EN TORNO A LA CRISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

11-01-15

N. No. 326.

EN TORNO A LA CRISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En primer lugar debemos hacer una amplia y concisa autocrítica en torno al problema de la elección por votación popular para la designación de los más altos magistrados de los tribunales de Justicia del Estado Plurinacional, propugnada por el Gobierno y puesta en práctica desde la última designación de esos altos cargos de la Justicia en Bolivia.

En consideración a que nuestra administración de justicia en tiempos dictatoriales y después neoliberales, se encontraba en una situación sumamente deteriorada, pensábamos que cualquier reforma sería o se constituiría en algo mejor, puesto que tocando fondo ya no existía más trasfondo.

Empero hemos estado equivocados y sin ningún temor asumimos la autocrítica que nos corresponde.

Resulta que ahora hemos tenido  y tenemos altos funcionarios de la administración de justicia en Bolivia que lejos muy lejos de lo que se requiere en cuanto a capacidad, formación intelectual, experiencia, honestidad, honradez y decencia, hemos llegado prácticamente a una verdadera catástrofe jurídica.

Y no solamente se trata de algunos magistrados de los altos tribunales, podemos afirmar que la inmensa mayoría de los actuales magistrados son profesionales sin ninguna experiencia, sin ninguna formación cultural, sin honestidad y sin el menor atisbo de decencia moral.

El problema radica en que se debe encontrar las raíces profundas de esta crisis que todos califican de “estructural”, sin explicar qué se entiende por “estructural. Algunos pretenden una explicación señalando que “todos” tenemos la culpa de la crisis profunda. Claramente los “estructuralistas” no tienen idea de que el estructuralismo significa que en el sistema capitalista la corrupción que se manifiesta en la mercantilización de la administración de justicia es la causa fundamental de la crisis.

A continuación intentamos una explicación mucho más profunda de la cuestión “administración de justicia”.

Primero. Se debe partir de que la formación académica, cultural y moral que ha prevalecido desde la implantación del modelo neoliberal que inundó toda la sociedad boliviana desde el año 1985, se introdujo también en los claustros universitarios con una agresividad que solamente quiénes sufrimos esa avalancha ideológica, la comprendemos en toda su profundidad. Empero, una elección mal hecha está probando que la crisis de la administración no se encuentra en la forma de elección de los magistrados, sino, claramente en la FORMACIÓN CULTURAL, INTELECTUAL, EN LA HONESTIDAD, EN LA INTEGRIDAD QUE SURGE PRECISAMENTE DE UNA EDUCACION SUPERIOR QUE NO ESTAN PROPORCIONANDO, LAMENTABLEMENTE, NUESTRAS UNIVERSIDADES EN EL MOMENTO ACTUAL.

Segundo. Debemos sentar principios generales que rijan la actividad total de los administradores de justicia en nuestro país. Uno de esos principios es aquel que formuló Franz Tamayo cuando decía que “La única servidumbre que no mancha es la servidumbre a la Ley”. Sin embargo, de nuestra parte pensamos que esa máxima debe tener otro contenido que sería el siguiente. “La única servidumbre que no mancha, es la servidumbre a la JUSTICIA”, porque muchas veces la letra muerta de la Ley, puede ser una total injusticia. Tenemos muchísimos casos de nulidades que antes de considerar el FONDO del litigio se está escarbando en busca de un pretexto para anular los obrados.

Tercero: Debemos señalar como uno de los principios que ha sido totalmente tergiversado es aquel qie señala el DEBIDO PROCESO” como una lleve que garabntice una buena administración de justicia.

Empero, con toda claridad ese principio ha sido totalmente desvistuuado ya que cualquier chicana, cualquier detalle insignificante determina nulidades y enormes perjuicios a los que buscan una justicia rápida y expeditiva. La verdad es que en la conciencia y actividad de nuestros magistrados de todos los estratos judiciales, parece ser que lo más importante es la forma, es decir el detalle nimio e insustancial, antes que considerar dónde se encuentra la razón, la justicia, es decir considerar el FONDO DE LOS LITIGIOS y no únicamente se en la trámite se omitió una coma o un punto.

El caso de “magistrado” Gualberto Cussi es patético, estudiante mediocre de la Facultad de Derecho, sin haber pisado nunca un tribunal de justicia, ni siquiera un juzgado de provincia, por medio de una elección teñida de “racismo al revés”, logra obtener una alta votación por su cercanía indígena al Presidente Morales, pero no por coincidencias ideológicas, que el “magistrado” no tiene ni por asomo.

Ahora se ha convertido en una verdadera “vedette” reaccionaria, a la cual detestaba la derecha por su declaración de resolver las controversias jurídicas consultando con la coca, en fin…  Después de tomar francamente posiciones políticas adversas al gobierno, véngale o no al caso, aparece todos los días, a toda hora, en silla de ruedas, en camilla, al borde de la muerte para simular una gravedad de salud que no la tiene, pero que le sirve de perillas para constituirse en la “estrella” del firmamento reaccionario.

Y no es que nos permitamos en estas breves líneas introducirnos en la veracidad, pertinencia o juridicidad del proceso legal que se le sigue junto a otras dos magistradas que jamás fueron conocidas en el foro, por lo menos paceño, se trata por el contrario de confirmar una tesis: la elección de magistrados por votación popular ha resultado todo un fracaso y es urgente señalar la causas de este fracaso, aún brevemente.

La verdad es que muchos profesionales con mérito propio se abstuvieron de participar en la selección de candidatos por un prejuicio político, se determinó entonces una situación anómala pues únicamente postularon aquellos profesionales con proximidad al indigenismo, lo cual de todos modos es una irregularidad.

En nuestra condición de marxistas, consideramos que, en general, la administración de justicia en el sistema capitalista, siempre está determinada por razones políticas a favor de las clases dominantes.

Es pues, ésta la razón fundamental de que la decadencia de la administración de justicia hubiera llegado a límites insostenibles. La mejora relativa de la misma vendría de un ataque frontal y decidido a la tendencia mercantilista que ha invadido las aulas de nuestras universidades, sean públicas y por aún en las privadas. Las notas que consiguen los estudiantes para vencer una materia no pueden convertirse en mercancías, los títulos académicos en Derecho no pueden ser objeto de transacciones comerciales.

Dr. Jorge Echazú Alvarado.

Ex-docente universitario.

Ex-Decano a. i. De la Facultad de Derecho. UMSA.

Fundador de la Carrera de Ciencias Políticas. UMSA.

Ex-Rector autonomista de la UPEA.

PCmlm.