viernes, 14 de marzo de 2014

SEPARATISMO TERRORISTA Y CASO SOZA


13-03-14
N. No. 290

SEPARATISMO TERRORISTA Y CASO SOZA
Con motivo de la vergonzosa huida del ex-fiscal de materia Marcelo Soza Álvarez, que fuera designado para llevar adelante uno de los casos más importantes desde el punto de vista del peligro que corrió la unidad de la Patria ante un conato terrorista de separatismo fascista preparado desde el exterior para dividir Bolivia como parte de los planes criminales del imperialismo; se ha puesto nuevamente en la mesa del debate, el carácter de los procesos Terrorismo I y Terrorismo II, ante la justicia ordinaria boliviana..

Consecuentemente es preciso refrescar un poco la memoria histórica de aquellos acontecimientos frente a los intentos de la derecha cavernaria de ocultar, hacer invisible y hacer “olvidar” que se cometieron crímenes de Lesa Patria que deben ser bien conocidos por las nuevas generaciones. Viene pues al caso la recapitulación de aquellos acontecimientos trágicos y al mismo tiempo heroicos de la victoria popular y la derrota del plan imperialista de destruir Bolivia.

La investigación de la Comisión Especial Multipartidaria que organizó la Cámara de Diputados en noviembre de 2009, estableció con entera claridad que el grupo del mercenario  Eduardo  Rozsa Flores, (El grupo forma parte de la “nación” Szekler, una secta de racistas rumanos, húngaros y croatas), fue contratado por un Comité especial organizado por la derecha reaccionaria boliviana radicada en Santa Cruz y que estaba constituida por Rubén Costas Aguilera, Branco Marincovic, Eduardo Paz, Mauricio Roca y Germán Antelo, junto a un grupo numeroso de fascistas y racistas cuyo propósito era separar la llamada “Nación Camba” o “Media Luna”, de la integridad de Bolivia.

El grupo mercenario compuesto por un grupo de profesionales del crimen, estaba constituido por un nutrido conjunto de asalariados del delito encabezado por Rozsa, seguido por Eloy Toaso, Daniel Gaspar, Michael Dwyer, Ivan Pistovak, Tibor Revesz, Gabor Dudog, Mario Tadic, Arpad Magyarosi y Tamas Lajos Nagy, recibiendo de la oligarquía cruceña todo el respaldo logístico, económico y político para organizar meticulosamente la separación del oriente y el sur boliviano de la Patria.

Toda la infraestructura cruceña a cargo de la entonces Prefectura del Departamento, del Comité Cívico, de la ExpoCruz, de Fegazacruz, etc, se puso a la entera disposición del operativo fascista, separatista y anti-indígena racista, el mismo que comenzó a trabajar  ardorosa y meticulosamente con todo el respaldo de la élite cruceña que pagaba públicamente los pasajes desde Europa, todo a cargo de Alejandro Melgar Pereira, actualmente prófugo de la justicia, lo que prueba su culpabilidad. Los hoteles, alojamientos en residenciales de lujo como el Buganvilias, Las Américas, Asturias, Santa Cruz eran pagados puntualmente por Luís Eduardo Hurtado Vaca y Enrique Vaca Pedraza, así como la alimentación y las bacanales que periódicamente festejaban los criminales.
Todos estos detalles que figuran ampliamente en el “Informe Conclusivo” que ha sido publicado en miles de ejemplares, son tan contundentes que no admiten prueba alguna en contrario deberán estar sirviendo, no cabe duda, a la comisión nueva de fiscales a cargo del Dr. Sergio Céspedes, para llegar hasta la conclusión final del caso.

Inicial y lamentablemente el caso fue asignado a un abogado corrupto que con seguridad pretendió hacer negociado con algunos de los involucrados, exigiéndoles o recibiendo coimas a fin de excluirlos del caso. Eso es absolutamente posible por ello mismo y ante la evidencia de su delito, optó por la huida después de asegurar que permanecería en el país para asumir su defensa. Empero lo que no se dice es que los coimeados o sujetos del soborno, al aceptar pagar u ofrecer, prometer o dar dádivas o cualquier otra ventaja al funcionario fiscal asignado al caso, para hacer o dejar de hacer lo que la ley manda comete el delito de cohecho activo, se autoinculpan y deben ser enjuiciados también por ese delito.

¡El que no tiene culpa alguna  no tiene porque pagar ningún soborno, menos aún prometer a la autoridad dadiva alguna!

Sabemos muy bien que el golpe cívico-prefectural  que tuvo su clímax un 11 de septiembre de 2008 con la brutal masacre de El Porvenir a orillas del río Tahuamanu, que recibió el nombre de “golpe cívico-prefectural”, constituyó el comienzo de un verdadero golpe de estado de nuevo tipo para derrocar a Evo Morales o en su caso dividir Bolivia, de acuerdo con el plan imperialista de desbaratar la gran ola soberana y anti-imperialista que surge en toda nuestra Abya Yala.

Fracasado el mismo como bien se conoce, se determinó un nuevo curso que significó la contratación del conjunto de mercenarios terroristas y separatistas que concluyó con la aniquilación de los principales dirigentes con Rozsa a la cabeza, en las operaciones anti-terroristas del Hotel Las Américas, un 16 de abril de 2009.

Ahora bien, una senadora de mala facha, reaccionaria hasta la médula, no hace sino el ridículo sosteniendo que dado que un fiscal corrupto y varios involucrados también corruptos que aceptaron su culpa pagando sobornos, se debe declarar cerrado el caso poniéndose en libertad inmediata a todos los procesados. ¡Toda una estupidez jurídica!

Efectivamente han transcurrido casi cinco años del inicio del proceso, pero como se trata de delitos de traición a la patria no existe posibilidad alguna de la declaratoria de extinción de la causa que debe continuar hasta lograrse el esclarecimiento total de los delitos y las sanciones que corresponden a todos los involucrados, castigándose con todo el rigor de la Ley a quiénes aprovechándose de la complejidad del proceso, pretendieron desvirtuarlo en provecho propio.

PCmlm.

No hay comentarios:

Publicar un comentario