09-12-19
N. No.
584.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES POR DELITOS DE LESA
HUMANIDAD
Va
tomando fuerza la idea correcta de iniciar los trámites a fin de incoar una
demanda criminal contra Jenine Añez, Arturo Murillo, Fernando Camacho, Marco
Pumari y todo el gabinete golpista por los delitos de Lesa Humanidad de Genocidio y masacre sangrienta, cometidos desde
el mismo día 20 de octubre del año en curso.
Este
recurso supremo tiene en sus manos una prueba pre-constituida e irrefutable y
casi imposible de retrucar: se trata de la dictación del Decreto Supremo No,
4078, que disponía la exención de responsabilidad de las Fuerzas Armadas del Estado
y La Policía, en la represión desproporcionada de las manifestaciones y los
disturbios que se presentaron desde aquella época.
Un
gobierno que ordena la intervención de la Fuerza Armada del Estado para
reprimir manifestaciones pacíficas es un gobierno criminal.
Las
manifestaciones civiles en defensa de sus derechos legítimos solamente pueden
ser reprimidas por la fuerza policial cuando causan daños a los bienes públicos
o privados. Esa fuerza debe ser siempre proporcional al daño causado. Eso en lo
que se llama “violencia legítima” (Weber).
En
nuestro caso, lo ocurrido tiene todas las características de una violencia
fascista destinada, no solamente a reprimir excesos, sino a destruir una fuerza
política que defendía al régimen legalmente constituido. La fuerza pública
debió salir hasta el final para reprimir a quienes alteraban el orden
establecido, empero, en contrario, hicieron causa común con el golpismo
ocasionando fuertes bajas civiles hasta llegar al extremo de la masacre sangrienta
e incluso al genocidio.
Todo
esto no puede sino ser objeto de un juicio de responsabilidades al ejecutivo
golpista en su totalidad.
PCmlm.
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