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26-09-12
SER COOPERATIVISTA
MINERO
Alfredo Zaconeta
Torrico
Ni duda cabe que la reactivación minera ocasionada por la
escalada de precios a partir del año 2003, trajo consigo no solo bonanza
económica, empleos y reactivación de centros mineros que fueron silenciados con
el DS 21060; también trajo consigo avasallamientos, enfrentamientos por
intereses creados tal como se vivieron en Caracoles, Huanuni y hoy en Colquiri.
En los casos mencionados
las circunstancias casi siempre fueron las mismas, cooperativistas en busca del
dominio del yacimiento. En Caracoles (2004) lo lograron, en Huanuni (2006) no
tuvieron éxito y hoy en Colquiri quieren medir fuerzas nuevamente.
Para entender mejor las
causas de estos conflictos debemos inicialmente recordar que el cooperativismo
tiene su origen en el sistema capitalista durante la primera fase de la
industrialización, con el ideal de poder paliar la miseria provocada por este
sistema mediante la “COOPERACIÓN” entre todos los afectados, organizándose en
cooperativas de consumo, producción, ahorro y crédito.
En nuestro país; debido a
su dependencia y atraso en el siglo XX, no pudo diversificar su economía y al
ser un país donde predominaba la producción minera, no pudo absorber la mano de
obra desocupada durante los periodos de crisis del sistema capitalista, los
desocupados mineros recurren para sobrevivir a la caridad pública o la dotación
de áreas mineralizadas para desarrollar trabajos como arrendatarios del Estado
o el sector privado: así surgen las primeras cooperativas mineras en Bolivia.
En Bolivia la última crisis
que repercutió de forma negativa en la minería fue la caída del precio de
algunos minerales a partir de 1983, lo que dio posibilidad a que el MNR en 1985
ponga en marcha su “Nueva Política Económica” a través del DS 21060, despida a
más de 20.000 mineros asalariados, cierre algunas minas y privatice otras.
Además a través de este Decreto genocida da rienda libre a la libre
comercialización y exportación de minerales, lo que hasta el momento se ha vuelto
en uno de los principales incentivos para generar la informalidad en el sector
minero a través de las cooperativas mineras y varios “empresarios” mineros.
En las primeras décadas del
siglo XX el cooperativismo minero creció sin ley alguna. Esta ausencia de
normas dejo librado crecimiento del cooperativismo. Este hecho es subsanado en
alguna medida el 13 de septiembre de 1958, con la promulgación de la Ley de
Sociedades Cooperativas, que recién entró
en vigencia el 1 de enero de 1959 y que paradójicamente, hasta la fecha
no cuenta con una reglamentación, pese a varios intentos.
Esta Ley tiene entre sus
principales objetivos: “Regular el funcionamiento autónomo de las
Cooperativas y diferenciarlas de las personas, servicios y asociaciones de
capital con fines de lucro”
También: “Limitar a las
sociedades lucrativas que, con el nombre de Cooperativas, estaban lucrando con
las ventajas, exenciones y privilegios que otorgaba el Estado a este tipo de
organizaciones”.
Como ya es de dominio
público, estos objetivos en la actualidad han quedado en el papel y solo son
recurrentes al momento del discurso, debido que en la actualidad las
cooperativas mineras, la mayoría de ellas, han llegado a constituirse en
pequeñas empresas privadas y en varios casos, como las cooperativas que operan
en el Cerro Rico de Potosí se aplica el subempleo por parte de los socios del
sistema cooperativo.
Es vox pupuli que en varios
distritos mineros los socios de las cooperativas mineras no son los que
precisamente trabajan al interior de la mina; estos sólo cumplen funciones de
administración a través del rol de eternos dirigentes en las federaciones
regionales, departamentales y la nacional. La consulta debería ser entonces de
los 100 mil trabajadores del sistema cooperativo que aseguran ser, ¿Cuántos son
socios verdaderos? y, ¿cuántos son empleados de los cooperativistas?.
Y es que, ser
cooperativista minero en estos días se ha constituido en un buen rédito, ya que
las ventajas que los gobiernos de turno han brindado a este sector las hace
atrayentes, ejemplo:
Ley 1786: (Sánchez de
Lozada - 1997) autoriza la enajenación de los activos de la COMIBOL a favor de
las cooperativas mineras y otros en calidad de ventas al crédito y/o
arrendamiento financiero. (Hasta el año 2006 las cooperativas mineras debían a
la COMIBOL 12 millones de dólares y tramitaban su condonación)
DS 25910 (Banzer - 2000)
incluye a la FENCOMIN para poder efectuar evaluaciones técnicas y asistencia
técnica en las transferencias de activos de la COMIBOL.
