Asturias, Santa Cruz eran pagados puntualmente por Luís Eduardo
Hurtado Vaca y Enrique Vaca Pedraza, así como la alimentación y las bacanales
que periódicamente festejaban los criminales.
Todos estos detalles que figuran ampliamente en el “Informe Conclusivo”
que ha sido publicado en miles de ejemplares, son tan contundentes que no
admiten prueba alguna en contrario deberán estar sirviendo, no cabe duda, a la
comisión nueva de fiscales a cargo del Dr. Sergio Céspedes, para llegar hasta
la conclusión final del caso.
Inicial y lamentablemente el caso fue asignado a un abogado corrupto
que con seguridad pretendió hacer negociado con algunos de los involucrados,
exigiéndoles o recibiendo coimas a fin de excluirlos del caso. Eso es absolutamente
posible por ello mismo y ante la evidencia de su delito, optó por la huida después
de asegurar que permanecería en el país para asumir su defensa. Empero lo que
no se dice es que los coimeados o sujetos del soborno, al aceptar pagar u
ofrecer, prometer o dar dádivas o cualquier otra ventaja al funcionario fiscal
asignado al caso, para hacer o dejar de hacer lo que la ley manda comete el
delito de cohecho activo, se autoinculpan y deben ser enjuiciados también por
ese delito.
¡El que no tiene culpa alguna no tiene porque pagar ningún soborno, menos
aún prometer a la autoridad dadiva alguna!
Sabemos muy bien que el golpe cívico-prefectural que tuvo su clímax un 11 de septiembre de
2008 con la brutal masacre de El Porvenir a orillas del río Tahuamanu, que
recibió el nombre de “golpe cívico-prefectural”, constituyó el comienzo de un
verdadero golpe de estado de nuevo tipo para derrocar a Evo Morales o en su
caso dividir Bolivia, de acuerdo con el plan imperialista de desbaratar la gran
ola soberana y anti-imperialista que surge en toda nuestra Abya Yala.
Fracasado el mismo como bien se conoce, se determinó un nuevo curso
que significó la contratación del conjunto de mercenarios terroristas y
separatistas que concluyó con la aniquilación de los principales dirigentes con
Rozsa a la cabeza, en las operaciones anti-terroristas del Hotel Las Américas,
un 16 de abril de 2009.
Ahora bien, una senadora de mala facha, reaccionaria hasta la médula,
no hace sino el ridículo sosteniendo que dado que un fiscal corrupto y varios
involucrados también corruptos que aceptaron su culpa pagando sobornos, se debe
declarar cerrado el caso poniéndose en libertad inmediata a todos los
procesados. ¡Toda una estupidez jurídica!
Efectivamente han transcurrido casi cinco años del inicio del proceso,
pero como se trata de delitos de traición a la patria no existe posibilidad
alguna de la declaratoria de extinción de la causa que debe continuar hasta
lograrse el esclarecimiento total de los delitos y las sanciones que
corresponden a todos los involucrados, castigándose con todo el rigor de la Ley
a quiénes aprovechándose de la complejidad del proceso, pretendieron
desvirtuarlo en provecho propio.
PCmlm.
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