LA DEFORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO

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10-12-12

LA DEFORMACIÓN DEL PROFESIONAL

EN DERECHO

Si deseamos conocer en profundidad las causas primigenias de la corrupción masiva que corroe las entrañas mismas del sistema de justicia en Bolivia en el tiempo presente, tenemos, necesariamente, que comenzar por analizar la “formación” del profesional en derecho en nuestras Universidades del Sistema Autónomo, Nacional, Fiscal y Gratuito.

La Universidad Boliviana que tiene como antecedente inmediato la Universidad colonial ha tenido y tiene una historia destacable por su inestimable aporte a la creación del Estado boliviano soberano e independiente.

No se puede olvidar la contribución fundamental de la Universidad de Charcas a la creación de la Patria.

No podemos olvidar la contribución de la Universidad cochabambina y chuquisaqueña en la creación de los postulados de la Reforma Agraria y la Nacionalización minera creados en los años 30 que hicieron posible la insurgencia de abril de 1952.

No podemos olvidar la contribución decisiva de La Universidad de San Andrés en la lucha democrática antidictatorial de los años 60 y 70.

Finalmente, cómo olvidar la contribución de la Universidad Alteña en el derrocamiento del sistema neoliberal y la insurgencia del actual proceso de cambio.

En fin, nuestra Universidad de aquellos tiempos contrasta drásticamente con la Universidad actual completamente capturada por el neoliberalismo que está moribundo no sólo en Bolivia, sino en todo el mundo.

Sabemos que en 1985 se inicia en Bolivia la instauración y el ascenso del modelo neoliberal que echa al traste con los pequeños y tibios logros sociales que veían desde los tiempos de la insurrección de abril ya deteriorados también por el ciclo militar fascista de los 18 años.

La Universidad Boliviana y particularmente sus institutos de educación y formación en derecho ostentaban en aquellas épocas elementos sustantivos de educación social, histórica y política. En las Facultades de Derecho de las diferentes universidades y en la nueva Carrera de Ciencias Políticas de la UMSA (la primera en todo el sistema de la universidad pública), se tocaban problemáticas de índole social y política que determinaban una  elevación considerable de la conciencia social y de la verdadera  vocación de servicio que debe primar en la juventud que desea dedicarse a la administración de la justicia no solamente por “ascenso social”.

Se contaba por entonces con currículums amplios de cultura general, de ética profesional, de elevación moral e incluso de conciencia de clase revolucionaria.

El neoliberalismo boliviano tardó bastante en infiltrar a la Universidad Pública y ante todo a sus Facultades de Derecho con el espíritu mercantilista del capitalismo salvaje. La resistencia de los postulados de la Universidad Autónoma, fiscal, gratuita, anti-imperialista, logró, momentáneamente, impedir que la abrumadora tendencia hacia la privatización del proceso formativo universitario del profesional en derecho, se impusiera institucionalmente.

Sin embargo, no obstante esas resistencias heroicas, se impuso nomás finalmente el concepto mezquino del enriquecimiento ilícito con la subsiguiente privatización de la educación superior universitaria.

El resultado dramático de este proceso regresivo en las universidades y particularmente en las facultades de derecho, es la actual situación deplorable del sistema general de administración de justicia.

Ante la ola de corrupción de los tribunales de  justicia que observamos, se intentan diversas explicaciones que, efectivamente no llegan a visualizar el verdadero problema que no se encuentra en la elección general de los “buenos” abogados frente a los “malos” por el tipo de selección, ni siquiera por el presunto principio de la meritocracia que se encuentra también mercantilizado. No es un secreto para nadie que los supuestos títulos de “maestría”, “doctorados” o “diplomados”, se consiguen fácilmente con dádivas y prebendas económicas que lo único que consiguen es dar una apariencia de meritocracia.

El verdadero problema reside en la formación universitaria del profesional en derecho, una verdadera y auténtica deformación institucionalizada en esas facultades en las que actualmente rige mecánicamente el “principio” del ascenso social como máxima “virtud”.

Incluso en la máxima tamayana encontramos un error de magnitud sideral, pues no es a la ley a la que debemos “servidumbre”, sino que la debemos a la justicia que aparece actualmente como una rareza en los fallos y decisiones de la “justicia”.

La autonomía universitaria, igualmente, ha sido confiscada por el neoliberalismo y así tenemos un “movimiento universitario” estudiantil, administrativo y docente que lo único que busca con sus manifestaciones agresivas e incluso racistas, es mayor presupuesto para incrementar los sueldos y salarios ya exorbitantes que rigen actualmente en la Universidad.

En consecuencia el problema es de índole política. La Universidad Pública y su auténtica autonomía, deben ser reconquistadas para el pueblo y entonces podremos tener abogados dedicados al servicio del pueblo y una universidad íntimamente ligada a los intereses supremos de la liberación nacional y el socialismo.

PCmlm