DS 26318, 26354 (Quiroga -
2001), 26812 (Sánchez de Lozada - 2002) y 27358 (Mesa - 2004), establecen la
vigencia del Programa Minero de Empleo Productivo I, II y III, mediante el cual
el Estado a través de COMIBOL subvencionó a fondo perdido a las cooperativas
mineras y minería chica la caída del precio de los minerales. Entre el 2001 y
2004 la COMIBOL subvencionó con 8.7 millones de dólares, así mismo creó el
Programa de Empleo Minero de Emergencia que entre los años 2002 y 2005
significó una erogación de más de 2 millones de dólares.
DS 27137 (Sánchez de Lozada
- 2003) que extingue las deudas de las
cooperativas mineras con el ex Banco Minero de Bolivia y el ex Fondo Nacional
de Exploración Minera.
DS 27192 (Sánchez de Lozada
– 2003) que modifica la estructura del directorio de COMIBOL de siete a ocho
directores y se da la apertura – de manera inconstitucional- para el ingreso de
tres directores nombrados por FENCOMIN.
DS 27206 : (Sánchez de
Lozada – 2003) que determina la condonación de deudas por concepto de multas e
intereses por aportes al Seguro a Corto Plazo de las cooperativas a la Caja
Nacional de Salud y autoriza a la COMIBOL el desembolso a fondo perdido de 896
mil bolivianos por aportes devengados de las cooperativas.
A esta pequeña muestra de
medidas que favorecen a las cooperativas, se debe sumar las ventajas que el actual gobierno también les otorgó: regaló
compresoras, perforadoras, volquetas, ambulancias, retroexcavadoras, canchas,
sedes sociales, ingenios, etc., a las diferentes cooperativas mineras asentadas
en el país.
Las cooperativas también
encuentran ventajas en el régimen impositivo minero en actual vigencia; a diferencia de los operadores privados y
estatal, el sistema cooperativo se encuentra exenta de pagar el Impuesto a las
Utilidades de las Empresas (IUE), Alícuota Adicional al IUE, el IVA, además, en
el caso de las regalías mineras del 100% estipulado por la Ley 3787 a cada
mineral, las cooperativas solo llegan a pagar el 60% tras el proceso de
comercialización al cual están sometidos, además de trabajar en yacimientos
“marginales” (tal como ocurre con los yacimientos auríferos).
El tema de previsión,
mitigación y remediación ambiental es otro tema pendiente en el sector minero
cooperativo, pese a las reiteradas intenciones del gobierno por normar este
aspecto.
En el caso particular de
Colquiri, los intereses de fondo de los cooperativistas quedaron al
descubierto. La primera: la declaración del Senador Andrés Villca que señaló: “La
cooperativa 26 de febrero, que opera áreas de Colquiri busca una empresa
extranjera para explotar la veta Rosario”, esta aseveración provocó una
justificada reacción de parte los mineros asalariados, que con movilizaciones
lograron la salida de la empresa Sinchi Wayra de este distrito; sin embargo,
las cooperativas pretendían el ingreso de otra.
La segunda: las
declaraciones del Presidente de FENCOMIN Albino García, quien ante las
circunstancias afirmó: “Si hay una persistencia de parte de los trabajadores
asalariados del distrito minero de Colquiri, no hay otra cosa que tomar también
nuestra posición, indicando que esta será la cooperativización, ya existiendo
un DS del año 1986, donde se establece la entrega total de yacimientos a las
cooperativas”. Con ambas declaraciones los cooperativistas ratifican su
posición de no estar en la línea del gobierno. Los cooperativistas socios de
todos los gobiernos neoliberales y otros, solo pretenden fortalecer la
presencia de las transnacionales mineras en calidad de socios a través de la
reposición de la política económica del MNR dispuesta en 1986 con el DS 21060.
Las circunstancias están
claras, las cooperativas mineras no son cooperativas, no cumplen las premisas
del cooperativismo. Lenín decía: “La sociedad socialista es una cooperativa
única”, de ahí que las cooperativas como expresión colectiva de la cooperación,
simple o compleja e integral, serán predominantemente capitalistas dentro del
sistema y deberían ser socialistas cuando se desarrollan dentro el socialismo,
modelo del cual aún nos encontramos muy distantes.
Un último apunte, en
diversas declaraciones, algunas autoridades de gobierno solo manejan algunos
datos sesgados. Hacen referencia al aporte por concepto de regalías mineras del
pasado año señalando que: La Minería Estatal aporto $us 9,5 millones, la
Minería Mediana (privada) $us 114,8 y las
Cooperativas $us 43,7 millones.
Sin embargo las autoridades
omiten los datos que reporta el Impuesto a las Utilidades Específicas (IUE) que
en el 2011 reportó las siguientes cifras: Minería Estatal $us 15 millones,
Minería Mediana $us 234 millones y las cooperativas 0, equivalente a nada.
Nos ratificamos en asegurar
que si el gobierno continúa insistiendo en mantener a los dos sectores mineros
en conflicto en Colquiri, solo estará alentando a futuros conflictos con
fatales consecuencias humanas y políticas, además de una alta condena de la
opinión pública en general.
Alfredo J. Zaconeta Torrico.
Es periodista.
